Cada exsenador se embolsó al menos 30.000 euros por solo 89 jornadas

La representante de En Marea admite que es una cifra «desorbitada», pero la cobrará


santiago / la voz

Si el Senado tenía fama de ser un espacio de representación política sin una excesiva carga de trabajo, el pago de la polémica indemnización de 8.345 euros a 181 senadores equivalente a dos meses de sueldo (mayo y junio) en los que ni siquiera tienen actividad y oficialmente ya han cesado en su puesto ha colocado en la picota la auténtica voluntad de la vieja y la nueva política por acondicionar sus remuneraciones a la realidad de la calle.

Hay 14 exsenadores gallegos en esa tesitura que se reparten entre PP (10), PSOE (2) y En Marea (2), formaciones que a todos los niveles se han mostrado comprensivas con esta medida, con la excepción del presidente de la Xunta, que consideró «moi opinable» el cobro de esta cantidad. En realidad, la cifra de la discordia es solo una parte de lo recibido por los senadores en una legislatura, la número 11 de la democracia, que incluso con toda la voluntad de trabajo de los representantes hubiese sido baldía. Tan solo hubo cuatro sesiones plenarias (una de constitución el 13 de enero) y en las comisiones apenas hubo una carga real de actividad por la interinidad del Gobierno, que no elaboró leyes. La gran mayoría de los senadores no tuvieron intervenciones y algunos a lo sumo redactaron un puñado de iniciativas que recibieron respuestas escritas.

Cobrar por no ir a trabajar

Y así pasaron los días hábiles de trabajo, 89 en total quitando los fines de semana y los festivos nacionales y los de Madrid. ¿Trabajaron en realidad esas 89 jornadas? En ningún caso. Desde el Senado sostienen la tesis de que la labor del cargo electo tiene una parte presencial y otra de contactos internos y ciudadanos que cada uno gestiona a su manera y de acuerdo con el partido al que representa. Y también admiten que, aunque la Cámara alta no abrió sus puertas hasta el 13 de enero, los cargos elegidos en las urnas tienen derecho a cobrar desde el día siguiente a las elecciones, el 21 de diciembre. «Todo ha sido muy atípico esta vez», aseguran desde la sala de máquinas de la madrileña calle Bailén.

Tan atípico como los repartos de sueldos. 71 senadores siguen cobrando con normalidad porque están en la Diputación Permanente, que es un órgano de actividad muy limitada y casi de urgencia que vela por los poderes de la Cámara entre períodos de sesiones por expiración o disolución. Los otros 181, incluidos los representantes de Galicia, cobraron un mínimo de 30.000 euros, incluyendo el salario base, la parte proporcional de las dos pagas extras y la indemnización mensual otorgada automáticamente a los senadores de fuera de Madrid. El salario es igual para todos, 2.813 euros brutos, a los que añaden 1.822 euros en concepto de gastos que no incluyen en la declaración de la renta, entre otros privilegios que en las dos últimas legislaturas han sido recortados mínimamente. A esas cifras básicas suman complementos por ejercer la presidencia, portavocías, participación con responsabilidades en comisiones... todo un elenco de asignaciones retributivas que elevan el salario de un senador raso por encima de los 5.000 euros al mes.

Y todo esto sin contar el transporte, que supone una auténtica losa para las arcas del Senado. Cada miembro escoge su medio de locomoción de larga distancia, pero además tienen 3.000 euros para taxis en Madrid. En total, en el infértil primer trimestre de este año se ha pagado una factura en medios de transporte que asciende a 608.000 euros.

Sueldos «gratificantes»

Tras haber renunciado a parte de sus salarios y a algunos de los privilegios, los focos de la controversia se han fijado en la reacción de los cargos de Podemos y formaciones como En Marea. Su representante por la provincia de Pontevedra, Vanessa Angustia (EU), admite que la cifra de al menos 30.000 euros de salario por esta legislatura «é desorbitada», pero la cobrará, aunque una parte «máis que gratificante» es para ella y la otra para «un proyecto social» de Podemos. Y expone su caso: ella tuvo que renunciar a su trabajo en una empresa que trabaja para una Administración pública. Su puesto, en estos momentos, está cubierto por otra persona «e non sei se podería incorporarme». Y defiende cobrar una «indemnización por cese» porque tampoco puede percibir el paro por su antigua actividad, en la que cesó voluntariamente. Esta novata de los cargos públicos sostiene que en este corto período trabajó más que muchos senadores. El motivo: «Somos menos».

Los socialistas recuerdan que el PP tiene la mayoría, y a Yolanda Díaz le faltan «datos»

Los socialistas gallegos defienden que sus senadores, de forma personal, decidan si cobrar o no la indemnización de 8.345 euros. Modesto Pose y Luis García Mañá lo harán, mientras que Ricardo Varela seguirá recibiendo su nómina al estar incluido en la Diputación Permanente. Entiende la presidenta de la gestora del PSdeG, Pilar Cancela, que «dentro das súas circunstancias», tienen un derecho que se fraguó en una mesa representativa en la que los populares, junto a socialistas y un miembro del PNV, tienen mayoría absoluta, de ahí que le hayan sorprendido las dudas éticas extendidas por Núñez Feijoo a este respecto. Con todo, defienden la medida «excepcional e transitoria» y la comprenden especialmente en aquellos casos en los que la incorporación a la vida política suponga el cese de una actividad profesional que no se pueda retomar de forma inmediata.

Más sorprendente ha sido la reacción de la diputada de En Marea Yolanda Díaz (EU), que rehusó juzgar cualquier decisión de los cargos electos por desconocimiento: «Sí que me llegó algo, pero no tengo los datos exactamente y no lo sé», manifestó al ser preguntada por los medios de comunicación en Ferrol.

La «nova política»

Por su parte, el secretario xeral del PPdeG, Miguel Tellado, suscribió «punto por punto» las declaraciones sobre esta polémica realizadas el día anterior por el presidente del partido, Alberto Núñez Feijoo. Es decir, cuestionó a sus compañeros de filas que han pedido la indemnización. Hizo suyas así las manifestaciones del jefe del Ejecutivo autónomo en que calificaba de «moi opinable» el hecho de que 181 senadores cesantes hayan reclamado 8.345 euros de finiquito por apenas cuatro meses de trabajo, «unha lexislatura curta, curtísima». El mandatario popular también había aprovechado el episodio para cargar contra Podemos y su confluencia En Marea, al recordar que todos sus representantes se habían acogido al derecho a ser resarcidos económicamente en la citada cuantía. «Como é lóxico -había espetado- isto acredita a nova política. A nova política é executar ao máximo todos os dereitos que entrega a condición de senador».

Los dos senadores de En Marea sostienen que en ambos casos cobrarán en sus cuentas exclusivamente la parte proporcional de su nómina ordinaria, que al no tener cargas familiares ronda los 1.900 euros.

El Congreso también está pendiente de aprobar sus indemnizaciones

La «paga de transición», que han acertado a bautizar algunos senadores para suavizar su impacto público, también existe en el Congreso de los diputados. El espíritu y la justificación política de esta indemnización es el mismo, aunque guarda ciertas diferencias con la Cámara alta por el origen de los ingresos, que es menos homogéneo. En la Carrera de San Jerónimo también existe una Diputación Permanente, en este caso de 121 diputados que siguen cobrando con normalidad su nómina hasta el 26 de junio. En los próximos días se conocerán los nombres de los parlamentarios que se acogen a la compensación, así como la cantidad, que resulta de una proporción entre su salario básico y las jornadas que pasan entre la disolución de las Cortes y las nuevas elecciones.

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