La nueva investigación del Alvia implica a tres empresas de Fomento

El ADIF, Renfe e Ineco tuvieron responsabilidades en la gestión de los riesgos


redacción / la voz

La nueva etapa en la investigación del accidente ferroviario de Santiago, basada en que no se hizo una evaluación de riesgos en la curva de Angrois, de forma que se trasladó de forma automática el peligro a la responsabilidad única y solitaria del maquinista, implica a tres empresas públicas bajo el paraguas del Ministerio de Fomento. Se trata del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF, que cuenta ahora con una división de alta velocidad), Renfe-Operadora e Ineco, la empresa pública especializada en ingeniería y consultoría. Esto no implica necesariamente que termine habiendo imputados en estas tres firmas, pero el mandato de la Audiencia obliga al juez a ordenar diligencias que determinen si la maquinaria de la anticipación del riesgo se puso en marcha, como prevé la normativa.

Según el auto de la Audiencia coruñesa, el ADIF, como responsable de la evaluación de riesgos de la infraestructura, no habría afrontado un análisis integral de los riesgos de la línea, sino que se conformó con los estudios parciales de las adjudicatarias de los distintos subsistemas de la línea Santiago-Ourense. En el momento de modificar el proyecto, no consta que hubiera analizado el peligro de la curva de Angrois de forma específica, a pesar de ser el punto más peligroso del trazado de 87 kilómetros entre la estación ourensana y la compostelana. El máximo responsable de gestionar estas variables era Andrés Cortabitarte, entonces director de Seguridad en la Circulación del ADIF.

Aunque buena parte de los argumentos de los magistrados surgen de la pericial encargada a dos expertos holandeses por la aseguradora de Renfe, fuentes jurídicas consultadas creen que la operadora pública no se librará fácilmente de una investigación sobre la evaluación de riesgo. Renfe cuenta con sus propios patrones de gestión de peligros y, de alguna manera, creen que debería haber alertado al ADIF sobre la transmisión a sus propios trabajadores -en este caso los maquinistas- de toda la responsabilidad para reducir la velocidad de 200 por hora a 80 en la curva de Angrois. Renfe pidió la desconexión del ERTMS en el 2012 -que fue aceptada en cuestión de horas, sin analizarse el riesgo- y se supone que fue informada de los cambios en la seguridad decididos en julio del 2010, que dejaban sin protección los últimos siete kilómetros antes de la estación de Santiago.

Precursores del error humano

En el procedimiento interno de Renfe para la gestión de riesgos, incluido en el sumario, se dice literalmente: «Cuando se produzcan cambios, que impliquen o puedan ser precursores del error humano, los servicios operativos identificarán los posibles peligros». Este reglamento prevé también que se tenga en cuenta «en su caso y cuando sera razonable, los riesgos derivados de actividades realizadas por otras partes».

Será también interesante conocer cómo se gestó la auditoría de la línea encargada a la empresa pública Ineco, autodefinida como una «evaluación independiente de seguridad» a pesar de haber sido realizada por tres ingenieros de una empresa pública también perteneciente a Fomento. Estos profesionales describieron los riesgos exportados, es decir, los peligros no cubiertos por el sistema de seguridad -entre ellos el sistema ASFA como único respaldo en la curva de Angrois-, y alertaban de que «estos riesgos deben ser cubiertos por el ADIF con actuaciones reglamentarias o de mantenimiento».

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