Guerra de números en torno a la ley de plazos de la Justicia

José Manuel Pan
José Manuel Pan REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA

BENITO ORDOÑEZ

Los fiscales dicen que en diciembre había 500.000 causas para revisar. El ministro las rebaja a 346.000

21 may 2016 . Actualizado a las 05:00 h.

«No tenemos la misma percepción que el ministro de Justicia» respecto al cumplimiento de los plazos de las instrucciones judiciales de las causas penales. Álvaro García Ortiz, presidente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), tiene claro que las cifras que los fiscales manejan sobre las causas que están pendientes de revisar y que tienen que ser examinadas antes del 6 de junio no coinciden con las que ofrece el Ministerio de Justicia. García Ortiz cree que no hay unas estadísticas fiables y por eso siguen manteniendo que va a ser imposible cumplir con los objetivos de revisar miles de causas penales antes de la fecha límite que establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), en vigor desde diciembre del 2015 y que fija que las instrucciones deben cerrarse en seis meses, salvo las que sean declaradas complejas, que tendrán un plazo inicial de 18 meses.

Según los fiscales, el gran problema es que ellos no disponen de los datos de las causas que tienen que examinar porque no pueden acceder a las instrucciones que dirigen los jueces. Pero cifran en unas 500.000 las causas que estaban en fase de instrucción en diciembre del 2015, cuando entró en vigor la ley de los seis meses.

El ministro rebajó el jueves esa cifra hasta las 346.000 causas y aseguró que dará instrucciones a los letrados de la Administración de Justicia (secretarios judiciales) para que informen a los fiscales de cada causa que está pendiente de revisión. El dato lo dio el ministro Catalá tras reunirse con la fiscala general del Estado, Consuelo Madrigal, horas después de que la fiscala suscribiese un contundente escrito del Consejo Fiscal (que representa a todos los fiscales de España) advirtiendo de la imposibilidad de revisar las causas pendientes en el plazo fijado. Las medidas anunciadas por el ministro dejan las cosas en el aire, y la semana próxima parece clave para saber si esas medidas surten o no efecto.

La mayoría de los operadores jurídicos prefieren mantenerse al margen y esperar acontecimientos. De todas formas, los fiscales han encontrado un respaldo en la asociación Jueces para la Democracia en la voz de uno de sus miembros destacados. El magistrado gallego Xermán Varela considera que la opinión de sus compañeros de asociación sobre la imposición de seis meses de plazo para cerrar una instrucción judicial «é moi semellante á que se ten desde a fiscalía. Non é viable, cos medios e coa actual organización da investigación criminal, que as causas sexan tramitadas en seis meses». Varela asegura que «a todos nos gustaría cumprir con eses prazos, pero a realidade é que hoxe, cos medios que temos, non é viable semellante cousa». Explica que «hai informes periciais de medicina forense que poden tardar sete ou oito meses, e dicir que a causa ten que tramitarse en seis soa, cando menos, sorprendente»