Bruselas no revela el informe sobre la investigación del Alvia por presiones del Gobierno español

La Comisión Europea se comprometió a estudiar el caso tras las denuncias de la plataforma de víctimas, pero ahora se niega a hacer públicas sus conclusiones


Bruselas / E. La Voz

¿Por qué Bruselas se niega a hacer público el informe de la Agencia Ferroviaria Europea sobre la comisión de investigación del accidente del Alvia? Es la pregunta que se hace la plataforma de víctimas desde hace semanas. En noviembre del 2015 denunciaron ante las autoridades europeas la «farsa» que supuso la investigación de la CIAF -tutelada por Fomento-, sobre el accidente de Angrois. La Comisión Europea se comprometió a estudiar el caso, pero ahora se niega a hacer públicas sus conclusiones. «Puede erosionar la confianza mutua con las autoridades españolas», aseguran. El equipo de Jean Claude Juncker mantiene abierto un procedimiento de infracción a España desde el 2012 por no garantizar la independencia de los cuerpos que investigan los accidentes ferroviarios, un imperativo legal de la UE. El Ejecutivo comunitario niega el acceso a la información porque considera que puede obstaculizar ese proceso en curso y que no habrá ni más justicia ni menos problemas si le retiran el velo. 

En realidad, existe otra razón de mucho más peso que obliga a Bruselas a mantener los documentos en secreto. Según ha podido saber este periódico, la Comisión Europea ha recibido presiones por parte del Gobierno español para ocultar un informe que no verá la luz, como muy pronto,  hasta que pasen las elecciones. Los funcionarios europeos tratan de contener el expediente y fuentes comunitarias reconocen que el texto también se está utilizando como herramienta de coacción para conseguir que España cumpla con las normas antes de llevar al país ante la justicia europea. 

La portavoz del BNG para Europa, Ana Miranda, presentó ayer ante la unidad de Transparencia de la Secretaría General de la Comisión Europea un recurso para que se facilite el informe a las víctimas: «Esas probas poden presentarse no xuízo e dar unha volta total ó caso (...) Pode haber implicacións e responsabilidades políticas», explicó. En la demanda se alude al «interés público superior» que reviste el texto. A lo largo de los próximos días solicitará un nuevo encuentro con la Dirección General de Transportes y Movilidad.

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