El gasto corriente se lleva tres cuartas partes de los presupuestos públicos
GALICIA
La Administración local dedica un 11,7 % a inversión, y la autonómica, un 6,4 %
16 may 2016 . Actualizado a las 07:32 h.La crisis económica ha adelgazado los presupuestos de las Administraciones públicas. Todas recortaron gastos, incluidos los de personal. Aun así, los sueldos de los empleados públicos y el resto de gastos corrientes necesarios para el funcionamiento de esas instituciones, consumen la mayor parte del dinero.
En el caso de las Administraciones gallegas, el gasto de funcionamiento se lleva tres cuartas partes de los presupuestos, con pequeñas diferencias: el 77,76 % en las corporaciones locales (incluidas las diputaciones) y el 75,1 % por lo que respecta a la Administración autonómica. Según los datos del 2013 (los últimos fiscalizados por el Consello de Contas), las inversiones reales se quedan en el 11,7 % del gasto total de ayuntamientos y diputaciones y en el 6,4 % del orzamento de la Xunta. La inversión real es la que se dedica a crear infraestructuras y a cualquier otra operación que incrementa el capital público; es la principal contribución del gasto público al relanzamiento de la economía que reclaman empresas y expertos, pero las disponibilidades son escasas.
Deuda en alza
Los costes de personal suponen el 30,7 % del gasto de las entidades locales gallegas y el 35,2% del de la Administración autonómica. El otro mayor componente del gasto corriente es la compra de bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de estas instituciones y que no suponen aumento del capital. Ayuntamientos y diputaciones dedican a esto un 37 % de sus recursos y la Xunta, un 15,7 %. Gastos financieros y transferencias corrientes se llevan casi el 10 % del gasto total de las Administraciones locales y el 24,15% del que hace la autonómica.
En esta última, el gasto financiero (el dinero que se emplea en el pago de intereses del endeudamiento) supone un 13,5 % del presupuesto total. Todos estos capítulos presentan variaciones escasas con respecto al año anterior.
En el caso de la Xunta, el presupuesto total crece en 255 millones de euros, hasta los 9.778 millones. Los gastos de personal se reducen en seis décimas en porcentaje del total y las inversiones caen cuatro. En cambio, la carga financiera casi se duplica: en el 2012 fue de 764 millones, un 7,9 % del conjunto de gastos; en el 2013 había subido hasta los 1.327 millones, el citado 13,5 %.
La situación es parecida en el conjunto de las comunidades autónomas españolas. La Administración autonómica vasca consume aún más que la gallega en gasto corriente: un 83,5 % del total. La catalana, un 75,6 % y la andaluza, un 74 %. Las entidades locales vascas dedican también un 75 % de sus presupuestos en gasto corriente, pero, a diferencia de las gallegas, la inversión real alcanza el 17,65 %. En Cataluña, los entes locales dedican a funcionamiento un 83,7% del total, e invierten un 8,3%.
En este nivel administrativo es en el que se percibe más claramente la peculiaridad gallega: sus municipios son los que presentan un menor ingreso y un menor gasto por habitante del conjunto de España, y el proceso de envejecimiento y despoblación impide percibir posibles mejoras en el futuro próximo. La insuficiencia financiera no permite muchas alegrías en el gasto.
Solo las siete ciudades gallegas de más de 50.000 habitantes salen de ese último lugar, pero aún así están en el antepenúltimo puesto entre ese segmento de población en el conjunto del Estado. Las economías de escala de estos ayuntamientos más grandes permiten que el gasto de personal se reduzca al 28 % del total, pero las inversiones reales se quedan en el 8 %.
En todos los demás tramos de tamaño de los municipios, el gasto de personal supera un tercio del presupuesto anual y el gasto corriente se sitúa en torno al 80 %.
Casi treinta empleados públicos por cada cien privados
La descentralización que dio origen al Estado de las autonomías tuvo un defecto de origen: la transferencia de servicios a las comunidades supuso un incremento de los empleos públicos autonómicos que no se vio compensado por una reducción equivalente de los empleos públicos centralizados. En 1987, aún con numerosas transferencias en marcha, los empleados públicos de las comunidades autónomas, incluido personal sanitario y docente, eran 364.000, y los de la Administración central, 600.000. A finales del 2015, los primeros eran 1.685.000, y los segundos, 528.000, es decir, un aumento de 1,3 millones de personas en la Administración descentralizada frente a un descenso de solo 72.000 en la central.
Esto, sumado a la continuidad de las diputaciones excepto en las comunidades uniprovinciales, donde la duplicidad era demasiado evidente, ha conformado un país con una estructura administrativa muy pesada.
El número de empleados públicos por habitante no es superior al que se observa en los países europeos más desarrollados. Es incluso muy inferior al de Francia, donde el sector público tiene una importancia enorme en la economía. El principal problema viene de la coyuntura económica de España, con una estructura basada en producciones de escaso valor añadid, un alto índice de paro, que absorbe gasto público a la vez que disminuye los ingresos fiscales, y un endeudamiento muy alto, que no ha dejado de crecer cada año a partir del estallido de la crisis, en el 2008.
En estas condiciones, el peso del empleo público ha avanzado hasta los 20 empleados públicos por cada 100 ocupados en el sector privado a finales del 2015 En Galicia, con 796.100 ocupados en el sector privado y 236.400 en el público, según la Encuesta de Población Activa, ese ratio aumenta hasta 29,5 empleos públicos por cada cien privados, con lo que las reclamaciones de incremento de profesionales sanitarios o de profesores serán difíciles de cumplir mientras no baje el paro y mejore la economía.