La Xunta rectifica su promesa electoral de cerrar el Consorcio que creó el bipartito
GALICIA
Política Social da marcha atrás al pactar con los alcaldes el plan para hacer viable el ente
12 may 2016 . Actualizado a las 05:00 h.El Consorcio de Igualdade e Benestar estaba sentenciado por Feijoo cuando llegó a la Xunta, hace siete años. El candidato del PP había anunciado en la campaña de las autonómicas que pusieron fin a la etapa del bipartito que el ente creado por Quintana para gestionar la política social era «pouco eficiente e moi caro». Su liquidación sería, por tanto, una de las prioridades del Ejecutivo que salió de los comicios del 2009. Pero ese proceso resultó más complejo de lo previsto. El propósito de la Consellería de Benestar de impulsar la nueva Axencia de Servizos Sociais, que integraría toda la política autonómica en ese ámbito, chocó con las reticencias de Facenda y la oposición de muchos concellos. Ahora, siete meses después de tomar las riendas de la consellería, José Manuel Rey Varela ha negociado un acuerdo con los ayuntamientos para garantizar la continuidad de los servicios que prestan en el marco del Consorcio y asegurar así su viabilidad. Política Social da marcha atrás. El ente no se liquida.
El acuerdo marco que Rey Varela rubricó ayer con la Federación Galega de Municipios (Fegamp), después de varias semanas de reuniones, establece nuevas condiciones para financiar los centros de día y las escuelas infantiles del Consorcio. Además de precios más ajustados para los concellos que los que permitía la fórmula que la Xunta les trasladó el año pasado, ese convenio ofrece a los 127 municipios otras ventajas, como la condonación de la mitad de la deuda contraída con el ente y la posibilidad de que puedan acogerse a un pago fraccionado de hasta cinco años. Con estas medidas, Política Social pretende enjugar esa deuda que lastra el Consorcio, y que hace un año la entonces Consellería de Benestar cifró en 51,6 millones. De este modo, el acuerdo marco sellado ayer implica la apertura de una nueva etapa para el Consorcio que debe posibilitar lo que es lo más importante para los usuarios: el mantenimiento de los servicios.
¿Y la Axencia de Servizos Sociais? El nuevo ente seguirá ocupándose, como hasta ahora, de aquellos centros que son de titularidad exclusiva de Política Social, no del Consorcio. En concreto, se trata de 26 escuelas infantiles. Estas competencias quedan muy lejos del diseño de la Consellería de Benestar que hasta octubre pasado dirigió Beatriz Mato. La Axencia, configurada como un ente de derecho público autonómico con personalidad jurídica propia, no solo iba a sustituir al Consorcio. También integraría funciones y equipamientos que están dispersos en varios organismos, hasta superar 300 centros para escolares, mayores y personas con discapacidad. El volumen de la Axencia quedaba a la vista en la dimensión de su plantilla. De 1.300 trabajadores del Consorcio se pasaría a 4.500 en la Axencia, en un proceso que iba a completarse en dos fases. Fue esta mayor dimensión del nuevo ente lo que llevó a Facenda a frenar el proyecto, por el temor a que implicara un incremento presupuestario. Después de permanecer bloqueado por el departamento que controla la caja autonómica entre marzo del 2011 y junio del 2013, el plan de la Axencia finalmente no llegará a concretarse.
El que iba a ser el segundo ente de la Administración gallega, solo superado por el Sergas, permanecerá a la sombra del Consorcio.
El acuerdo con los concellos reduce de 3.690 euros a 1.900 o 2.500 su aportación anual por plaza en los centros de día
El convenio que la Consellería de Política Social cerró ayer con la Fegamp facilita unos precios más ajustados para los concellos, en un momento en el que las estrecheces económicas están creando graves dificultades para contribuir a la financiación de los equipamientos del Consorcio. El acuerdo establece un coste por plaza de 7.500 euros al año para los centros de día. La Xunta y los ayuntamientos abonarán un tercio cada uno, es decir, 2.500 euros por usuario cada administración. Y el tercio restante se financiará con las tasas de matriculación y con aportaciones del propio Consorcio. Con estos criterios, los concellos pagarán un término fijo de 2.500 euros por plaza, que equivale a un 32,2 % menos que los 3.690 que figuraban en la propuesta de convenio que Benestar les remitió a los ayuntamientos hace un año.
En cambio, en las escuelas infantiles la aportación municipal será la misma que la que contemplaba la propuesta anterior: 1.500 euros. El acuerdo estipula un coste por plaza de 4.500 euros al año, que se financiará con los mismos criterios que los centros de día. Así, la Xunta y los concellos cubrirán dos tercios de esa factura, a razón de 1.500 euros anuales cada administración por usuario de guarderías, y los otros 1.500 procederán de las matrículas y del Consorcio.
Opción de rebajar 600 euros
Pero el convenio deja margen para que los ayuntamientos puedan pagar 600 euros menos por plaza al año. Esa ventaja se reserva para los que se ocupen del mantenimiento de los locales, tarea que los concellos podrán asumir o encomendarla al Consorcio. Por tanto, los que realicen ese mantenimiento pagarán 1.900 euros por usuario al año en los centros de día, y 900, en las guarderías.
A partir de ahora, y a lo largo del próximo año, la Xunta revisará una a una las liquidaciones de los concellos que lo soliciten. El presidente de la Fegamp, el socialista Alfredo García, destacó las «garantías» de un convenio que «vai permitir que, a principio de ano, os municipios saiban canto lles vai custar prestar eses servizos, e resolve tamén boa parte da problemática das débedas contraídas ata o momento».