Política Social priorizará el blindaje del servicio en residencias con dificultades

Buscará medidas con los ayuntamientos para garantizar la asistencia en centros municipales como los de Samos y Trives

Inversión en servicios sociales Inversión en servicios sociales

santiago / la voz

La gestión de los servicios sociales es una bola de nieve que no deja de crecer mientras gana velocidad propulsada por la crisis. El aumento de las necesidades asistenciales entre una población cada vez más envejecida complica la capacidad de los pequeños concellos para atender la factura de residencias y centros de mayores. Ese gasto se hace insostenible para muchos ayuntamientos en los que la demanda aumenta mientras menguan su censo y su margen para generar ingresos. Esta es la coyuntura que afecta a residencias como las de Samos y Trives. Aunque con matices distintos en cada caso, los dos centros de titularidad municipal (el de Trives lo gestiona la mancomunidad) tienen en jaque a los concellos, que no pueden hacer frente a sus gastos. La amenaza de cierre está ahí. Y los perjudicados son los usuarios, personas mayores con pensiones modestas que defienden su derecho a seguir en su entorno.

Ante esta situación, los concellos llaman a la puerta de la Xunta. La Consellería de Política Social ya ha anunciado que la semana que viene mantendrá una reunión con el Concello de Samos para analizar el estado de una residencia cuya supervivencia corre peligro. Su mantenimiento requiere una inversión de 70.000 euros anuales, que se financian con las aportaciones municipales y la contribución de los usuarios, sujeta a sus pagas. Pero la apurada economía del Concello no da para más, lo que ha llevado a sus gestores a demandar la ayuda de la Xunta. Desde la consellería que dirige José Manuel Rey explican que el objetivo es garantizar la continuidad y la calidad del servicio, a través de las soluciones que se acuerden con la administración municipal.

Es el mismo criterio que aplicarán con Trives. En Política Social aseguran que en el último mes han mantenido varias reuniones con el Concello para tratar un problema con complicaciones añadidas derivadas de la gestión mancomunada de un centro en el que ya se denunciaron distintas deficiencias. Si el Concello solicita nuevos encuentros, la consellería sostiene que volverá a atender esa llamada para seguir tratando la búsqueda de medidas consensuadas que permitan cumplir el objetivo de preservar la prestación de los servicios a sus usuarios de la residencia.

Desde el departamento autonómico aseguran que actuarán del mismo modo con cualquier ayuntamiento que tenga dificultades para mantener sus centros y que reclame ayuda a la Xunta. Subrayan, en todo caso, que los de Samos y Trives son dos ejemplos extremos de complicaciones en las instalaciones municipales.

Los concellos destinan 172 millones al año a servicios sociales y promoción social, lo que supone una inversión media de casi 63 euros por habitante. Aunque esta partida es inferior al desembolso que los ayuntamientos realizaron en el 2011 (181 millones), en los últimos años han incrementado su esfuerzo. Coincidiendo con la mayor entrada de ingresos por medio de la recaudación tributaria, el presupuesto municipal para servicios sociales aumentó en 13 millones del 2012 al 2014.

El acuerdo con la Fegamp asegura la viabilidad de 200 centros de día y guarderías

Las estrecheces económicas y la expansión de la demanda que complican la gestión de los servicios sociales no solo afectan a centros municipales. También los que cuentan con la participación directa de la Administración autonómica a través del Consorcio de Benestar, que ahora disponen de una hoja de ruta pactada entre Xunta y concellos para blindar la viabilidad de 200 centros de día y escuelas infantiles, y acabar así con la pugna que los alcaldes de 127 municipios libran con el Consorcio desde hace más de un año.

La solución al conflicto llega por el acuerdo marco que la Consellería de Política Social y la Federación Galega de Municipios (Fegamp) suscribieron hace dos semanas. Con arreglo a ese documento, el Consorcio revisará de forma individual las liquidaciones que se habían enviado a los concellos, para adaptarlas a los nuevos criterios de financiación de los centros pactados en el acuerdo. Esos cálculos modificarán la propuesta de convenio que la Xunta remitió hace un año a los ayuntamientos. Entonces, cifró la aportación necesaria para garantizar el mantenimiento de los centros de día del Consorcio en 3.690 euros al año por usuario, que en el caso de las guarderías era de 1.500.

Revisión del coste y la deuda

Estas cifras soliviantaron a los alcaldes, a los que se les ofreció la posibilidad de acogerse a un plan para condonarles el 50 % de la deuda acumulada con el Consorcio a cambio de abonar la otra mitad. Esa estrategia destapó los números rojos de los ayuntamientos con el ente autonómico, que ascendían a 51,6 millones. Con los criterios del nuevo acuerdo, el Consorcio calculará tanto la aportación que deberá realizar cada concello como lo que adeuda. El plan contempla que los municipios conservarán las exenciones y bonificaciones que tenían reconocidas, lo que les permitirá por ejemplo que conserven la rebaja del 50 % de la deuda si la suscribieron en su día. Además, el acuerdo facilitará fraccionar los pagos hasta en un máximo de cinco años, y establecerá compensaciones para aquellos ayuntamientos que ya abonaron las liquidaciones que el Consorcio les envió en su día, en el caso de que las nuevas les resulten más favorables.

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