El Estado pasa la factura de sus letrados por el caso «Prestige» a la plataforma Nunca Máis

La acusación popular fue condenada a pagar las costas


Redacción / La Voz

Entre la letra pequeña que pasó inadvertida tras la sentencia del Prestige del Tribunal Supremo figuraba una condena al pago de las costas a la acusación popular de Nunca Máis, constituida tras presentar una querella a principios del 2003 contra el entonces director general de la Marina Mercante, José Luis López Sors, el delegado del Gobierno, Arsenio Fernández de Mesa y el capitán marítimo de A Coruña, Ángel del Real, por la gestión del tráfico accidente, que tiñó de chapapote la costa gallega, parte del Cantábrico y llegó hasta Francia.

Al final solo llegó al banquillo López Sors, que fue absuelto en primera instancia por la Audiencia Provincial de A Coruña. Pese a las dudas iniciales, la plataforma Nunca Máis, espoleada por la contestación social a una sentencia de la Audiencia coruñesa que en el 2013 absolvió a Mangouras y López Sors de los principales delitos medioambientales, decidió presentar recurso de casación ante el Supremo para que se reconsiderara la absolución del ex alto cargo. Al mismo tiempo, se adherían a otros recursos que pedían la condena del capitán por un delito contra el medio ambiente.

Condena de Mangouras

Finalmente, el Supremo condenó a Mangouras a dos años de cárcel, pero mantuvo la absolución de López Sors. Y esta es la razón por la que Nunca Máis fue condenada al pago de las costas, no de todo el proceso, sino solo del recurso de casación. También fue condenada la representación del jefe de máquinas, Nikolaos Argyropoulos, que reclamaba las costas al Estado por acusar al jefe de máquinas «de mala fe».

Hace un par de días, la Abogacía del Estado presentó la factura de sus letrados, que deberán pagar tanto Nunca Máis como los representantes legales de Argyropoulos. A pesar de que estos profesionales son funcionarios, la minuta se elaboró teniendo en cuenta las normas orientativas del colegio de abogados. Cada una de las partes que presentaron el recurso deberán pagar al Estado 2.600 euros, una cantidad no demasiado abultada al circunscribirse solo a la personación e impugnación de los recursos en el Supremo.

En el caso de Nunca Máis la condena a abonar las costas es más gravosa, pues el Supremo decretó que la plataforma perdería el depósito de 3.000 euros que habilitó para poder ejercer la acusación en el caso Prestige en el juzgado de Corcubión. Aunque el colectivo se reactivó con el inicio del juicio del Prestige y la posterior sentencia, en la actualidad apenas tiene actividad.

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