El PP gallego cree que Feijoo no hará coincidir las autonómicas con el 26J

Al igual que en 1993, este año las elecciones generales tendrán lugar en junio y las gallegas, en octubre. Alberto Núñez Feijoo no anticipará al 26J su intento de conseguir en las urnas un tercer mandato. Al menos eso es lo que cree la cúpula del PP gallego. Por ley, no obstante, el presidente de la Xunta dispone todavía de cinco días de plazo, hasta el lunes, para tomar una decisión final. Se posicionará después de que su homólogo en el País Vasco, Íñigo Urkullu (PNV), ya rechazase el miércoles en aquella comunidad un adelanto de los comicios, que en el 2012 habían coincidido en fecha con los gallegos. «Aún tenemos mucho por hacer», adujo el lendakari durante una entrevista en la ETB, la TVG de allí.

Confirmado que habrá repetición de elecciones a Cortes, La Voz preguntó el miércoles a nueve dirigentes populares qué auguran que hará su jefe: si mantener en Galicia un calendario propio o fusionarlo con el español. Con el compromiso de no publicar sus identidades, todos accedieron a responder. «No sé, yo pienso que lo está valorando, la verdad», contestó uno de ellos. «Tiene razones -reconoció otro- para una cosa y para la contraria. No me atrevería a sentenciar». Los otros siete coincidieron en el diagnóstico: las autonómicas serán cuando tocan, en otoño.

Pensando tanto en el interés público como en el de su partido, los consultados elaboraron conjuntamente una lista de ventajas e inconvenientes para el anticipo. El fiel de esa balanza se inclinó con claridad hacia un lado: cuatro pros y diez contras. Ofrecer tres papeletas al votante (Congreso, Senado y Parlamento autónomo) dentro de ocho semanas supondría para el erario un ahorro de recursos, subrayaron los encuestados. Asimismo, permitiría a los conservadores «coger en pañales» a la oposición, con el PSdeG en crisis y sin líder, y con los socios de En Marea (Esquerda Unida, Podemos y Anova) sin candidato, programa ni -lo más relevante- un acuerdo cerrado para reeditar la coalición. «Hay cierto hartazgo en la calle por la situación política y no sé si se entendería lo de separar las dos convocatorias» y «en junio nos quitamos de encima los incendios» completan la relación de argumentos a favor.

A partir de ahí, quienes mandan en el PPdeG no aprecian más que desventajas en la hipótesis de jugarse Monte Pío al mismo tiempo que la Moncloa. Tres de ellas tienen que ver con lo que sería un inédito formato de campaña: el discurso autonómico quedaría diluido en el general, Feijoo perdería la ventaja que su marca personal representa frente a la de su partido y el debate sobre los casos de corrupción de los populares en otras regiones del país podría eclipsar todo lo demás.

Renunciar a cuatro meses de una mayoría absoluta única en España, dejar de ejecutar un gasto extra de 365 millones ampliables en otros 200 en función de la corrección del objetivo de déficit y no dar visibilidad a «nuestra estabilidad frente a la incertidumbre nacional» conforman otro bloque de los peajes enumerados. «Nuestras autonómicas jamás han coincidido con las generales», «si adelantásemos íbamos a proyectar una imagen de claudicación ante lo que quiere Génova» y «tenemos aún varias cosas que aprobar» figuran también en el catálogos de pegas. Este lo cierra un motivo más de consumo interno: la nueva dirección del PPdeG, que será nombrada el 8 de mayo, tomaría posesión con los comicios ya convocados, sin margen para aterrizar.

Un anticipo abortaría inauguraciones y cinco normas en el Parlamento

Si, al contrario de lo que opinan en su partido, Feijoo decidiese adelantar las autonómicas, tendría que firmar el decreto de convocatoria entre este jueves y el lunes. El martes, como muy tarde, sería disuelto el Parlamento autónomo y la actividad del Gobierno quedaría desde entonces condicionada por la normativa electoral.

Ello impediría al Ejecutivo rentabilizar inauguraciones que tiene programadas para los próximos meses; por ejemplo, las de varias escuelas infantiles y la de la autovía de la Costa da Morte. Además, decaerían automáticamente tres normas que la Cámara está tramitando: la de coordinación de las policías locales, la ley de servicios sociales y una iniciativa legislativa popular para combatir la pobreza energética. Otros dos textos clave a punto de entrar en O Hórreo tampoco prosperarían: uno para poner en marcha definitivamente el área metropolitana de Vigo, la primera de Galicia, y otro para acabar con el maltrato de los animales.

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