Los partidos se pelean por los 160 millones que costaría otra campaña

Discrepan sobre la posibilidad de recortar los gastos y se culpan unos a otros de que haya que ir a unas nuevas elecciones


Redacción / La Voz

No hay prueba más elocuente de que todo apunta a unas nuevas elecciones que el hecho de que todos los partidos hayan entrado ya en la disputa por la atribución de culpas sobre el coste de una nueva campaña electoral, que puede superar los 160 millones de euros. Tiró la piedra el ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, quien inicialmente abogó por reducir la duración de la campaña, «para no dar tanto la lata» a los ciudadanos. Dado que es imposible modificar los quince días que la ley establece para las campañas electorales, como le hicieron ver el resto de los partidos, este martes abogó por llegar a un acuerdo entre todos para limitar los gastos.

Pero su compañero de partido Rafael Hernando, portavoz parlamentario del PP, fue más allá y afirmó que la mejor forma de reducir los gastos electorales es que el PSOE recapacitara, aceptara la gran coalición que le ofrece Mariano Rajoy y de esta manera se evitaran unas nuevas elecciones. «Si algunos se rasgan las vestiduras por el coste de la campaña, que le pregunte al que ha estado bloqueando la situación desde el minuto uno», en alusión a Pedro Sánchez.

Los socialistas evitaron entrar al trapo de las acusaciones del PP, pero desde el primer momento señalaron que la única partida en la que es posible ahorrar sustancialmente es los gastos por envíos de propaganda electoral. En cambio, el portavoz de Ciudadanos fue muy crítico con el PP, partido que, dijo, no hace nada por evitar unas nuevas elecciones pero trata de que no se le culpe de un gasto que, en opinión de Juan Carlos Girauta, es muy difícil de recortar, ya que dependería de «un pacto entre caballeros» que ve muy difícil de que llegue a respetarse. «A mí no me importa, pero, ¿va a estar todo el mundo de acuerdo con eso? Es más difícil de lo que parece acortar o reducir a la nada, a lo simbólico una campaña electoral», destacó el portavoz parlamentario de Ciudadanos.

El coste de organizar una campaña

130 millones. El coste organizativo de la campaña electoral del 20 de diciembre superó ligeramente los 130 millones de euros, según las cifras oficiales del Ministerio del Interior. La principal partida corresponde a los gastos de las administraciones públicas (55 millones), seguida de los gastos de Correos (48 millones), de telecomunicaciones (12,8 millones), la logística (12,5) y una cantidad de 1,7 millones para imprevistos. Esta cantidad la fija el Gobierno en el decreto de convocatoria de las elecciones, y es muy difícil que se pueda rebajar de forma considerable.

Presupuestos

31 millones. A los gastos de la Administración hay que sumar lo que presupuestos los partidos para la campaña. Aunque las formaciones han ido reduciendo los costes de su campaña progresivamente, hasta un tercio en algunos casos, en la del 20N los cinco partidos con candidaturas en toda España se gastaron algo más de 31 millones. La campaña más cara fue la del PP (12 millones), seguida de la del PSOE (9 millones), Ciudadanos (4 millones), Podemos y sus confluencias (3,6) e Izquierda Unida (2,5 millones).

Subvenciones por resultados electorales

Hasta 25 millones. La financiación de los partidos se hace básicamente con fondos públicos, ya que las donaciones y aportaciones de sus militantes solo representan un pequeño porcentaje de sus presupuestos. Y lo mismo se puede decir de la financiación de las campañas electorales. La ley electoral prevé unas subvenciones en función de los resultados que obtenga cada partido. Así, cada formación que obtenga representación parlamentaria recibirá 21.167,64 euros por cada parlamentario, a lo que hay que sumar 0,81 euros por cada voto en el Congreso y 0,32 para el Senado. De acuerdo con los resultados obtenidos el 20N, al PP le corresponderían un máximo de 8,4 millones; al PSOE, 6,3; a Podemos y las confluencias, 5,3 millones; y a Ciudadanos, 3,6 millones. Sin embargo, la legislación electoral establece dos límites a la cantidad que efectivamente recibirán: los gastos electorales que justifiquen debidamente ante el Tribunal de Cuentas, y con un máximo del resultado de multiplicar 0,37 euros por cada elector con derecho a voto en las circunscripciones en las que el partido haya presentado candidatura. Dado que el Tribunal de Cuentas tarda en verificar las cuentas que le presentan los partidos, aún no se sabe la liquidación definitiva por este concepto. Por ello, la ley prevé anticipos a cuenta del 30 % antes de las elecciones y de hasta el 90 % con posterioridad, cuando se presenten la contabilidad electoral ante el órgano fiscalizador, para lo que hay un plazo que en el caso de las elecciones del 20N concluirá el próximo día 23 de abril

Subvenciones por envío

0,18 euros por envío. La ley prevé también subvenciones para costear los envíos postales de propaganda electoral para aquellas candidaturas que consigan formar grupo parlamentario. Esto explica batallas, como la de IU, para constituir grupo propio, porque supone una importante vía de financiación. En todo caso, solo se pagarán aquellos gastos por este concepto que se justifiquen al Tribunal de Cuentas.

«Mejor elecciones que un mal Gobierno»

La falta de acuerdo que parece abocar de nuevo a las urnas planeó este martes en la apertura del curso de la Escola Galega de Administración Pública (EGAP) sobre regeneración democrática. Joaquín Leguina, expresidente socialista de la Comunidad de Madrid, defendió que repetir las generales es «de todas las soluciones, la menos mala». «No hay otra», insistió. Opinó que Podemos no es «en absoluto» ejemplo de regeneración democrática, porque encarna «el populismo puro». «La corrupción no es otra cosa que mal gobierno», apuntó. La directora de la EGAP, Sonia Rodríguez-Campos, pidió «fortalecer la rendición de cuentas». El conselleiro maior de Contas, José Antonio Redondo, explicó que la nueva ley refuerza el papel del fiscalizador contra la corrupción».

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