En Marea carga en el Congreso contra la autovía Ourense-Ponferrada

Alexandra Fernández pidió su paralización por su impacto ambiental y su ineficiencia

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La comisión de Fomento del Congreso aprobó ayer, con la única oposición de En Marea-Podemos, una proposición no de ley del PP para que se continúe tramitando la autovía A-76 entre Ourense y Ponferrada. La iniciativa, presentada conjuntamente por representantes populares de las provincias de Lugo, Ourense y León, y defendida por el diputado ourensano Celso Delgado, fue respaldada por los 31 diputados de PP, PSOE y Ciudadanos, mientras que los ocho de En Marea y Podemos votaron en contra. Hubo cuatro abstenciones de ERC, Democracia y Llibertat, PNV y Compromís. La diputada de En Marea Alexandra Fernández basó su oposición al proyecto en que los niveles actuales de tráfico no justificaban la construcción de una autovía, pues no alcanzaban los «umbrales mínimos de aforo». Fernández propuso destinar esos fondos a «reformar la actual N-120» y mejorar las comunicaciones de la comarca de Trives. Para el PP, en cambio, la actual carretera está «claramente superada por el tráfico». Según En Marea, no habrá ahorros de tiempo en los viajes por la gran cantidad de túneles limitados a 90 que se planificaron.

La iniciativa, de carácter menor y simbólico, calificada de «electoralista» por el PSOE, sirvió al menos para que los representantes gallegos de En Marea expusieran por primera vez en la Cámara sus puntos de vista sobre las infraestructuras. Algunos diputados, no obstante, se sorprendieron de que un partido gallego votara en contra de un proyecto para Galicia, en lugar de abstenerse como hicieron nacionalistas catalanes y vascos.

Esta autovía, con una longitud total de 125 kilómetros y un presupuesto estimado de 1.110 millones de euros, constituiría la cuarta entrada en Galicia, una vez finalizadas la A-6, la A-52 y la transcantábrica. Para Celso Delgado, diputado ourensano del PP que defendió la declaración de apoyo, se trata de una infraestructura «de gran importancia» para vertebrar esta zona del país y consideran especialmente prioritario avanzar en el tramo entre Valdeorras y El Bierzo. El estudio informativo de esta autovía, aprobado en febrero del 2014, recibió multitud de alegaciones, en buena medida por su coste medioambiental. De hecho, Fomento se vio obligado a cambiar el proyecto por las objeciones medioambientales de la Xunta. Su construcción, en cualquier caso, está prevista en el Plan de Infraestructuras aprobado por el Gobierno de Rajoy y en dos tramos están ya licitados los proyectos. Delgado explicó que en el itinerario Monforte-Ourense ?el último de los tres previstos?, atendiendo a las alegaciones, Fomento realizará un nuevo estudio del trazado que someterá otra vez a información pública para hacerlo compatible con la declaración de la Ribeira Sacra como Bien de Interés Cultural, aún en tramitación.

Alexandra Fernández reclamó en la comisión de Fomento la paralización de este proyecto, una petición que, según Delgado, «va en contra de los intereses generales de todos los ourensanos, lucenses y bercianos, que han expresado en multitud de ocasiones por medio de sus alcaldes y representantes políticos su apoyo decidido a esta autovía».

«Especulación»

La portavoz de En Marea, no obstante, dejó entrever que su oposición a esta autovía por su alto coste económico y medioambiental va más allá y lanzó duras críticas contra «un modelo  infraestructural basado en la especulación y el ladrillazo», al tiempo que recordó que la propia Comisión Europea cuestionó la política de infraestructuras desarrollada en España y lo que calificó de «vías de transporte inútiles a costa del despilfarro público». Cuestionó unas «infraestructuras lineales que solo favorecen a los polos, no a los puntos intermedios, contribuyendo al declive económico y social de las áreas intermedias y a la desestructuración de los espacios por los que discurren». «Fraccionan el espacio rural -añadió- y finalmente provocan más despoblación».

Se refirió finalmente al contexto internacional, en el que diagnosticó que se está produciendo un «agotamiento de los recursos energéticos», especialmente del petróleo, por lo que consideró «inaceptable» destinar recursos «a una política en extinción».En Marea recordó en Twitter la oposición a la construcción de la AP-9 utilizando la palabra «navallada». «En Marea rexeita no Congreso o proxecto da A-76. A coalición de asfalto PP-PSOE-C´s vota a favor desta navallada».

Ciudadanos plantea un órgano dependiente de las Cortes para evaluar nuevos proyectos

La Comisión de Fomento también aprobó ayer una iniciativa para pedir la creación de un nuevo órgano, adscrito a las Cortes, que evalúe y planifique las grandes obras públicas según criterios objetivos de «eficiencia, rentabilidad económica y social, evaluación continua y transparencia», informa Europa Press.

Aunque la propuesta partía de Ciudadanos, finalmente se ha dado luz verde a un texto transaccionado con varios grupos en el que se pide abordar «de forma inmediata» un Plan de Evaluación y Promoción de Infraestructuras que, «tras un análisis y evaluación integral» de las ya existentes, proponga la «priorización, planificación y ejecución» de nuevas obras.

Para ello, se debería poner en marcha un «órgano especializado e independiente, adscrito a las Cortes». El texto ha recibido el voto favorable de todos los partidos salvo el PP, que ha votado en contra, y el PNV, que se abstuvo.

Irene Rivera, de Ciudadanos, lamentó que en los últimos años se hayan utilizado las infraestructuras para «sacar un excesivo rédito político» en lugar de afrontar el debate «desde un punto de vista estratégico y con racionalización», para conseguir que la «rentabilidad» de estas inversiones «revierta en la sociedad», en lugar de acabar en «obras faraónicas sin utilidad pública».

El portavoz socialista de Fomento, Juan Luis Gordo, coincidió en que es «absolutamente necesario potenciar una evaluación integral, por parte de un órgano independiente y bajo las directrices del Parlamento».

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