La multa por no anotarse en el Rexistro de Promotores puede llegar a 30.000 euros

serafín lorenzo SANTIAGO / LA VOZ

GALICIA

Oscar Vázquez

La Xunta regula la figura legal que esbozó el bipartito para dar transparencia al sector

02 abr 2016 . Actualizado a las 05:00 h.

El Tribunal Superior de Xustiza ratificó la semana pasada la sanción impuesta a Construcuatro (3,7 millones) por el cobro de sobreprecios a 60 compradores de viviendas en el polígono vigués de San Paio de Navia. Este caso implicó un expediente de la Xunta que inhabilita a la empresa para la edificación de vivienda protegida durante 6 años. Toda esta información, al igual que la del resto de constructoras que deseen ejercer su actividad en esta comunidad, deberá ser de acceso público a través de la ficha que aporte al Rexistro de Promotores de Galicia. Así lo establece la regulación que el Ejecutivo hace de una figura que incorporó en el 2012 a la Lei de Vivenda, después de que el bipartito esbozara la idea en la norma del 2008. El proyecto de decreto que desarrolla el nuevo marco legal, que ayer inició su fase de exposición pública, prevé sanciones para los promotores que incumplan la obligación de inscribirse en el Rexistro que parten de 3.001 euros y pueden llegar a 30.000.

La conselleira de Infraestruturas e Vivenda, Ethel Vázquez, defendió en la presentación del proyecto de decreto que con el Rexistro de Promotores la Xunta busca garantizar la transparencia del sector, al posibilitar que el ciudadano pueda conocer con quien contrata, las calidades que emplea en sus obras y si ha recibido sanciones, «diferenciando os auténticos empresarios profesionais dos que carecen de tales condicións». El Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) deberá resolver la solicitud de inscripción antes de dos meses.

Pero el prolijo borrador del decreto que unifica por vez primera la regulación en materia de vivienda protegida, suelo residencial y locales comerciales públicos, en 212 artículos, también incorpora novedades en cuanto a la creación de modalidades de vivienda de promoción pública. Es el caso de las viviendas concertadas y de la creación de una red de inserción. La fórmula de las concertadas establece una línea de colaboración con los concellos de menos de 25.000 habitantes y los promotores privados para facilitar la construcción de más vivienda protegida. Este sector se ha desplomado en Galicia, donde apenas se venden 50 pisos de precio tasado al mes, cuando antes de la crisis eran 360. Para elevar la horquilla de adjudicatarios, la renta máxima sube a 3 veces el Iprem (1.597 euros al mes).

Con la red de viviendas de inserción, la Xunta cederá pisos de promoción pública de su propiedad a concellos o entidades sin ánimo de lucro, para que los destinen a atender a las personas en situación precaria y a los colectivos más vulnerables. Dentro del propósito de «garantir un fogar a todos os cidadáns», el texto reglamentario presentado ayer también habilita fórmulas de pago en diferido y de derecho de superficie para acceder a las viviendas de promoción pública.

Además, establece medidas de protección de los colectivos con menos recursos en esas viviendas, para evitar resoluciones de contrato por impago o ejecuciones hipotecarias, con la modificación y flexibilización de las condiciones de pago de la deuda. Así, prevé fraccionamientos de pago y la ampliación del plazo máximo de amortización por tres años. Además, las personas en situación de dificultad que lo acredite podrán pagar el 50 % de la renta sin acumular deuda.

La copropiedad permite al adjudicatario adquirir el 60 % de la vivienda protegida

El texto que desarrolla la ley del 2012 incorpora nuevos regímenes de adjudicación de las viviendas públicas. El más llamativo, también previsto en la norma, es el que implanta la copropiedad. Este sistema permite al adjudicatario adquirir como mínimo el 60 % de la propiedad, mientras el resto queda en manos de la Xunta o del concello. Así, el adjudicatario solo pagará las cuotas mensuales por el porcentaje del piso que adquiera, pero disfrutando de toda la vivienda y con la opción de hacerse con el 100 % de la misma cuando pueda. La tramitación del decreto, que agilizará el funcionamiento del Rexistro de Demandantes y propiciará la revisión de los ingresos de 3.000 inquilinos, se prolongará durante 4 meses. La Xunta prevé darle luz verde antes de que finalice este año.