El plan anunciado para 2.000 funcionarios apenas favorece al 5 %
25 mar 2016 . Actualizado a las 05:00 h.Fue lanzado como un plan estrella que iba a revolucionar la forma de trabajar en la Administración autonómica y se ha quedado en la práctica en un programa de alcance residual. El problema del sistema de teletrabajo en la Xunta está en las altas expectativas que rodearon su aprobación. El Ejecutivo estimó que hasta 2.000 empleados públicos podrían desempeñar sus funciones laborales desde sus domicilios. Pero más de dos años después de la entrada en vigor de la orden que lo regula, solo 124 empleados se benefician de esa fórmula, poco más del 5 % del tope anunciado.
El Gobierno gallego había dado luz verde en octubre del 2013 a una orden con la que pretendía aplacar tensiones en un otoño caliente con los sindicatos. Solo cinco meses antes, en plena ola de recortes en el sector, la Xunta había decidido meter la tijera a las pagas extraordinarias de más de 95.000 trabajadores de la Administración. En ese contexto restrictivo, el Ejecutivo buscaba un bálsamo al satisfacer una demanda histórica del funcionariado gallego y abrir las puertas al teletrabajo y la flexibilidad horaria. Pero pronto se vio que las dos opciones seguirían recorridos completamente distintos.
El horario flexible tuvo una implantación muy rápida. Concebida para favorecer la conciliación, esta modalidad obliga a los empleados a estar en sus puestos de trabajo de 9 a 14.30 horas (la jornada normal es de 7.45 a 15.15 horas, de lunes a viernes), de forma que les permite encajar las otras dos horas restantes en función de sus necesidades, ya sea antes o después del horario de presencia obligatoria. En todo caso, las horas pendientes pueden recuperarse a lo largo del mes o en el siguiente. En la actualidad, 8.565 empleados tienen reconocido el horario flexible: 7.554 de forma automática (2.914 en los servicios centrales de la Xunta y 4.640 en los periféricos) y 1.011 por motivos de conciliación (401 en servicios centrales y 610 en periféricos). Son más de la mitad de los 16.000 que podían solicitarlo. La apuesta del Ejecutivo por extender la flexibilidad es obvia. Solo 39 trabajadores han visto denegadas sus solicitudes hasta ahora.
Esto no sucede con el teletrabajo, porque esa opción solo se ha habilitado para tareas muy específicas. Las 124 solicitudes atendidas (95 en servicios centrales y 29 en periféricos) son poco más del doble de las 55 denegadas. La explicación está en los puestos que ocupan los que trabajan desde casa. La mayoría son técnicos especialistas en informática, analistas, programadores, ingenieros, letrados, inspectores urbanísticos, inspectores de trabajo, asesores jurídicos y farmacéuticos inspectores. Y los afectados por las 55 denegaciones también desempeñan labores similares. En muchos casos, la Xunta esgrime como motivos de la denegación que el solicitante no reúne los requisitos técnicos establecidos para prestar el servicio en régimen de teletrabajo o que la tarea que el empleado pretende desempeñar desde su domicilio requiere su presencia física en el puesto. Aunque también es muy frecuente la explicación basada en las necesidades organizativas del departamento: «Tendo en conta as condicións particulares actuais do posto de traballo e as circunstancias organizativas da unidade, a prestación do servizo en réxime de teletraballo non garante unha axeitada cobertura das necesidades do servizo, polo que se require a presenza física do empregado».
Las centrales sindicales ya objetaron en su momento que, al introducir en las instrucciones de esta modalidad condicionantes que no estaban previstos en la orden, la Xunta desvirtuaba el concepto inicial de teletrabajo. Las críticas se centran en la obligación que tiene el personal que trabaja desde casa de seguir prácticamente el mismo horario que los que están en las oficinas.