El fallo del Tribunal Supremo amenaza concesiones de bus que llegan al 2029
GALICIA
El sector expresa su inquietud por las prórrogas anuladas a la Xunta, que prioriza asegurar el servicio en las 144 rutas afectadas
24 mar 2016 . Actualizado a las 05:00 h.La sentencia con la que el Tribunal Supremo ha anulado la resolución de febrero del 2010 por la que la Xunta prorrogó por 10 años las concesiones de autobús amenaza contratos que las adjudicatarias habían conseguido blindar por esa vía para esta década y, en muchos casos, buena parte de la siguiente. De las 144 rutas afectadas por el fallo judicial, 84 corresponden a concesiones que expiran más allá del año 2020. Entre ellas, 19 superan el 2025, y el contrato ampliado que finaliza más tarde tiene fecha de extinción en marzo del 2029.
El castillo de naipes en el que la sentencia del Supremo convierte ese proceso de renovación de las concesiones es lo que preocupa a un sector que emplea a más de 5.000 trabajadores en Galicia y que trasladó esa inquietud a la Xunta el miércoles, en la primera reunión después del varapalo judicial. Los representantes de las asociaciones Transgacar, Anetra, Fegabus y Fegatravi informaron a la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, de que comparten con el Ejecutivo autónomo la apuesta por garantizar los servicios, al tiempo que sus equipos jurídicos también están estudiando la situación. «Estamos preocupados, porque había una estabilidad para más de 100 empresas afectadas a cambio de la modernización de los autobuses», manifestó al término de la reunión Alfredo Vázquez, de Anetra, que subrayó que «la comunidad autónoma tiene mecanismos suficientes para poder solucionar el problema».
El Ejecutivo autónomo insistió en un comunicado emitido tras el encuentro en esa prioridad de asegurar la continuidad en el funcionamiento de los servicios de transporte interurbano.
La incógnita del frente judicial
La conselleira recalcó, además, que la sentencia del Supremo es contraria a la que dictó en el 2012 el Tribunal Superior de Xustiza (TSXG), que desestimó un primer recurso de la Comisión Nacional de la Competencia y consideró correcto el procedimiento aprobado. La Administración, que persevera en el argumento de que la solución adoptada aquí sigue el criterio aplicado en otras 12 comunidades, sostiene que sigue analizando el alcance de la sentencia para ver «a posibilidade de continuar as actuacións no eido xudicial» y defender «a autonomía lexislativa da comunidade». De momento, no hay decisión sobre un recurso que tendría que elevar al Constitucional.
La sentencia no afecta a las líneas de transporte escolar, claves en el acuerdo del 2009
El ámbito del transporte escolar no está afectado, según precisa la Xunta, por la sentencia del Tribunal Supremo que anula la ampliación de las concesiones. Esto rebaja la inquietud para muchas empresas pequeñas de zonas rurales que tienen en ese segmento el grueso de su volumen de negocio. El transporte escolar cuenta en Galicia con más de 3.000 rutas diarias, que cubren 2.245 autobuses que trasladan a los centros a unos 89.000 alumnos en las cuatro provincias.
En el plan que la Administración autonómica acordó con el sector para aplicar las prórrogas previstas en la ley gallega sobre transporte (5/2009), el ámbito escolar era una parte clave. La Xunta defendió en su día que la resolución que amplió las concesiones reportaría un ahorro de 110 millones a las arcas autonómicas hasta el 2020, que procede en su mayor parte del acuerdo por el que las empresas rebajarían en un 7 % la factura que cobran a la Administración por las rutas de transporte escolar. El traslado diario de los alumnos a sus centros representa un coste anual para la Xunta de 122 millones.
Además, la prórroga por 10 años formó parte de un plan de modernización. A cambio de dotar de estabilidad a más de un centenar de empresas, estas asumieron el compromiso de poner al día la flota, con medidas para la adaptación de los autobuses para personas con movilidad reducida y la incorporación de mejoras tecnológicas. Ante el fallo del Supremo, la oposición ha cargado contra la gestión de la Xunta. El PSOE le achaca «unha chapuza, unha fraude e unha pataca quente para o próximo Goberno».