La jueza plantea revisar si el convenio social de la Diputación de Lugo es legal
GALICIA
La policía de delitos económicos alega que hay gastos exagerados en comidas y viajes
23 mar 2016 . Actualizado a las 10:32 h.La jueza de la operación Pulpo reclamó a la Diputación Provincial de Lugo alrededor de unas doscientas facturas de gastos pagados con fondos del organismo a numerosos funcionarios dentro del denominado acuerdo marco único para el personal de la entidad. Este fue puesto en marcha por el expresidente Francisco Cacharro en el año 2003 y la investigación alcanza hasta el 2015, por lo que afecta a los mandatos de José Ramón Gómez Besteiro al frente de la institución. Ahora, la instructora considera necesario un «análisis más detallado sobre su legalidad».
En el período citado, la Diputación sufragó una serie de gastos médicos y prestaciones, tanto a trabajadores del organismo como a sus familiares. Las aportaciones engloban desde el pago de gafas graduadas, hasta audífonos, endodoncias, tratamientos de hidroterapia y acupuntura. Asimismo, dentro del mismo convenio y, con cargo a los fondos provinciales, fueron entregadas ayudas para viviendas y premios por jubilación, natalidad y matrimonio.
Por guarda de familiares disminuidos, la aportación mensual está fijada en 80 euros; los premios de natalidad son de 300 euros por el primer hijo, 600, por el segundo y 900, por el tercero. Por matrimonio, la aportación establecida es de 300. Por adquisición de vivienda hay cuantías de hasta 30.000. La financiación para gastos médicos y farmacéuticos alcanza en algunos casos el cien por cien. Asimismo están contemplados anticipos de 6.000 euros.
Todos los gastos, según recoge un auto, están cargados en la contabilidad del organismo provincial en los epígrafes de prestaciones sociales de funcionarios y gastos sociales de personal laboral.
Dentro de esos apartados aparecen cargadas pulpadas, comidas de San Froilán y de Santa Rita y numerosos viajes. «Los beneficiarios de esas ayudas son los funcionarios de carrera, los interinos y eventuales, incluyendo a funcionarios jubilados y quedando excluido el personal sometido a la legislación laboral y con contrato o convenio administrativo», expresa uno de los autos.
La instructora dice que el acuerdo en cuestión necesita «un análisis más detallado sobre su legalidad». El estudio, destaca un auto, ha de ser pormenorizado sobre los gastos realizados y su justificación de entrada. De ahí que fuesen reclamadas todas las facturas existentes.
La Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) , que se encarga de determinadas investigaciones, considera que aparecen gastos exagerados, «tanto por viajes como por comidas, algunos de los cuales no parecen tener encaje dentro del acuerdo marco».
Los agentes no ven razonable que para reconocer una ruta se necesiten 11 personas
En la operación Pulpo también investigan el programa de excursiones Kilómetro 0 que puso en marcha la Diputación con fondos europeos. Desde el año 2009 al 2012, la facturación total supera los 700.000 euros, pero los policías especialistas en delitos económicos detectaron supuestas irregularidades en la facturación.
La policía no considera «razonable que para reconocer una ruta sean necesarias 11 personas, como consta en alguna ocasión; que se invite indiscriminadamente a personas ajenas al programa». Entre estas últimas citan a políticos y sospechan que en ocasiones se justificaban «ciertos gastos en comidas recurriendo al Kilómetro 0».
Uno de los informes policiales plantea que no se comprende que «los servicios legales, secretaría e intervención, se consintió la gestión de dinero público de forma tan arbitraria y dada a suspicacias, al margen del rigor de los procedimientos administrativos».
Contabilizadas dos facturas de abogados por más de 70.000 euros
Entre las facturas solicitadas por la jueza figuran dos correspondientes al pago a dos funcionarias de los servicios de abogado. Una de ellas es por 3.183 euros, cantidad en la que se incluye la compra de montura y cristales de gafas, y otra asciende a 67.045, que serían para un bufete de letrados de Madrid. En los listados de «gastos sociales» que la jueza se llevó tras un registro aparecen contabilizadas facturas en una joyería por 30.241 euros; 3.241, en gastos de acupuntura y 1.200 para comprar 300 libros en italiano.