La jueza acusa al exlíder del PSdeG de trato de favor a varias empresas

La Voz LUGO / LA VOZ

GALICIA

Firmas de una misma familia recibieron más de 50 contratos por más de 1,6 millones, según el sumario

22 mar 2016 . Actualizado a las 05:00 h.

La jueza que instruye la operación Pulpo acusa al expresidente de la Diputación de Lugo, José Ramón Gómez Besteiro, de trato de favor a varias empresas en el marco del programa de excursiones Kilómetro 0, que se puso en marcha en septiembre del 2008, «sin acuerdo plenario y sin regirse tal programa por ninguna norma». Esa actividad estaba financiada en un 70 % con fondos europeos. Según las investigaciones empresas de una misma familia habrían recibido entre el 2009 y el 2014 más de cincuenta contratos por importe de 1,6 millones.

Entre las partidas para ese programa estaban los gastos de transporte y es en este capítulo donde se centra uno de los aspectos de la investigación. Hay diez expedientes de contratación que supuestamente fueron irregularmente adjudicados a empresas pertenecientes a la misma persona, el empresario lucense Raúl López.

En la parte del sumario que se conoció el lunes, se indica que un licitador presentó más de una proposición, «además de resultar sospechoso el hecho de que las dos empresas que perdieron el procedimiento en favor de la empresa Monforte presentaron la misma oferta económica». En otro expediente analizado, la Diputación «invitó» a participar en un concurso a tres empresas, todas ellas participadas por el empresario.

«Se evidencia la clara intencionalidad de beneficiar a la empresa de transporte relacionada con Raúl López», dice uno de los autos que aparece en el sumario.

También aparece en la documentación un contrato por 17.994 euros para rotular los autobuses que realizaban las rutas turísticas. Fuentes próximas al empresario del transporte imputado indicaron que la empresa estaba dentro de la ley en todo lo que recoge el sumario.

El grupo de delitos fiscales de la policía que interviene en la investigación también se encontró con que empresas vinculadas a una misma familia recibieron entre el 2009 y el 2014 un total de 51 contratos, muchos de ellos otorgados por la vía de urgencia sin que, al parecer, fuese necesario. Ese proceder, consideran, podría deberse a evitar que otros contratistas presentaran ofertas.

Ayudas al Breogán

Otro expediente que es objeto de investigación se refiere a la organización de actividades de carácter lúdico y ambiental en el Miño y en A Mariña de Lugo. Fue otorgado a una empresa de Ribadeo por 21.122 euros, pero entre las empresas invitadas a participar había una cuyo su objeto social era la realización de servicios publicitarios.

No se libra de la operación Pulpo el Club de Baloncesto Breogán. El sumario destaca que la Diputación concedió a esta sociedad, entre el 2006 y el 2014, subvenciones por importe de 6.984.4353 euros. La Unidad de Delitos Económicos y Fiscales apreció que, supuestamente, en numerosos expedientes de subvención no existe «justificación alguna». Cuando esos documentos fueron requeridos la respuesta fue que estaban devueltos.

La instructora dice que le llama la atención el hecho de que en el club no haya aparecido documento alguno en el que se observase el cambio en la presidencia del club. En la sociedad también aseguran que toda la gestión es totalmente legal.

Facturas de pulpadas fueron consignadas como «gastos sociales» por la Diputación

Dinero público destinado supuestamente a sufragar gastos particulares en importes de «elevadísima cuantía». Ese es uno de los ejes sobre los que gira la operación Pulpo, centrada a la Diputación de Lugo, y que ha supuesto seis nuevas imputaciones para el ex secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro. Según se desprende del sumario, entre el 2003 y el 2015, de las arcas del organismo provincial salieron casi 200.000 euros para pagar las comidas de Santa Rita y San Froilán de parte del personal del organismo. En el 2003 (con Francisco Cacharro en la presidencia) estarían consignados dos gastos de pulpadas por 4.758 euros y 5.967, respectivamente. Todas las cantidades fueron incluidas dentro del epígrafe de «gastos sociales».

Estos gastos están dentro de un acuerdo marco que regula las ayudas sociales y que será analizado para determinar si es legal.