La perceptores de la risga duplican ya a los que había al inicio de la crisis

La anunciada recuperación económica no mejora la situación de los que más lo necesitan, de las familias en riesgo de exclusión social que tienen en la renta de inserción (risga) su único ingreso para salir adelante. A lo largo del año pasado recibieron esta paga un total de 13.958 personas, 2.000 más que en el 2014. Esta cifra marca un nuevo techo histórico en el acceso a esa prestación, que garantiza a sus perceptores unos ingresos mínimos de 400 euros al mes. Por vez primera, el censo de beneficiarios duplica el que había al inicio de la crisis, con 6.497 personas que accedieron a esta cobertura autonómica durante el 2009. Solo durante los últimos tres años, los perceptores de la risga se han incrementado un 23,7 %, al pasar de 11.282 en el 2013 a los referidos 13.958 en el último ejercicio.

Esta escalada en el acceso a la renta de inserción que gestiona la Xunta se produce, pese a todo, en un contexto de evidente desaceleración de la demanda. A lo largo del 2015, la Administración autonómica tramitó 6.512 nuevas solicitudes de potenciales beneficiarios de la risga. La cifra es prácticamente la misma del 2014, cuando se registraron 6.509 peticiones de esa paga en las cuatro provincias. De este modo, se consolida una estabilización en la demanda, que se mantiene un 15,5 % por debajo del máximo que alcanzó en el 2013, cuando entraron en la Xunta 7.704 solicitudes de la renta autonómica de inserción.

Por provincias, Pontevedra sigue siendo la que acumula más perceptores. El 43,6 % de las pagas concedidas en el 2015 fueron para personas que residen en municipios de esa provincia, con un total de 6.094. Aunque cuenta con una población mucho menor, Pontevedra tiene con más beneficiarios de la risga que las provincias de A Coruña (3.978 personas cobraron esa renta de inserción en el 2015) y Lugo (1.799) juntas. Ourense (2.087) es la tercera con más perceptores. Las proporciones en la distribución por provincias de las personas que tienen en esta renta su único ingreso apenas ha experimentado variaciones en los últimos años.

También se mantiene invariable el incremento en el esfuerzo inversor de la Administración para poder atender a los perceptores. Este año arranca con una dotación presupuestaria de 53 millones, frente a los 47,7 consignados en el 2015, cuando ya se duplicó la reserva inicial que la Xunta hizo para sufragar la risga en los ejercicios 2009, 2010 y 2011 (22,75 millones). El aumento del número de personas que cumplen los requisitos exigidos para disponer de esa prestación desbordó en los últimos años las previsiones de la Xunta, que ha convertido en algo habitual la asignación de nuevas partidas de crédito a lo largo del año para poder atender a los beneficiarios.

Rechazo por superar ingresos

Según la Consellería de Política Social, la tramitación se está desarrollando sin obstáculos, si bien el plazo medio de gestión de las solicitudes llegó a superar en el 2014 los siete meses (222 días) en la provincia de Pontevedra. La consellería alega, no obstante, que en la tramitación de cualquier expediente influyen, además del solicitante, el concello, que es el primer escalón administrativo, y por último la Xunta, que la que finalmente resuelve si se cumplen o no las condiciones que establece la Lei de Inclusión Social para acceder a esa paga. En ese sentido, no solo se ponderan el nivel de ingresos o las cargas familiares, sino también las propiedades del solicitante.

El principal motivo de denegación de la risga es que la unidad de convivencia supera el umbral de ingresos requerido. La Xunta justificó así el 27 % de las resoluciones negativas que emitió en el 2014 referidas a demandantes masculinos. Porque en los motivos que frustran el acceso a esa paga también hay diferencias en función de si el solicitante es hombre o mujer. En ellas, es mayor el porcentaje de denegaciones (18 %) por no acreditar el nivel de carencia de medios exigido. Al 12 % de los hombres que pidieron la paga la Xunta no se la dio por figurar como perceptor de una pensión. Y no encontrarse en situación de riesgo de exclusión social provocó el rechazo del 14 % de los expedientes presentados por mujeres, frente al 9 % de los referidos a hombres.

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