La defensora del pueblo recomienda que los comedores escolares apoyen la conciliación en períodos no lectivos
GALICIA
La Justicia, la economía, la educación y la sanidad son los temas que centraron la mayor parte de las quejas durante el año 2015
26 feb 2016 . Actualizado a las 05:00 h.La oficina del Defensor del Pueblo presentó ayer su balance de actividad del año 2015, un ejercicio durante el cual los gallegos presentaron 731 quejas ante ese organismo. Son una media de dos cada día, pero de todos modos son menos que las que se habían planteado a lo largo del 2014, cuando desde Galicia habían llegado al Defensor 1.047 quejas. También a la baja evolucionaron las quejas en el conjunto de España. El año pasado se presentaron en total 17.287; el anterior habían sido 22.872.
La Justicia, la economía, la educación y la sanidad son los temas que centraron la mayor parte de las quejas. En lo que respecta a la situación económica, cabe recordar que el Defensor del Pueblo envió una recomendación a la Xunta para que se establezca un programa de garantía alimentaria para menores que contemple de forma especial los períodos no lectivos, de tal manera que cuando los comedores escolares no funcionen ningún escolar corra el riesgo de desnutrición por falta de recursos en su núcleo familiar. Pero, además, entiende la institución que el mantenimiento de los comedores escolares durante los períodos no lectivos debe abordarse desde una perspectiva más amplia, de manera que se incluyan medidas que favorezcan la conciliación familiar.
El informe de la defensora del pueblo a este respecto incluye el reconocimiento de que se han aumentado las partidas económicas destinadas a ayudar a las familias en aquellos períodos en los que los comedores no funcionan, y también de que se han establecido mecanismos de coordinación con los ayuntamientos, pero pide que se informe con detalle sobre la financiación de esos programas.
Otra de las recomendaciones que se han enviado a la Xunta tiene que ver con las garantías de los menores implicados como víctimas o como testigos en procesos penales. La oficina del Defensor del Pueblo cree que deberían adoptarse medidas para disminuir el impacto emocional que supone para el menor tener que acudir al juzgado. Para ello propone que los edificios en los que se lleven a cabo juicios orales se doten de sistemas de videoconferencia en salas diferentes a la de vistas para que los menores puedan testificar de forma más discreta. Crear nuevas oficinas de asistencia de las víctimas y, sobre todo, adoptar las medidas necesarias para que los miembros de los equipos psicosociales se turnen en la realización de las guardias como el resto del personal del juzgado, son otras de las propuestas del organismo para garantizar la protección de los menores en los juzgados.
Demoras en sanidad
En el ámbito sanitario dos de cada tres quejas recibidas estuvieron vinculadas a la atención especializada. Y muchas tuvieron que ver con demoras en la atención. En cuanto a los retrasos en las listas de espera quirúrgicas, el informe del Defensor del Pueblo destaca, en el caso de Galicia, un retraso de cinco años para un bypass gástrico en el Hospital Povisa de Vigo, y año y medio en el servicio de traumatología del Complejo Hospitalario de Santiago.
En el caso las consultas externas y pruebas diagnósticas, el organismo que preside Soledad Becerril destaca un retraso de nueve meses en el servicio de traumatología del Hospital de Ferrol, y seis para recibir resultados en el Complejo Hospitalario de Ourense.
Otra de las actuaciones en el campo de la sanidad fue la dirigida al Sergas con relación a unos carteles que se habían colocado en el Hospital Provincial de Pontevedra y en el Hospital do Salnés en los que se indicaba que a las doulas (asistentes al parto sin titulación) se les prohibía entrar a las consultas acompañando a las mujeres embarazadas. La Administración sanitaria confirmó que existían esos carteles y que habían sido retirados.
La defensora del pueblo se interesó también por el retraso en la programación de citas para baremar la discapacidad en la provincia de Pontevedra, y envió a este respecto un recordatorio de deberes legales a la Consellería de Benestar, que en su respuesta dio cuenta del refuerzo de personal en la sección.