Cree que los padres que protestaron por el comportamiento de su hijo y pidieron su traslado a un centro especial pudieron incurrir en presuntos delitos de coacciones e incitación al odio
28 ene 2016 . Actualizado a las 05:00 h.El padre del niño del colegio Manuel Rivero de Lalín, donde algunos padres decidieron no enviar a sus hijos a clases dos días en protesta por el comportamiento del pequeño y pidiendo su traslado a un centro especial, presentó una denuncia en el juzgado. El progenitor demanda que se depuren responsabilidades. Acusa a los padres de un presunto delito de coacciones y considera que pudieron incurrir en un posible delito de incitación al odio.
La denuncia se dirige también contra un inspector de Educación a quien acusa supuestamente de desvelar datos relacionados con la educación, modalidad educativa o salud del menor en alguna reunión celebrada con padres. Va también contra la directora del centro lalinense. La acusa de que supuestamente no trató de impedir las dos jornadas de absentismo y «no tomó medida alguna al respecto» y considera que con ello «se alentó la perpetración de una evidente humillación infligida al menor en su hábitat y ante sus iguales», según se recoge en la denuncia.
El progenitor, que cuenta con el asesoramiento jurídico en el caso de la Fundación Gerard, entiende la actuación de «padres disidentes» como «una forma pública de manifestar su rechazo a la presencia en el aula del menor». Una conducta que cree «puede tener encaje en el artículo 510 del Código Penal, que tipifica los delitos de odio, por razón, entre otros motivos de discapacidad del sujeto pasivo» y los acusa de «promover el odio, hospitalidad y discriminación de forma pública».
La denuncia fue presentada en el Juzgado número 1 de Lalín. El padre del niño asegura que con ella quiere «que se haga justicia y se creen antecedentes para que situaciones como esta no se repitan». Su objetivo es, dice, «que asuman las consecuencias de lo que hicieron» entendiendo que «se trató de perjudicar al niño haciendo cosas que no se pueden hacer».
El menor, que no sufre ninguna discapacidad, acude a terapia por problemas de conducta. El padre relata en su escrito al juzgado que el 24 y 25 de noviembre faltaron a clases todos los alumnos del aula, excepto cinco, incluido el menor. Ese día, añade, el colegio lo llamó para pedirle que compareciese a una reunión con los padres de otros compañeros y con el inspector de Educación para tratar este tema. Dice que declinó acudir, al entender que «era una encerrona y sentir que se le estaba presionando».
Al día siguiente solo asistieron a clase cuatro compañeros del pequeño, que no fue tampoco a clase. El padre dio cuenta también de la denuncia a la Fiscalía del Menor en Pontevedra, ubicada en Vigo.
El niño, de ocho años, estudia en el centro desde febrero del 2015. Dadas las necesidades especiales del pequeño, Educación le asignó un cuidador y cuenta con un pedagogo terapeuta. La Consellería de Educación no tiene aún constancia de la denuncia. Subrayan su defensa de la educación inclusiva que se plasma en la escolarización del pequeño en un colegio ordinario poniendo todos los medios necesarios como es, en este caso, la asignación de un cuidador. Todas las actuaciones, recuerdan, se llevan a cabo siguiendo estrictamente criterios técnicos de los equipos de orientación e inspección.
Petición de diligencias y comparecencias
El progenitor demanda al juzgado que le tome declaración a él y a los padres o tutores de los compañeros de su hijo que no fueron al colegio esos dos días, al inspector de Educación y a la directora del centro. El padre considera que su hijo debe permanecer en el colegio lalinense y hace unas semanas comentaba que había mejorado mucho desde que está allí y que el revuelo mediático del caso le había afectado mucho.