La defensora del pueblo ve en el copago «riesgo para la salud» de enfermos graves sin recursos
GALICIA
En Galicia, según los últimos datos oficiales, suman solamente 123.538 los ciudadanos con derecho a retirar gratis de las boticas los medicamentos que les prescriben
27 ene 2016 . Actualizado a las 05:00 h.El vigente modelo de copago farmacéutico, fijado por el Gobierno central en abril del 2012, desprotege a colectivos de enfermos graves con escasos recursos económicos. Además, la Xunta no ha adoptado medidas que reviertan o palíen dicha situación, lo cual supone «un riesgo para la salud» de los afectados. Así figura descrito en una reciente comunicación emitida por la defensora del pueblo, Soledad Becerril, a instancias de Beatriz Figueroa, una activista viguesa aquejada de cáncer que lleva años luchando por ampliar los supuestos de exención previstos en el sistema. El Servizo Galego de Saúde (Sergas) rehúye responsabilidades: es Madrid donde se establecen los criterios, no en Santiago.
En Galicia, según los últimos datos oficiales, suman solamente 123.538 los ciudadanos con derecho a retirar gratis de las boticas los medicamentos que les prescriben. Integran esa lista los perceptores de la renta de integración social (risga), los beneficiarios de pensiones no contributivas, los parados sin prestación y varios grupos específicos, como afectados por el síndrome tóxico. Pero existen otros colectivos con escasos ingresos que han de abonar un 40 % de los costes de mercado de cada receta; por ejemplo, los desempleados que cobran el subsidio de los 426 euros mensuales. En esa tesitura, mientras un juzgado olívico no le reconoció la incapacidad permanente, se vio mucho tiempo Beatriz Figueroa, cuyos tratamientos oncológicos y derivados llegaron a exigirle un desembolso semanal de 25 euros que le costaban dios y ayuda reunir. «Las personas que están en la situación en que yo me vi y en otras similares deberían quedar totalmente liberadas del copago», denuncia.
De ahí que en octubre del 2014, entre otras iniciativas, tomase la de recurrir al Valedor do Pobo, quien en marzo del 2015 elevó sus quejas al Defensor del Pueblo. Ya hacia finales del año pasado, la titular de la segunda institución puso negro sobre blanco el resultado de sus pesquisas, previa consulta a la Consellería de Sanidade. «El actual modelo de copago farmacéutico no ofrece cobertura para el reconocimiento de exención a varias situaciones de vulnerabilidad», concluye Becerril en el citado escrito. Y apostilla: «De la respuesta recibida [de la Xunta] se desprende que en Galicia no existen ni están previstas medidas adicionales de garantía de tratamiento integral para aquellos pacientes cuyas circunstancias socioeconómicas les dificulten gravemente comprar los medicamentos prescritos por los médicos que los atienden. Esto implica un riesgo para la salud de estos pacientes ante la eventual interrupción no deseada del tratamiento farmacológico que necesitan, situación agravada en el supuesto de enfermedades más graves, como las de naturaleza oncológica».
Consultado al respecto, el gerente del Sergas, Antonio Fernández Campa, entiende que en esa afirmación no subyace recomendación expresa alguna para su negociado. «Nosotros -alega también- no tenemos la competencia para variar las condiciones de la prestación farmacéutica, que es del Estado». Un argumento, a juicio de Figueroa, contradictorio con el hecho de que el Gobierno Feijoo haya anunciado que próximamente, en función de las rentas, ampliará a cien mil personas más la exención del copago. «¿Para eso sí tienen competencia?», se pregunta retórica.