Investigan al edil socialista Santos Héctor por una supuesta contratación irregular

Santos Héctor Rodríguez, concejal de Participación Ciudadana en el gobierno municipal de Abel Caballero, se ha convertido en el primer político implicado en el caso del presunto enchufe de la cuñada de la socialista Carmela Silva en una concesionaria del Ayuntamiento vigués. La jueza que dirime si hubo un trato de favor hacia la allegada de la ahora presidenta de la Diputación de Pontevedra y una compensación a la empresa que la contrató emitió el lunes un auto en el que apunta que fue Santos Héctor «quien realmente resolvía autorizar los contratos sujetos a investigación», y por ello lo cita para declarar en el juzgado el 23 de febrero en «calidad de investigado», figura jurídica que ha sustituido a la de imputado.

La magistrada, que dirige también la operación Patos, señala que hasta nueve contratos menores fueron aprobados en el Concello entre el 2008 y el 2013 con la concesionaria Imesapi, «que según se considera en las presentes actuaciones, tenían como verdadera función o finalidad compensar a esta empresa por los costes derivados de la contratación como trabajadora de María Vanesa Falque Barral», la cuñada de la teniente de alcalde, Carmela Silva.

En febrero pasado fueron imputados por dicho caso la propia cuñada de la dirigente socialista; el jefe del servicio de Participación y Atención Ciudadana del Concello de Vigo, Francisco Gutiérrez Orúe, y dos interventores municipales, siendo estos dos últimos desimputados en abril pasado.

El auto apunta a que aunque el cargo municipal implicado en el presunto delito continuado de prevaricación autorizaba los contratos que se sospecha servían para cubrir el puesto de Vanesa Falque, este «no resolvía autorizando los mencionados contratos, sino que informaba favorablemente o proponía dicha contratación, la cual realmente se autorizaba y se resolvía en definitiva por el concejal correspondiente, a la sazón, en todos los casos, Santos Héctor Rodríguez», que también es secretario general del PSOE de Pontevedra.

El caso de la cuñada de Carmela Silva salió a la luz en el 2013 a raíz de una denuncia pública y ante los órganos internos del PSOE del exalcalde Carlos Príncipe, quien llegó a asegurar que diversos dirigentes locales del que entonces era su partido habían «enchufado» a decenas de allegados en el puerto de Vigo y en el Ayuntamiento y empresas concesionarias municipales.

Calificándola después como trama de enchufes, la plataforma Xuntos llevó un año más tarde dichos casos y otros similares a la Fiscalía, que hizo suya la denuncia que daría lugar a las primeras imputaciones relacionadas únicamente con la contratación de Vanesa Falque por la concesionaria encargada de los centros de información existentes en varias parroquias.

Los testimonios judiciales de los responsables de la empresa concesionaria en la que estuvo contratada la allegada de Silva incidieron que esta respondía únicamente a las órdenes y encargos que se le daban desde el propio Ayuntamiento, desvinculándose de su actividad. Según aseguraron compañeras de trabajo de la investigada, esta no sumó más de dos meses de trabajo en los centros cívicos durante los cinco años en los que estuvo contratada.

Cinco ediles de Vigo y el alcalde Caballero, implicados en tres casos

La declaración como «investigado» de Santos Héctor Rodríguez hace que sean ya seis los actuales ediles de la corporación viguesa sometidos a las acciones de la Justicia bajo la figura que ha sustituido a la calificación de la imputación. La operación Patos tiene al propio Abel Caballero entre su lista de investigados, caso que también salpica a los ediles socialistas David Regades, Ángel Rivas e Isaura Abelairas, además del popular José Manuel Figueroa, involucrado también en el caso hormigón, como Rivas y Abelairas, además de los exconcejales del BNG Eudosio Álvarez y Xavier Alonso.