La jueza cita a 25 nuevos investigados en la trama de la operación Zeta

d. vázquez A CORUÑA / LA VOZ

GALICIA

Entre los señalados hay altos cargos de la Xunta y de la Administración central

16 ene 2016 . Actualizado a las 11:43 h.

La causa por la operación Zeta, en la que se investiga una supuesta trama de cursos fantasmas financiados con fondos públicos, continúa creciendo. La magistrada del Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña notificó ayer que cita como investigadas a otras 25 personas, entre los que estarían Juan José Barrera, por sus decisiones cuando era secretario de Estado de Empleo; Pastor Fuenteseca Díaz, como director xeral de Formación e Colocación; y Ana María Díaz López, como directora xeral de Formación e Colocación, a los que vincula con un presunto delito de prevaricación no solo porque validasen expedientes que no cumplían los requisitos, sino porque considera que «hay indicios de connivencia con los principales actores de la trama delictiva, Eliseo Calviño y Gerardo Crespo, como revelan diversas conversaciones telefónicas y correos electrónicos intervenidos».

Entre los nuevos investigados también está el que ya se había señalado con anterioridad como el «conseguidor», Francisco Ramón de Lucas Blanco, Pachi Lucas. En su caso, la jueza lo vincula con un presunto delito de tráfico de influencias, ya que resalta que remitió a Crespo un número de cuenta para que se le ingrese dinero, como así hizo desde distintas empresas de su grupo, pese a que «no hay rastro de que mediaran relaciones comerciales entre el citado o sus empresas y el grupo empresarial de Gerardo Crespo». Asimismo, señala que hay correos en los que se alude a «adjudicaciones y cobros pendientes 'por si está en tu mano hacer algo'» e incluso hay un mensaje telefónico en el que De Lucas informa a Crespo «de una cita concertada para él en el despacho de Ana Pastor».

En el auto se destaca que las conclusiones del informe realizado por la Unidad de Auxilio Judicial de la Agencia Tributaria «no pueden ser más demoledoras» y en ellas se recoge que «no hay registro ni documento alguno que acredite la actividad propia de Caype definida en sus estatutos, que se pueda concretar en la consecución de fines de interés general, los ingresos por cuotas de asociados son inexistentes y los que se contabilizan como donaciones no se aplican a fin social alguno».