La Xunta obligará a la banca a declarar las viviendas vacías para poder usarlas
GALICIA
Creará un censo con estos inmuebles para municipios de más de 10.000 habitantes
15 ene 2016 . Actualizado a las 05:00 h.El llamado banco malo o Sareb, esa sociedad pública encargada de gestionar los activos inmobiliarios procedentes de la reestructuración bancaria, cedió a la Xunta 50 viviendas el año pasado para destinarlas a alquiler social. Fue un pequeño gesto que dista mucho de las 300 propiedades inmobiliarias que cedió en Cataluña o las 80 de Aragón y que, obviamente, no cubrió la demanda existente de vivienda a costes asequibles que existe en las grandes áreas urbanas gallegas. Y esto pareció empujar a la Administración autonómica a mover ficha con los bancos para disponer de más inmuebles ya construidos en condiciones ventajosas.
La forma de hacerlo se acordó ayer en la reunión del Consello de Xunta, donde recibió luz verde el proyecto de decreto mediante el cual se creará el censo de viviendas vacías de la comunidad. Con esta norma en la mano, las entidades financieras, sus filiales inmobiliarias y la sociedad pública Sareb estarán obligadas a inscribir sus inmuebles de uso habitacional que tengan vacíos en los municipios de más de 10.000 habitantes.
El registro de estas propiedades será, además, obligatorio, pues el incumplimiento de la norma se traducirá en la imposición de una sanción de hasta 3.000 euros por cada una de las viviendas que no se declaren. En el caso de los inmuebles vacíos en manos de particulares o de los que posean las entidades financieras en las localidades de menos de 10.000 habitantes, la inscripción en el censo será siempre voluntaria.
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, explicó ayer en la rueda de prensa posterior al Consello que la finalidad de este censo es la de disponer de «información completa» sobre el parque de viviendas vacías que hay en las áreas con mayor población de Galicia, que es donde se sitúa también la mayor demanda habitacional, para ver sus posibilidades de reutilización para políticas de realojo.
Sin carácter expropiatorio
Feijoo anticipó que no se buscará el litigio con los bancos ni tampoco se llevarán a cabo acciones expropiatorias de inmuebles. De lo que se trata -prosiguió el jefe del Ejecutivo- es de explorar fórmulas de colaboración con las entidades financieras para utilizar dichas viviendas en los programas puestos en marcha contra los desahucios, el alquiler social o u otras políticas de realojo de las familias que lo necesitan. «Non imos a xenerar un conflito xudicial expropiando vivenda, porque ese non é o noso obxectivo», manifestó Feijoo, antes de matizar que el único propósito de la Xunta es el de «acadar acordos» con las entidades financieras y sus filiales inmobiliarias para desarrollar una política de viviendas que atienda las necesidades sociales y sea eficiente a todos los niveles.
Con el censo ya elaborado en los municipios más dinámicos desde el punto de vista poblacional, la Xunta lo que pretende desarrollar son cuatro líneas de actuación. La primera contempla la posibilidad de firmar acuerdos de colaboración con los propietarios con el objeto de destinar las viviendas inscritas a atender «a persoas afectadas por procedementos de execución hipotecaria», explicó Feijoo.
Otra línea de actuación consiste en la intermediación de la Xunta entre las personas propietarias y las personas demandantes de vivienda, facilitando fórmulas de concertación de arrendamientos o de adquisición. A esta se añadiría una línea dirigida a que las viviendas inscritas puedan ser utilizadas en los programas de fomento de alquiler que desarrolle la Xunta o los concellos y, finalmente, el Gobierno gallego también podrá realizar una «oferta pública de adquisición de vivendas» en las localidades de mayor demanda de promoción pública.
El Gobierno gallego concederá una moratoria de seis meses para regular los alquileres turísticos de temporada
El Gobierno gallego le dio ayer su visto bueno al proyecto de decreto que regulará las viviendas de uso turístico, las que se alquilan por temporadas cortas, fijando los requisitos y servicios mínimos que habrán de cumplir dichos inmuebles. Deberán, por ejemplo, disponer de mobiliario suficiente, de calefacción en todas las estancias y de teléfono de atención durante las 24 horas. Eso sí, la nueva norma no entrará en vigor antes del 2017, pues su aplicación dispondrá de una moratoria de seis meses a partir de su aprobación definitiva.
Por lo de pronto, el proyecto de decreto fue remitido al Consello Consultivo de Galicia para que sea dictaminado en los próximos meses. El documento establece tres categorías de inmuebles para ser regulados. De un lado están los apartamentos turísticos, construidos en bloques o adosados; del otro las viviendas turísticas, que siempre serán exentas, y finalmente, las viviendas de uso turístico, entendiendo por tal aquellas que son cedidas a terceras personas a cambio de una contraprestación económica. Pues bien, la proliferación de la tendencia a alquilar la vivienda habitual por días o semanas para uso turístico llevó a la Xunta a intentar regular una actividad económica rodeada de gran opacidad, pero que introduce una notable distorsión en el sector, pues al intrusismo y q la competencia desleal se suma muchas veces la merma en la calidad del servicio que se le da al usuario. De este modo, el decreto establece una serie de requisitos mínimos para que los propietarios de estas viviendas puedan realizar la «declaración responsable» ante a Área Provincial de Turismo de Galicia, requisito que las faculta para entrar en el mercado de alquiler y el registro correspondiente. Estas casas o apartamentos no solo deberán estar suficientemente amuebladas y equipadas «en condicións de inmediata dispoñibilidade», sino que también deberán tener contratado un servicio de asistencia y mantenimiento del inmueble. De igual modo, deberá proporcionársele al usuario un servicio de atención telefónica de 24 horas, a la vez que deberá tener a su disposición hojas de reclamación. El Clúster de Turismo de Galicia cifra en 7.000 las camas que se ofrecen en Galicia de forma irregular.