Rechazada la petición para que testifiquen el rey y su padre

Manos Limpias dice que levantar la imputación de la infanta constituiría «un privilegio de inmunidad»


Palma / Colpisa

Virginia López-Negrete, la letrada de Manos Limpias aguantó todo tipo de ataques. Del fiscal, hasta hace poco su amigo, de la abogada del Estado, del defensor de la infanta Cristina y también de los letrados de otros dos imputados, Salvador Trinxet y Miguel Tejeiro, que igual que los anteriores cuestionaron la «legitimación» de Manos Limpias para acusarles.

A la abogada jefe del Estado en Baleares, Dolores Ripoll, le correspondieron los ataques personales, casi descalificaciones, a Manos Limpias. Sin piedad, Ripoll, también en un papel muy cercano al de defensor de la imputada, llegó a insinuar que el sindicato, lejos de buscar el «bien común», tiene «motivaciones personales, corporativas, familiares o clientelares». En esa línea, recordó que en los 248 procesos por fraude abiertos en Baleares en estos momentos no hay ni uno solo en los que haya una acusación popular. Tampoco Manos Limpias.

A López-Negrete le tocó cerrar el turno para responder a los ataques de los defensores de la hermana del rey. A esas alturas, el debate se había convertido en todos contra uno. Los dos fraudes a los que supuestamente ayudó la infanta, afirmó la abogada de Manos Limpias, son delitos «pluriofensivos y que afectan al bolsillo de todos nosotros». «La acción popular es un derecho. Es un artículo recogido en la Constitución. La ley no establece ninguna limitación», recordó la letrada, antes de denunciar que no enjuiciar a la hermana del rey sería un «privilegio de inmunidad para una ciudadana española». Ya fuera de la sala, en un receso, fue más lejos y aseguró que en caso de que se excluyera del banquillo a la infanta «se le estaría negando el derecho a defenderse en un juicio justo y quedaría estigmatizada socialmente para todos los ciudadanos».

«Reality show»

Pero la abogada de Manos Limpias no fue la única diana de los ataques de la Fiscalía. El abogado del exsocio de Iñaki Urdangarin, Diego Torres, pidió al tribunal que decrete la nulidad del juicio porque las pruebas sobre las que se sustenta la causa fueron obtenidas de forma ilícita por el juez instructor, ya que se las reclamó a Torres como testigo y después las utilizó para imputarlo.

Acto seguido, el abogado Manuel González-Peeters tiró de su segundo argumento de defensa: que todo cuanto se hacía en el Instituto Nóos recibía el asesoramiento de la Casa Real, por lo que su defendido no podía pensar que «algo ilícito se había llevado a cabo». Y para refrendar su argumento, pidió al tribunal que llamara a declarar como testigos al rey Felipe VI y a su padre, Juan Carlos. El tribunal, como ya había hecho con anterioridad la audiencia, lo rechazó.

El fiscal Pedro Horrach acusó al abogado de intentar convertir el juicio en un reality show al pedir estas declaraciones y otras igual de injustificadas de testigos como las princesas Corinna o Irene de Grecia. Horrach se quejó de que González-Peeters quiera convertir el juicio «en una ceremonia para distracción del vecindario» cuando «ya es suficiente el interés mediático que genera este juicio».

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