Los fiscales deben agilizar 1.500 causas pendientes a la semana antes de junio

Revisarán cada caso en Galicia para ver qué investigaciones han de cerrarse en 6 meses


Redacción / La Voz

Es ardua y complicada la tarea que tienen por delante los 172 fiscales (titulares y sustitutos) que trabajan en la actualidad en Galicia. Han de revisar más de 35.000 causas penales en fase de instrucción en los juzgados gallegos y cumplir así con la reformada Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) que establece límites de tiempo para las instrucciones y que entró en vigor el 7 de diciembre.

Hasta principios de junio tienen de plazo para examinar todos esos asuntos, aproximadamente 1.500 a la semana, en muchos casos formados por decenas de miles de folios y centenares de diligencias. Y es una labor que los propios fiscales asumen como compromiso profesional, aunque la ven con enormes dificultades. El propio fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes, destacó al presentar la memoria de la Fiscalía en el Parlamento gallego que la revisión de esos 35.000 procedimientos en fase de instrucción para decidir si son sencillos o complejos y se cierran o no en seis meses «sitúa ao ministerio público nun escenario de dificultade extrema».

La nueva ley le concede al fiscal la competencia de pedir prórrogas para las causas penales y establece que las diligencias de instrucción se practicarán durante seis meses como máximo, contados a partir de la fecha del auto de incoación del sumario o de la apertura de las diligencias previas. Ese es, desde el pasado diciembre, el límite genérico para una causa penal, pero habrá excepciones. Es el caso de las investigaciones que sean declaradas complejas por el instructor «a instancias del fiscal». Cuando una instrucción obtenga la declaración de compleja, el plazo se ampliará a 18 meses que podrá prorrogarse por igual plazo o uno inferior, de nuevo a instancia de la Fiscalía.

Tampoco están conformes con esa revisión exprés las asociaciones de fiscales. Las dos que están representadas en el Consejo Fiscal han mostrado su malestar. La mayoritaria Asociación de Fiscales (AF), de corte conservador, expresó sus quejas en una carta abierta a la fiscala general del Estado, Consuelo Madrigal, al «lamentar y rechazar que no se haya atendido a los criterios de los fiscales jefes, que son quienes conocen la carga de trabajo real y los medios humanos y materiales con los que cuentan para afrontar las exigencias de la última reforma legislativa». Respondía esta asociación a la orden de la Fiscalía General del Estado de revisar cada semana 25 de las causas penales pendientes. De todas formas, aclara este colectivo que los fiscales «afrontarán una vez más una reforma, sin medios para ello, pero respondiendo siempre al cumplimiento del principio de legalidad».

«Profundo malestar»

Es más dura la otra asociación representada en el Consejo Fiscal. La Unión Progresista de Fiscales (UPF) también mostró en un comunicado «el profundo malestar en la carrera». Aseguran que la previsión de revisar 25 causas por juzgado a la semana «revela el lamentable desconocimiento» de la Fiscalía General del Estado de la organización del trabajo en las distintas fiscalías. Explican que, además de revisar las causas pendientes, los fiscales tendrán que asumir los casos entrantes, las guardias y los señalamientos, así como los demás servicios presenciales que les corresponden a diario.

Las macrocausas en marcha en los juzgados gallegos tendrán un plazo extra de instrucción de al menos 18 meses más

Salvo que se cierren antes del próximo mes de junio, las macrocausas que se encuentran en fase de instrucción en Galicia contarán con un plazo extra de 18 meses ya que entran dentro de los parámetros para ser declaradas investigaciones complejas. Investigaciones como la Pokémon, que se puso en marcha en el año 2011, dispondrán de ese plazo de 18 meses, que incluso puede ser prorrogado otros 18. El caso que instruye desde Lugo la jueza Pilar de Lara cumple al menos tres de los requisitos que establece la nueva Lecrim para ser considerado complejo, como son la existencia de un gran número de investigados (antes, imputados), el examen de abundante documentación y la realización de complicados análisis.

A los efectos de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, una investigación tiene la condición de compleja cuando cumple alguno de estos requisitos: recaer sobre organizaciones criminales; tener numerosos hechos punibles; tener gran cantidad de investigados o de víctimas; necesitar de pericias o de colaboraciones recabadas por el órgano judicial y que impliquen el examen de abundante documentación o la obligación de realizar análisis complicados; que precise de la revisión de la gestión de personas jurídico-privadas o públicas; que suponga la realización de actuaciones en el extranjero y, por último, que se trate de investigaciones sobre terrorismo. El plazo se interrumpirá si en medio de la investigación se decreta el secreto sumarial y también en los casos en los que se acuerde el sobreseimiento provisional de la causa.

Hay más investigaciones con esos requisitos en Galicia, como las relacionadas con el narcotráfico o la delincuencia económica, y entre las conocidas, la Garañón o la Bebé, en Lugo; la Patos, en Vigo, que investiga una trama de tráfico de influencias, la operación Zeta, que investiga en A Coruña también puede ser declarada compleja la operación Zeta, que investiga un supuesto fraude en subvenciones públicas en A Coruña.

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