La empresa de la ORA de Lugo no pagó a Hacienda el IVA de dos años y debe 200.000 euros, según un informe judicial

La Voz LUGO / LA VOZ

GALICIA

OSCAR CELA

Ante el resultado del informe, la jueza mandó un oficio a la Agencia Tributaria para que los afectados procedan a la regularización administrativa

22 dic 2015 . Actualizado a las 05:00 h.

Un informe encargado por el Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo en el marco de la operación Pokémon revela que tres empresas del grupo Vendex dejaron de pagar unos 500.000 euros a la Agencia Tributaria en concepto de IVA de los años 2011 y 2012. Una de ellas es Doal, la que gestionó durante varios años la polémica ORA de Lugo hasta que la actual alcaldesa suspendió el servicio como consecuencia de una sentencia judicial. La deuda contraída por la empresa de los aparcamientos en zona azul, según el estudio elaborado por un perito judicial, ronda los 200.000 euros.

El informe reseña que la empresa de servicios de limpieza Semat, con numerosas adjudicaciones, dejó de ingresar en el 2011, 94.51 euros y en 2012, 112.007. El perito dice que otra de las firmas del grupo Vendex, Pau (dedicada también al aseo urbano) supuestamente no pagó 107.080 euros en el ejercicio correspondiente al año 2011 y 92.461, en el 2012.

Por lo que respecta a Doal, la adjudicataria de la ORA de Lugo, el informe refleja que no ingresó 106.054 euros en 2011 y 92.273, en el ejercicio correspondiente al año siguiente.

Dice el informe que no pudo ser posible determinar si en otras empresas del grupo pasó lo mismo porque no pudo ser analizada su contabilidad. El perito sí revisó las cuentas de Sermasa, otra de las empresas del grupo, «al haber detectado posibles pagos en efectivo como retribución a Estrella Roca Naviera, sin que se haya practicado retención, ni haya sido objeto de retribución». Esa mujer es esposa del delegado de Vendex en Galicia, José María Tutor. Ambos se encuentran imputados en la Pokémon.

Ante el resultado del informe, la jueza mandó un oficio a la Agencia Tributaria para que los afectados procedan a la regularización administrativa.