El Seprona solicitó a la Consellería de Industria informes sobre el yacimiento a raíz de una denuncia por presuntas irregularidades medioambientales
12 dic 2015 . Actualizado a las 05:00 h.Agentes del Seprona, por orden de la Fiscalía, se trasladaron en las últimas horas a la Dirección Xeral de Minas, dependiente de la Consellería de Industria, para recabar información sobre la mina de Serrabal, explotada desde hace años por Ramsa, una empresa participada por el grupo Ferroatlántica, propiedad del empresario Juan Miguel Villar Mir. Al parecer, la Fiscalía actúa a instancias de una denuncia presentada por presuntas irregularidades medioambientales.
Los agentes especializados en medio ambiente de la Guardia Civil solicitaron en Minas el expediente completo relativo a la concesión de la mina, así como un informe, que se elaborará en los próximos días, sobre el estado actual de la concesión del yacimiento. La investigación está siendo llevada con mucha discreción por parte del ministerio público y el Seprona, y aún no han trascendido cuáles son exactamente las supuestas irregularidades medioambientales denunciadas.
Serrabal es uno de los yacimientos más ricos en cuarzo y en silicio, este último con múltiples utilidades y alto valor añadido. El 8 de enero del 2008 vencía la concesión autorizada de 30 años y la empresa solicitó en el 2005 poder seguir explotando el yacimiento durante otros 30 años. La Xunta del bipartito otorgó a Ramsa un título habilitante para continuar con la extracción, siempre y cuando respetara una franja de seguridad con la línea de alta velocidad que discurre cerca de los tajos.
Fuentes cercanas a la empresa aseguraron ayer que la actividad extractiva se desarrolló en los últimos días con total normalidad, con las voladuras que son habituales para abrirse camino en las vetas.
Ramsa presentó un plan de explotación en el que, en los primeros 14 años, toda la producción se extraería a cielo abierto. En los últimos 16 años se combinaría con la minería subterránea.
El empresario que intentó parar el AVE Santiago-Ourense
Villar Mir, a través de Ramsa, protagonizó entre el 2007 y el 2008 un largo contencioso con el ADIF para intentar modificar el trazado de la línea de alta velocidad Santiago-Ourense con el objeto de salvar parte del yacimiento. Fomento se negó en redondo y el empresario madrileño llegó a solicitar 895 millones de euros de indemnización por el lucro cesante. Finalmente, tras agrios conflictos e incluso bloqueos de las expropiaciones, tan solo se llevó un justiprecio, que el empresario recurrió en distintas jurisdicciones hasta que finalmente el Tribunal Supremo dio la razón al Estado. El trazado del AVE siguió el camino previsto, aunque hubo que protegerlo de las voladuras con un falso túnel.