Arizmendi señala que la Xunta debe ayudar a concellos con menos medios a cumplir la ley de transparencia
12 dic 2015 . Actualizado a las 05:00 h.La ley que desde el jueves obliga a las administraciones públicas a atender las exigencias de información de los ciudadanos en materia de transparencia en Internet ha cogido a muchas con el pie cambiado. Pese a los dos años de transición que precedieron a su entrada en vigor, muchos concellos siguen sin adaptarse. La presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, María Esther Arizmendi, que participó en un curso de la EGAP sobre la nueva ley, sostiene que compete a la Administración autonómica ayudar a los pequeños municipios. «La información que era solo de la Administración pública es ahora de todos los ciudadanos. El cambio es enorme», subraya.
-¿Están las administraciones públicas preparadas para responder a las exigencias que plantea el nuevo marco normativo?
-Bueno, con dos años de plazo que han tenido hasta la aplicación de la ley, deberían estarlo. Entre los 8.117 ayuntamientos de España hay muchos pequeños con problemas para organizarse. Pero todos tienen que cumplir. Porque, además, el ciudadano no entiende que no se cumpla la ley.
-En muchos de esos pequeños municipios no sobran los medios.
-Lo sabemos. Me dicen que hay pequeños ayuntamientos que ni siquiera tienen acceso a Internet. Ahí debe ser solidaria y ayudar la Administración autonómica, que es la competente en ese ámbito.
-En los Gobiernos autonómicos hay lagunas. Datos como el sueldo de los altos cargos no siempre son de fácil acceso en sus web.
-Las comunidades tienen sus legislaciones en transparencia y se están enfrentando con responsabilidad a estas exigencias. La ley supone un cambio social enorme. Pasamos de que la información era solo de la Administración pública y ahora, en cambio, es de todos los ciudadanos.
-Un flanco débil está en los organismos y sociedades públicas de la Administración paralela. Los órganos fiscalizadores llevan años alertando de su opacidad.
-Pues están dentro del ámbito de aplicación de la ley, y sujetos a las mismas obligaciones de publicidad activa que el resto de administraciones. Si son sociedades mayoritariamente públicas tienen que cumplir la norma, porque gestionan dinero público.
-La ley está en vigor y no todas las administraciones cumplen. ¿Qué sucederá con ellas? ¿Habrá una transición adicional?
-No queremos un plazo extra. Ya han tenido dos años para ponerse al día. No hay excusa para no cumplir. Lo que hay que hacer ahora es detectar cuáles son esas administraciones con problemas, para que los Gobiernos autonómicos puedan ayudarles y que cumplan la norma cuanto antes.
-¿El reto de la ley es que el ciudadano acceda a toda la información de las administraciones?
-Sí. Que no haya ninguna línea de opacidad en todo el Estado ni en las administraciones ni en los entes públicos. Esta es la democracia participativa.
La EGAP analizará la gestión de los fondos europeos en el actual marco de financiación
La Escola Galega de Administración Pública (EGAP) organizará el lunes en Santiago una jornada formativa sobre la gestión estratégica de los fondos de inversión comunitarios en el actual marco financiero 2014-2020. La sesión de apertura contará con la presencia de la directora de la EGAP, Sonia Rodríguez-Campos; del director xeral de Relacións Europeas de la Xunta, Jesús Gamallo; y de la experta en Derecho europeo del Instituto Europeo de Administración Pública de Barcelona, Gracia Vara.
Esta jornada dará continuidad a la programación de la EGAP, que ayer clausuró el curso monográfico dedicado a la puesta en marcha de la Ley de Transparencia. El seminario se cerró con las ponencias de Marcos Almeida, profesor de la USC, que disertó sobre los órganos de control, infracciones y sanciones; de Víctor Almonacid, secretario del Ayuntamiento de Alzira; y del catedrático Rafael Jiménez Asensio.