Los nuevos gobiernos locales aún no aplican sus anunciadas medidas sociales
GALICIA
A Coruña prevé lanzar en enero la renta social y Santiago trata de desbloquear las ayudas
06 dic 2015 . Actualizado a las 05:00 h.Ya sea por las dificultades burocráticas, por falta de presupuesto o por la imposibilidad de llegar a acuerdos con otras fuerzas, lo cierto es que, cinco meses después de tomar posesión, los nuevos gobiernos locales todavía no han puesto en marcha sus grandes propuestas en materia social y siguen trabajando con los viejos modelos.
En Santiago, Compostela Aberta apenas ha podido otorgar más de 117.868 euros de los fondos del Santiago Suma, aunque espera haber alcanzado los 200.000 antes de que finalice el año, cantidad que se sumará a los 187.000 concedidos durante el primer semestre del año. Desde el Concello explican que este programa de inclusión social es de difícil ejecución, puesto que la ordenanza que lo regula mezcla las ayudas a entidades y las dedicadas a personas, y ello hace que se rija por la ley de subvenciones, de manera que las personas que tengan deudas con la Administración no pueden optar a ellas. Mientras se solventan estos problemas burocráticos, el presupuesto de 600.000 euros para este programa no está ni siquiera ejecutado al 30 %.
En A Coruña no se ha puesto en marcha todavía la renta social prometida por el gobierno de Marea Atlántica. El Ayuntamiento prevé lanzarla a partir de enero, y anuncia que consignará tres millones de euros en los próximos presupuestos. Será, explican desde el organismo local, una ayuda periódica destinada a cubrir las necesidades básicas de las personas que atraviesan dificultades económicas y que no perciben otras prestaciones. Se calcula que se beneficiarán de esta medida entre 500 y 1.000 familias.
En Vigo, la ayuda por familia del cheque social se ha reducido a la mitad, porque pese a que se ha incrementado el número de solicitudes, el presupuesto se mantiene. El Concello que dirige el socialista Abel Caballero destina 1,8 millones a este programa que se dedica fundamentalmente a sufragar ayudas para vivienda, alimentación o pago de recibos. Se presentaron 3.007 solicitudes y se denegaron más de 1.200.
En Ourense, donde gobierna el PP de Jesús Vázquez, funciona el programa de emergencia social, dotado con algo más de 308.000 euros, de los que 40.000 son tarjetas monedero para alimentación básica a través de una subvención de una entidad bancaria. Esta iniciativa de ayudas fue aumentada este año en 94.000 euros.
En el caso de Pontevedra, los gastos de emergencia se han llevado 165.000 euros del presupuesto y se han recibido 164 solicitudes. Además, el gobierno del nacionalista Fernández Lores dedicó 93.000 euros a convenios con entidades que prestan servicios sociales.
Lugo reserva 270.000 euros a emergencia social, una cantidad a la que hay que sumar 299.000 en ayudas al alquiler, y otros 15.000 euros para erradicación del chabolismo. Según un informe del Ministerio de Economía, Lugo, cuya alcaldesa es la socialista Lara Méndez, es de las siete ciudades gallegas la que mayor porcentaje de presupuesto, un 18,8 %, dedica a servicios sociales. Le sigue Ferrol, con el 15,39 %, A Coruña (9,7), Ourense (9,6), Vigo (8,2), Santiago (5,8) y Pontevedra (5,7).
En Ferrol, donde gobiernan en coalición Ferrol en Común y PSOE, se aprobó en los primeros meses de gobierno la modificación de los criterios para flexibilizar las ayudas de emergencia social. Se agotó ya una primera partida de 270.000 euros, de manera que la reserva ha tenido que ser incrementada con otros 70.000.
Además de las ayudas de emergencia, la mayoría de los concellos subvencionan los comedores escolares y a las entidades sociales, a mayores de los fondos para ayuda en el hogar. Además, en Vigo funciona un bono taxi para discapacitados, medida que también existe en A Coruña. Pontevedra dedica 370.000 euros a luchar contra las adicciones y Ferrol habilitó fondos para los regalos navideños de las familias que lo necesiten.
Aplazada la ley que limita las competencias municipales en bienestar
Los ayuntamientos españoles no pierden de vista lo que puede ocurrir con la reforma local. En principio, el punto clave de esa norma aprobada en el 2013 y que entrará en vigor el 1 de enero prohibía a las Administraciones locales destinar dinero a ayudas sociales, una competencia que dejaba en manos de las comunidades autónomas. Los concellos, y en particular la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), presidida desde hace unas semanas por el alcalde de Vigo, Abel Caballero, se alzaron contra esta medida.
Entienden que va a afectar a 2,5 millones de personas en España, que se quedarían sin asistencia social. Los ayuntamientos, explican, no podrían conceder cheques sociales, ni becas de comedor, ni ayuda en el hogar para ancianos. Con el objetivo de frenar esta medida, tres mil alcaldes presentaron un recurso ante el Tribunal Constitucional que todavía no se ha resuelto.
Ante la polémica generada, el Gobierno central decidió hace varias semanas aplazar la entrada de la ley en lo que se refiere a este controvertido punto. Sin embargo, la FEMP pidió garantías de que se trata de un compromiso firme, porque los interventores de los Concellos piden mayor confirmación que el escrito enviado por el secretario de estado.
La Xunta aumenta un 12 % los fondos destinados a prioridades sociales
Por su parte, la Xunta ha decidido, en los últimos meses, reforzar la vertiente social de sus políticas, una apuesta que se hizo visible, en primer término, a través de un gesto político: la creación de la Consellería de Política Social, al frente de la cual Núñez Feijoo situó al exalcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela -anteriormente existía la Consellería de Traballo e Benestar, cuya titular era Beatriz Mato-. Pocas semanas después, esa declaración de intenciones tuvo reflejo en los presupuestos que el Ejecutivo autonómico diseñó para el año 2016, en los que los fondos que la Xunta prevé destinar a atender las necesidades sociales básicas de los gallegos crecen un 12,6 %, pasando de los 549 millones que el departamento de Benestar gestionó durante este ejercicio 2015 a punto de finalizar a los 618,5 que se destinan el año que viene a la consellería de Rey Varela.
La partida más significativa en esta área es la de dependencia, con 324,2 millones de euros en los presupuestos. También crece la partida destinada a la Renta de Integración Social de Galicia (risga). Esta línea de ayudas se reforzará con 5 millones más, lo que dejará la cifra global en un total de 53 millones.
Además, el programa de prestación a las familias aumentará su presupuesto un 36 %. En este capítulo se incluye una de las medidas estrella planteadas por el Gobierno de Feijoo de cara al próximo año. Se trata del cheque bebé que esta misma semana aprobaba el Consello de la Xunta.
Esta medida con la que se pretende estimular la natalidad, anunciada hace algunas semanas, ha tomado cuerpo en forma de Tarxeta Benvida. De ella podrán beneficiarse las familias que tengan un bebé a lo largo del próximo año, que dispondrán de cien euros al mes durante un año para los gastos de alimentación, vestido, higiene infantil y sanidad del pequeño. La previsión de la Xunta es que se beneficien de esta ayuda 17.000 familias y que se inviertan en su aplicación nueve millones de euros cada año -dado que el cheque bebé beneficiará a los nacidos en el 2016, y teniendo en cuenta que será de un año para cada uno de ellos, la ayuda estará vigente al menos hasta finales del 2017-.
Política Social pretende también aplicar parte de sus presupuestos a iniciativas como el plan contra la desigualdad. Además, ha reservado 9,5 millones para un complemento extraordinario del que se beneficiarán 43.000 perceptores de pensiones no contributivas, las más bajas del sistema.
Dentro de las políticas de fomento de la natalidad, que Rey Varela fijó como una de sus prioridades, se prevé el impulso a otras iniciativas como el bono guardería o un sistema de cuidadores en zonas rurales alejadas de escuelas para niños menores de tres años. También se anuncia la apertura en Lugo y Ourense de una red de casas nido integrada por treinta inmuebles.