La aseguradora de Renfe recurre el auto del Alvia porque no se investigó al ADIF

Concluye que el juez no puede cerrar la causa, pues no siguió las pautas de la Audiencia

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Redacción / La Voz

La aseguradora de Renfe, la multinacional de origen australiano QBE, presentó ayer un recurso contra el auto que pone fin a la instrucción del accidente ferroviario de Santiago, que causó la muerte a 80 personas y heridas a otras 144. Tras pedir una serie de aclaraciones, el seguro de Renfe, a pesar de su compleja posición en la causa, no está conforme con que el juez pretenda cerrar el caso con la única imputación del maquinista y atribuyendo el accidente a una única causa: el exceso de velocidad. Y considera además que esta conclusión surge de un error del juez instructor, Andrés Lago Louro, pues no se ajustó «a las pautas sentadas por la Audiencia de A Coruña» y la línea de investigación que marcó «para determinar si existen o no otros responsables penales».

Citando a los magistrados de la Audiencia, consideran que el auto obvia si los responsables de la seguridad -el ADIF- «infringieron su deber de cuidado» para adoptar unas medidas de seguridad diferentes a las rutinarias teniendo en cuenta las «especiales características del tramo» y la situación de «riesgo especial» que comportaba. El juez debió indagar, en su opinión, si la normativa interna del ADIF era insuficiente para mitigar ese riesgo, la brusca transición de velocidad de 200 a 80 por hora en la curva de Angrois. Y buscar un «consenso técnico» al respecto que aún no existe.

Los abogados de la aseguradora de la operadora concluyen que el instructor cometió otro «error»: despreciar los nuevos datos de los informes periciales que iban precisamente en la línea de investigación que marcó la Audiencia, que claramente instó al juez a investigar «hipotéticas conductas vulneradoras del deber de cuidado de aquellas personas con responsabilidades en materia de seguridad». Las pruebas practicadas hasta el momento, aducen, «no son suficientes para determinar la identidad de los responsables del accidente», por lo que ven necesario que siga la instrucción para que puedan aportarse «datos veraces sobre esa línea de investigación».

Evaluación de riesgos

QBE lamenta que el juez también omita la posible vulneración de la normativa de evaluación de riesgos a la hora de modificar los elementos de seguridad en la curva de Angrois o al desconectar el ERTMS embarcado. De haberse realizado una evaluación de riesgos, alegan, se podría haber sabido si la normativa del ADIF era suficiente para controlarlos. Si eran tolerables o no.

La fundamentación del auto para cerrar la instrucción, concluyen, «no resulta ajustada a derecho» y vulnera la tutela judicial efectiva. Las contradicciones e incongruencias de los dos peritos que investigaron estos asuntos «es suficiente para evidenciar que la existencia de otros posibles responsables no está en absoluto clara», afirman.

Los propios peritos de la aseguradora de Renfe -uno de ellos, James Catmur, experto en gestión de riesgos- concluyeron que el ADIF incumplió esta normativa, una conclusión muy similar a la de Pilar Calvo, también experta en estas lides.

Estos peritos incidieron en que la no evaluación de la desconexión del ERTMS embarcado incrementó notablemente el riesgo de descarrilamiento, pues el maquinista debía reconocer la transición antes de la curva y, de no hacerlo, el sistema habría parado el tren.

Piden por tanto que la instrucción continúe para investigar todos estos asuntos, y reclaman a la Audiencia que les acepte las pruebas que solicitaron y que fueron «erróneamente» denegadas.

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