El número de dependientes con amparo público sube hasta 41.995

La Xunta libera 9,6 millones para incorporar a 1.822 nuevos gallegos al sistema de cuidado en el entorno familiar y pagarles atrasos en las ayudas


santiago / la voz

El número de dependientes gallegos con algún tipo de amparo público subirá el mes que viene hasta los 41.995, la cifra más elevada desde la promulgación de la ley española de promoción de la autonomía personal, en diciembre del 2006. Se producirá ese ascenso en el cupo de atendidos gracias a un acuerdo adoptado ayer por el Consello de la Xunta. En virtud del mismo, se concederán en cosa de dos o tres semanas, en plena campaña, 1.822 nuevas «libranzas de coidados na contorna familiar». Esto es, a partir de ahora la Administración autonómica abonará a toda esa gente un promedio mensual de 91 euros como compensación por no trabajar fuera de casa para hacerse cargo de un pariente con sus capacidades limitadas.

Actualmente, según datos facilitados por la Consellería de Política Social, en toda la comunidad viven 65.310 dependientes con el derecho a prestaciones formalmente reconocido, de los cuales solo las reciben 40.173, un 61,5 % de los totales. Dado que algunos perceptores pueden disfrutar al mismo tiempo de más de un apoyo, el total de servicios ofrecidos por el departamento de José Manuel Rey es ligeramente superior al de individuos auxiliados. Exactamente, de 43.606: 13.684 beneficiarios de plazas en residencias y centros de día (tanto convencionales como especializados), 15.043 del citado sistema de libranzas, 12.188 del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) y 2.691 de otras consideraciones, por ejemplo, la teleasistencia.

Hacia mediados de diciembre, 1.822 familiares de sendos dependientes recogerán en sus domicilios la comunicación oficial de que a primeros de enero comenzarán a cobrar por realizar las tareas de cuidado doméstico que ahora, sin remuneración de ningún tipo, ya vienen desempeñando. Desde entonces, cada mes ingresarán en sus cuentas conjuntamente una nómina de 165.463 euros. Además, en concepto de atrasos por retroactividad del derecho de prestación, se repartirán 9,47 millones, de acuerdo con la decisión adoptada ayer por el Gobierno de Feijoo.

De manera inminente, por lo tanto, la tasa de gallegos con autonomía reducida auxiliados por la Xunta se incrementará hasta el 64,2 %, 2,7 puntos por encima de la actual. A la conclusión del 2016 será ya mucho mayor: del 77 %, aproximadamente, pues Política Social planea incorporar gradualmente al cupo de ayudadas a otras 8.000 personas a lo largo del año venidero, curso electoral. Redondeando, harán así 50.000 en las Navidades siguientes.

Para cumplir ese objetivo, la consellería de José Manuel Rey dedicará a financiar la dependencia 324,2 millones en el 2016, frente a los 298,2 incluidos para igual fin en los presupuestos de la Xunta del 2015. Es decir, las partidas asignadas a este ámbito aumentarán un 8,7 % y absorberán ya hasta un 52,4 % del dinero global a disposición de Política Social: 618.541.640 euros.

Más servicios en los colegios

Los mimbres para hacer ese cesto comenzó a habilitarlos ayer un Consello de la Xunta que aprobó un anteproyecto de ley y un decreto, supervisó dos informes y adoptó cinco acuerdos de diversa índole. Entre estos últimos destaca uno alcanzado también en el campo del gasto social. Dio luz verde el Ejecutivo a la firma de un convenio por el cual en diciembre del 2017 todos los centros de primaria y secundaria de la red autonómica, algo más de 1.200, dispondrán tanto de acceso a Internet de cien megas como de un punto wifi por cada 60 alumnos matriculados en cada colegio e instituto.

El concierto lo rubricarán la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), la entidad estatal Red.es, el Ministerio de Educación y la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. La primera de esas partes aportará a la causa un par de millones de euros, mientras que la segunda, dependiente del Ministerio de Industria, desembolsará los restantes 17,1 que resultan precisos.

Feijoo justifica los cambios en la cúpula del Chuvi para «ir máis rápido na normalización»

En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del su Gobierno, Alberto Núñez Feijoo justificó ayer los cambios en la cúpula del Complexo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi) esgrimiendo la necesidad de «ir máis rápido no acoplamento das estruturas dos servizos e na normalización plena» del Álvaro Cunqueiro. Además, un día después de que el gerente del área sanitaria olívica relevase a seis de sus directivos, reconoció «problemas» en el traslado de profesionales y pacientes al nuevo hospital de la ciudad más poblada de Galicia. «Ante as dificultades na sanidade pública -apostilló- hai dúas actitudes: seguir traballando para que funcione ou criticar o seu funcionamento. Eu apúntome á primeira».

El presidente de la Xunta realizó esas declaraciones después de que su Ejecutivo hubiese aprobado diversos textos, entre ellos, el anteproyecto de Lei da Economía Social de Galicia, que ahora deberá tramitar y validar el Parlamento. La nueva norma regula un sistema que aglutina a 320.000 personas y 7.000 entidades: cooperativas, cofradías de pescadores, sociedades laborales y agrarias de transformación, comunidades de montes vecinales, centros de inserción... El documento, que la Administración ha decidido acompañar de una nueva línea de microcréditos dotada con cinco millones de euros, fomenta especialmente la creación de cooperativas juveniles, tanto con estímulos económicos como con una notable reducción de las trabas burocráticas.

Además, el Consello autorizó el decreto que regulará la acción exterior de la Xunta y un acuerdo para adquirir 76.000 nuevas tarjetas del transporte metropolitano.

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