La nueva Lei do Solo renuncia a definir las sanciones para las obras inacabadas

El Gobierno gallego temperó finalmente su intención de combatir con mano dura el feísmo y castigar con multas de hasta 25.000 euros a los propietarios de edificaciones con el exterior a medio acabar o con anexos que exhiben los ladrillos al aire. El Parlamento gallego aceptó ayer a trámite, y solo con los votos favorables del PP, el proyecto de Lei do Solo de Galicia, en el que quedan sin definir las sanciones para los supuestos de obras inacabadas, si bien desde la Xunta aseguran que se recogerán debidamente en un reglamento posterior que carece de fecha para ver la luz.

La conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, Beatriz Mato, fue la encargada de subir ayer a la tribuna de O Hórreo para defender el proyecto normativo, aprobado por el Consello de la Xunta en octubre del año pasado, cuando el jefe del Ejecutivo, Alberto Núñez Feijoo, refrendó su compromiso de luchar «con contundencia legal contra o feísmo», contundencia que, al menos por ahora, queda expresada exactamente en los mismos términos que en la ley del 2002, que sufrió diez modificaciones posteriores.

Eso sí, Mato resaltó que el nuevo texto «reforza a obriga de rematar exteriormente as construcións», dijo, lo que contribuiría a acabar con el deterioro del pasaje gallego. Es un propósito que tiene refrendo en varios artículos del nuevo proyecto de ley, pero en los términos en que figuraba ya en la normativa actual. Es decir, que en el catálogo de infracciones y sanciones no se alude expresamente a «construcciones inacabadas», aunque tanto los concellos como la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (Aplu) tienen capacidad para actuar en este tipo de supuestos, que quedarán «mellor definidos», dicen desde la Xunta, en un reglamento posterior.

Planes básicos de urbanismo

La conselleira Beatriz Mato definió durante el debate de totalidad los principales objetivos del texto, que pasan, dijo, por que el planeamiento urbanístico llegue «ao 100 % dos concellos», mediante la figura del plan básico municipal que elaborará la Xunta para los concellos de menos de 5.000 habitantes que no dispongan de la capacidad técnica de promover su propio ordenamiento. Insistió también en que el tiempo de tramitación administrativa de los planes urbanísticos se reducirá en un 75 % y que el silencio administrativo será interpretado siempre en sentido positivo.

La responsable de Medio Ambiente también remarcó que otra de las finalidades del proyecto de ley, que podría ver la luz hacia finales de febrero, cuando supere su fase de tramitación parlamentaria, consiste en «promover e facilitar o desenvolvemento do medio rural» y «garantir a máxima protección da paisaxe galega», fomentando sobre todo la rehabilitación en el ámbito rural en detrimento de la nueva construcción.

Y es que Mato puso de relieve que en terreno rústico solo se podrá construir viviendas vinculadas a explotaciones agropecuarias. Otro aspecto de la ley es que las viviendas anteriores a 1975 se considerarán tradicionales y se podrán ampliar hasta el 50 %, en lugar de hasta el 10 % que fija la ley actual. Además, en la construcción en el rural se reduce la superficie mínima urbanizable de los 5.000 a los 2.000 metros cuadrados.

En cuanto a la protección de la costa, pasa de la franja de 200 a 100 metros, las mismas distancias que fija la ley estatal de 2013, pero también en el Plan de Ordenación do Litoral aprobado por la propia Xunta.

La nueva norma verá la luz hacia finales de febrero, cuando concluya su tramitación

La oposición califica el texto de «paso atrás»

Todos los grupos de la oposición recibieron el proyecto de Lei do Solo con enmiendas de totalidad, en las que pedían la devolución del texto al Gobierno por entender que trata de una ley «de devaluación», con «menor solvencia xurídica» que la actual, en palabras del diputado socialista Xosé Sánchez Bugallo. Y es que entiende que el nuevo documento «elimina» partes positivas, como algunas definiciones, mientras que mantiene «o inútil, farragoso e innecesario».

También cuestionó Bugallo que se rebaje la protección del ámbito rural, que queden redactados de forma ambigua conceptos como los «usos impropios» o que el suelo rústico sea definido por exclusión.

Desde el grupo Alternativa Galega de Esquerda (AGE), Antón Sánchez resaltó que «temos unha hiperinflación de dereito ao solo, pero un fracaso no ordenamento». En su opinión, la nueva ley supone una vuelta «á barra libre» en la planificación urbanística y agregó que supone una aproximación «sectorial» a la ordenación del territorio, pero no «integral», a la vez que aprecia tras el texto una renuncia al control autonómico sobre el territorio.

Norma liberalizadora

Para la viceportavoz del BNG, Ana Pontón, el proyecto de ley es «liberalizador» y está al servicio de la «especulación» urbanística. «Lonxe de solucionar algúns problemas -abundó-, vai a supoñer un paso atrás do que xa temos». También contestó la diputada nacionalista que la nueva ley pueda ser el resultado de un proceso de diálogo con 72 agentes sociales, a lo que aludió la conselleira de Medio Ambiente en su intervención. «A lei non nace de ningún consenso, ¿de que consenso fala?, ¿con quen?», inquirió. Desde el grupo Mixto tomó la palabra la diputada Consuelo Martínez, quien también criticó la falta de consenso y tachó el texto de electoralista.

Jaime Castiñeira, por parte del PP, enarboló el discurso contrario al destacar los aspectos positivos de la normativa, como la que se propone acabar con el feísmo y las viviendas a medio acabar. También hizo un emplazamiento al PSOE para llegar a algún entendimiento, pero fue en vano.

Los cambios de la futura norma urbanística

La nueva ley urbanística que propone el Ejecutivo de Núñez Feijoo pretende agilizar la tramitación de los planeamientos y regulariza las edificaciones previas a los planes urbanísticos.

Edificios anteriores al PXOM

La ley que debate el Parlamento reconocerá miles de viviendas y naves industriales que fueron edificadas antes de que los concellos en los que se asientan tuviesen planeamiento. La norma permitirá que esas edificaciones pasen a estar dentro de ordenación, lo que dará seguridad jurídica a sus dueños, que actualmente no pueden utilizarlas como garantía hipotecaria y que soportan restricciones a la hora de realizar obras. Solo quedarán fuera las que estén en zonas verdes, afecten a viales o a equipamientos públicos, en cuyo caso solo estarán permitidas actuaciones de mantenimiento.

Obras en suelo rústico

La Xunta apuesta por el suelo rústico como espacio productivo y suprime en esta ley las categorías de protección agropecuaria y forestal. Los alcaldes serán los encargados de autorizar las edificaciones en ese suelo, donde además de las vinculadas al sector primario también podrán instalarse cementerios y depuradoras. Solo las de uso turístico o ganadero precisarán autorización autonómica.

Remate externo

El nuevo texto legal reitera la obligación de concluir las fachadas. Urbanismo pretendía que la multa a los propietarios de estas viviendas inacabadas tuviese carácter imperativo para los alcaldes, pero estos mostraron su disconformidad con la propuesta. Finalmente, el texto ha relajado las exigencias sobre este punto.

Planeamiento básico

La Xunta dotará de planeamiento básico a los concellos con menos de 5.000 vecinos, y deja la puerta abierta a los que superen esa cifra.

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