«Ningún juzgado puede convertirse en una mini Audiencia Nacional»

Suanzes, fiscal superior de Galicia, advierte de que los casos con dilaciones judiciales suelen terminar con absoluciones


redacción / la voz

«Me gustaría una buena comunicación de los fiscales con los medios de comunicación y, por extensión, con los ciudadanos». Fernando Suanzes Pérez (Ferrol, 1953), que cumple siete meses al frente de la Fiscalía Superior de Galicia, apuesta por hacer más cercana la labor de los fiscales. «Todo el mundo destacó la gestión del fiscal francés en el caso del avión de Germanwings. Es un modelo en el que debemos de progresar», dice Suanzes, que se encontró una Fiscalía «implantada en la sociedad gallega».

-Pero quedan cosas por hacer.

-Tenemos que desarrollar la nueva oficina fiscal, aplicar la modernización tecnológica y, desde el punto de vista operativo, continuar en la lucha contra la corrupción, la violencia contra las mujeres, los incendios forestales... Pero por encima de todo me gustaría dar a la Fiscalía de Galicia un nivel de excelencia que sea comprendido por los ciudadanos.

-Hablaba del caso del fiscal francés. ¿Podría darse en España?

-Naturalmente. Es uno de los objetivos. Creo que por ley no hay limitación. Es más un problema de coordinación. Hoy en día resultaría avanzado que en un caso como el del Prestige, por ejemplo, fuese el fiscal el que dijera cómo se desarrolla el caso. Y no digo que sea el fiscal el que dé todas las noticias, pero avanzar hacia algo parecido por parte de fiscales y jueces creo que sería bueno para todos.

-¿Qué labor hace un fiscal?

-El fiscal es un operador jurídico polivalente, que hoy va a un juicio civil, mañana a uno penal y pasado hace una investigación. Y ahora el legislador parece orientado a que el fiscal esté siempre presente en los casos, y claro, eso nos crea un problema enorme. En Galicia somos 146 fiscales titulares y solo en materia penal circulan por los juzgados 220.000 asuntos. Estar en un sitio y en otro a veces es complicado. Es necesario un aumento del número de fiscales y de funcionarios.

-Y en la reforma procesal será el fiscal quien pida o no prórrogas en las instrucciones judiciales.

-La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal tiene aspectos positivos, como que los atestados sin autor conocido se queden, de forma general, en las sedes policiales. Pero hay puntos que veo negativos. La limitación de plazos en la instrucción es un sistema lógico que parte de la idea de que el ciudadano no puede estar indefinidamente investigado, y de que víctimas y querellados deben tener una respuesta en un plazo razonable. Pero el de plazos procede de sistemas acusatorios puros en los que el fiscal es quien desarrolla toda la investigación, y tiene control absoluto sobre los procedimientos. Desde que la reforma entre en vigor, en diciembre, se pone el contador a cero a todos los asuntos en trámite. Y la ley prevé que el fiscal sea quien pida prórrogas de seis meses, año y medio, tres años o incluso más, si es necesario. Y con los medios telemáticos actuales eso es todavía el futuro. Eso nos sitúa a los fiscales en un escenario de dificultad extrema y en algunos casos rayando la imposibilidad absoluta. Pese a eso garantizo el trabajo y el compromiso de todos los fiscales.

-¿Esos plazos reducirán las dilaciones en las instrucciones?

-Es evidente que todas las instrucciones han de terminar en un plazo racionalmente admisible. Los problemas de gestión se exasperan en las causas complejas que suelen desembocar en estos macroprocesos de multitud de folios y diligencias extraordinariamente complicadas. Hay que adoptar nuevas fórmulas de gestión, en la medida de lo posible y con los medios actuales. En mi opinión, si se traslada la investigación al fiscal, con una regulación generosa del principio de oportunidad, terminaríamos con la mayor parte de las dilaciones.

-Esos retrasos han hecho mucho daño.

-La dilación daña no solo a las partes involucradas, sino que genera también una imagen internacional y afecta a la Administración de Justicia en sí misma. La lentitud es siempre un problema grave.

-¿Cuando dijo que la mejor manera de no llevar nada es intentar llevarlo todo se refería al caso Pokémon?

-En los asuntos que han llegado al Tribunal Superior de Xustiza derivados del caso Pokémon he constatado un trabajo reflexivo, prolijo y continuado que no se puede más que entender como algo positivo de la instructora. A lo que me refiero en este caso, y en muchos otros con un volumen de folios considerable, es que hay que aplicar la racionalidad y el sentido común. En casos complejos, en los que en el futuro la Fiscalía tendrá que pedir prórrogas en la instrucción, hemos de llegar a una gestión adecuada. Y no se puede pretender que ningún juzgado en España se constituya en una mini Audiencia Nacional que absorba todos los casos. Eso convierte las instrucciones en ingobernables y producen dilaciones que la práctica y la realidad demuestran que terminan con absoluciones de buena parte de los imputados.

-En la Pokémon se investiga la corrupción, supongo que una de las preocupaciones de la Fiscalía.

-La corrupción afecta a las instituciones, a su credibilidad, a la imagen internacional y a la convivencia del sistema democrático. La Fiscalía tiene una posición decidida y de rigor contra la corrupción, pero creo que no debemos caer en el alarmismo. En Galicia se incoaron el año pasado 412 delitos de corrupción, el 0,22 % del total de ilícitos penales.

-Las víctimas del caso Alvia están molestas porque el fiscal solo acusa al maquinista.

-Las víctimas, los familiares y los perjudicados del caso Alvia tienen toda la legitimidad jurídica y moral para exigir que se cumplan sus demandas. Nosotros comprendemos y respetamos cualquier posición procesal de las víctimas y lamentamos no coincidir con ellas, porque para la Fiscalía es una prioridad dar satisfacción a las víctimas en todo proceso penal. Pero la Fiscalía actúa bajo parámetros de imparcialidad y legalidad. Y de acuerdo con las pruebas practicadas y el desarrollo del procedimiento, la Fiscalía Superior respalda absolutamente al fiscal que ha llevado el caso, cuyo escrito de acusación de 122 folios evidencia en sí mismo un estudio detenido, complejo y sólido del asunto, y que entiende que solo el maquinista es el responsable penal.

-La cuestión del jurado vuelve a debate con el caso Asunta.

-El jurado lleva tiempo suficiente en España como para que un ciudadano sea capaz de interiorizar nuestro sistema, que no es igual al de otros lugares, como por ejemplo EE.UU., donde el jurado solo dice culpable o inocente. Las dificultades se exasperan un poco más en el caso Asunta porque no había una prueba directa. Es decir, no hay alguien que haya visto cómo se ha cometido el hecho. Hay pruebas indirectas o indiciarias, que siempre son más difíciles de fundamentar. Pero, por los casos que yo he tenido con jurado, creo que el ciudadano logra meterse dentro del sistema y comprender la trascendencia de lo que va a decidir.

-¿Un fiscal se enfrenta de manera distinta a un caso con jurado?

-El fiscal tiene que ser más didáctico, explicar cosas a los jurados que con un tribunal profesional pueden ser impropias porque el juez y las partes conocen el derecho.

-La Fiscalía mediará otra vez en el conflicto gitano.

-Ese conflicto está ahora judicializado. En su momento, la Fiscalía hizo una labor de mediación, que ahora no procede. En modo alguno la Fiscalía Superior va a mediar. Ahora toca aplicar la ley.

-¿Investiga el fiscal la denuncia de una mujer que acusa a Baltar de ofrecer trabajo por sexo?

-Poco más puedo decir que lo que ha dicho el fiscal jefe de Ourense. Está estudiando y valorando si ese escrito, que hay que entenderlo como una denuncia, tiene contenido penal y si hay que archivarlo o formular querella. Todo lo que entra en la Fiscalía se trata de forma rigurosa y seria y puede generar diligencias.

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