La acusación contra el barón ourensano convierte en papel mojado su compromiso con el código ético y daña la imagen del partido en Galicia
01 nov 2015 . Actualizado a las 11:13 h.Hay algo en lo que José Manuel Baltar puso especial empeño en los últimos cuatro años. Y es en demostrar con una serie de gestos que tiene poco que ver con la persona a la que sucedió al frente de la Diputación de Ourense y de la presidencia provincial del PP, José Luis Baltar, que es su padre. Ambos comparten siglas políticas y genética, pero el padre era de trombón y el hijo de los Beatles; uno manejó la política benefactora del «feito» y el otro se atiene a lo que diga el reglamento; la opacidad y el enchufismo que persiguió siempre al primero se transmutó en el segundo en una mayor transparencia. «Baltar o fillo no es Baltar», canta la ya célebre parodia hecha en Ourense del Bailar pegados de Sergio Dalma. Y la letra parecía llevar razón, hasta que esta semana todo empezó a desmoronarse con una denuncia, que de rebote trastoca la hoja de ruta trazada por Feijoo para iniciar la remontada electoral.
Una mujer acusó a Baltar Blanco de ofrecerle un puesto de trabajo a cambio de servicios sexuales, exhibiendo además públicamente una serie de mensajes y grabaciones que guardó durante cinco años. El acusado -de momento solo en los medios y no en los juzgados- niega los hechos que se le atribuyen e incluso los circunscribe a la esfera personal. Intento vano, por otra parte, porque el asunto se abrió camino de inmediato en la agenda política gallega.
A Baltar Blanco se le agotó de forma abrupta lo que Pedro Puy, portavoz de los populares en el Parlamento, definió en su día como la «enmenda edípica» hecha a su padre. Ciertamente, si Baltar Pumar fue señalado y procesado por sus controvertidas contrataciones en la Diputación, su hijo destacó por hacer lo contrario y despedir a 32 empleados.
Asistencias socialistas
También pidió asistencia a dos personas situadas en la órbita del PSOE, el abogado Miguel Diéguez y el exdiputado Lage Tuñas, para elaborar, en el primer caso, una ordenanza de contratación que limitara el control político sobre las oposiciones y, en el segundo caso, un plan de transparencia y de buena praxis en el organismo provincial. De igual modo, el presidente provincial impulsó un código ético para aplicarlo en la institución que dirige, antes incluso de que Feijoo aprobara en el que rige también la Xunta.
Fue con esta serie de gestos con las que Baltar, o fillo, marcó distancias con la forma que tenía su progenitor de entender la Administración pública. El viento soplaba a su favor y los resultados electorales ayudaron a hinchar todavía más velas. Con las elecciones de mayo, tocó techo la «enmenda edípica» de Baltar, puesta en valor por él mismo con una serie de gráficas que reflejaban los votos sachados por su maquinaria en la provincia.
Porque el hombre que le puso cara a uno de los mejores resultados del PP se vio envuelto esta semana en un asunto lo suficientemente delicado como para no tomárselo a broma. Varias diputadas del Parlamento, como María Quintas (PSdeG) o Carme Adán (BNG), aludieron a un caso flagrante de «acoso sexual» y le exigen explicaciones al mismo presidente de la Xunta.
Algún intento hicieron los populares en circunscribir este caso al ámbito personal de Baltar. Al fin y al cabo, dicen en la dirección del partido, en ningún momento valoraron ellos utilizar políticamente asuntos como el del alcalde socialista de Catoira, imputado por acoso sexual, o el del acompañamiento al cuartel de la esposa de Julio Sacristán, secretario provincial del PSOE coruñés, por una supuesta estafa.
Pero el empeño del PP fracasó. Feijoo no se libró en toda la semana del baltarato y de ver la imagen de su partido asociada a lo peor de la política. Es pronto para saber si la defensa contenida que está haciendo del barón ourensano puede tener algún coste político. Por lo de pronto, a Feijoo le trastoca la agenda y le agua la secuencia de hechos trazada desde la remodelación de su Gobierno para iniciar la remontada y recuperar parte del 9 % del electorado que perdió en las elecciones municipales.