La Xunta pagó 100 millones en 3 años por expropiaciones

Prevé que la inversión en obra pública creará 31.000 empleos y la oposición ve las cuentas electoralistas


santiago / la voz

El clima preelectoral, caldeado ahora por la convocatoria oficial de las generales, dominó ayer el debate parlamentario sobre las cuentas de la Consellería de Infraestruturas. Su responsable, Ethel Vázquez, se aplicó en defender que también el departamento de las grandes obras se ha impregnado del giro social diseñado por Feijoo para el tramo final de su segundo mandato. Vázquez enfatizó así la apuesta por la vivienda pública y las ayudas para prevenir desahucios, un discurso que la oposición tachó de electoralista. Entre la batería de cifras, la conselleira deslizó que la Xunta destinó 100 millones desde el 2012 a pagos pendientes por expropiaciones forzosas de terrenos.

La conselleira desgranó unas partidas que le permitirán gestionar 370,4 millones en el 2016, un 11 % más. Destacó que la inversión en vivienda subirá un 20 %, y las ayudas en este ámbito, un 39,3. Entre ellas, subrayó el respaldo al Bono de Aluger Social, concebido como de apoyo inmediato a las familias que corren el riesgo de ser desahuciadas por impago del alquiler. Se trata de una ayuda de hasta 4.000 euros repartidos en 150 mensuales durante 12 meses, que puede ser ampliable a otros 12, y una inyección única de 450 euros para afrontar pagos atrasados y gastos de formalización del nuevo contrato. Este programa tendrá una dotación de 1,5 millones. Vázquez estimó que la inversión en obras públicas y suelo industrial permitirá movilizar 31.000 empleos en el año de convocatoria de las autonómicas.

La oposición desacreditó por oportunistas unas cuentas que considera hilvanadas pensando en las urnas. «Parece que pensan facer nun ano o que non fixeron nos sete anteriores», recriminó Antón Sánchez. Al igual que el diputado de AGE, también Sánchez Bugallo (PSOE) acusó al Ejecutivo de Feijoo de querer maquillar una «liquidación da inversión pública en vivenda». Ana Pontón (BNG) advirtió del aumento de la hipoteca que representa para las cuentas públicas el pago de peajes a las concesionarias de viales.

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