El Sáhara, con el agua al cuello

El Parlamento gallego y la Sogaps lanzan una petición de ayuda de emergencia con los refugiados saharauis, donde las inundaciones destruyeron más de 4.400 viviendas  


Santiago

«La población saharaui de los campamentos se ha quedado sin nada, sus casas de adobe se derriten como la mantequilla al sol, y lo más preocupante es que ahora empiezan las enfermedades». De este modo describe el psicólogo Hafdala Mani, miembro de Solidaridade Galega co Pobo Saharaui (Sogaps), los cuantiosos daños que provocaron las inundaciones en los campamentos de Tinduf (Argelia), donde más 4.400 jaimas y viviendas precarias se diluyeron como azucarillos bajo las precipitaciones más intensas de los últimos cuarenta años.

Varios miembros de la Sogaps, con su presidenta al frente, Maite Isla, visitaron este viernes el Parlamento de Galicia, donde recibieron el apoyo de todos los grupos políticos (PP, PSdeG, AGE, BNG y Mixto) con el fin de lanzar una petición de ayuda urgente a los refugiados, pues muchos de los 326 niños saharauis que este año pasaron el verano en Galicia también han perdido su hogar. «As casas que quedan en pé son as que están servindo de refuxio ao resto», relata Maite Isla, y hay muchas personas que «escapan cara as dunas e as colinas» para dormir al raso a resguardo del agua.

Por el momento se ha registrado una víctima mortal, una niña a la que se derrumbó su casa encima, pero la Sogaps teme ahora por las epidemias que puede hacer mella en una territorio yermo, donde las inundaciones echaron a perder los alimentos y las medicinas que había almacenadas.

«Necesitamos ayuda de emergencia», manifestó ante los diputados gallegos el delegado saharaui para Galicia, Habibullá Mohamed, especialmente para adquirir medicamentos y alimentos en Argelia. Para ello, la Sogaps habilitó un número de cuenta: ES51 2080 5409 11 3040113236.

Países como Italia y Brasil ha reaccionado a la petición de ayuda internacional lanzada por las autoridades saharauis. Desde Galicia, Maite Isla echa en falta que no hubiera «un pronunciamento similar» desde el Gobierno de España, aunque confía en que tanto la Administración del Estado, como las comunidades autónomas y las asociaciones sabrán estar a la altura.

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