La operación Zeta se atasca

alberto mahía A CORUÑA / LA VOZ

GALICIA

En el centro, Gerardo Crespo, el principal imputado de la trama.
En el centro, Gerardo Crespo, el principal imputado de la trama. CÉSAR QUIAN

La jueza no puede avanzar en la instrucción del caso de los cursos de formación porque falta el informe de Hacienda sobre los bienes de los 31 imputados

18 oct 2015 . Actualizado a las 12:25 h.

Mientras el informe de la Agencia Tributaria sobre las cuentas y movimientos de los imputados en la operación Zeta no llegue al Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña, la investigación por supuestas irregularidades en cursos de formación no puede continuar. Esa documentación se le pidió a Hacienda a principios del 2012, poco después de comenzar las pesquisas que llevaron nada menos que a 31 personas a ser imputadas. Los principales sospechosos se han negado a declarar hasta que no tengan en sus manos el informe de Hacienda cuya elaboración se prolonga por su complicidad y extensión.

La causa ya lleva escritos nada menos que 25 tomos. En ellos, el grupo de investigación de delitos económicos de la Policía Nacional llegó a la conclusión de que entre 2008 y 2012 varias asociaciones o instituciones defraudaron unos 20 millones de euros en cursos de formación subvencionados que no se hacían o se hacían mal. En la cima sitúan a las compañías del empresario coruñés Gerardo Crespo. Sería el encargado de organizar los cursos de formación o los proyectos de empleo. A él le contrataban entidades como las de autónomos o de hosteleros para que sus empresas impartieras las clases. Pero, según la Policía y la Fiscalía, se repartían las ayudas y esos cursos no se llegaban a realizar o se hacían mal; si bien hasta el momento nadie de los que acudió a declarar dijo que esos proyectos formativos no se hicieran.

El empresario coruñés, cercado por cientos de declaraciones, grabaciones y papeles que lo sitúan al frente de una supuesta conspiración entre él, responsables de entidades profesionales y cargos públicos para enriquecerse con subvenciones, no se reconoce ni en el primer párrafo del sumario. No se le saca ni un «tal vez me equivoqué ahí» o «puede que no debiera haber hecho tal cosa». Ya no es que se muestre inmaculado, es que culpa a la policía, como a los políticos, de todo lo que le pasa. Y le ha pasado de todo en estos más de tres años de instrucción. Fue sancionado por la Administración, presentó un concurso de acreedores y cerró algunas de sus empresas.