Permiten abortar a una viguesa de 15 años contra la opinión de sus padres

La Rede de Mulleres Veciñais de Vigo lamenta que la menor haya quedado bajo tutela e internada, y augura más pleitos tras la aprobación de la reforma


VIGO / LA VOZ

La jueza de Familia de Vigo que autorizó a una viguesa de 15 años para abortar ha creado un precedente para aquellas menores que tengan conflictos con sus padres o tutores porque se oponen a que interrumpan el embarazo. Así lo creen asociaciones de defensa de los derechos de las mujeres de Vigo consultadas, que dan por hecho que, en breve, surgirán nuevos pleitos a causa de la reforma de la ley de aborto que entró en vigor el 23 de septiembre y que obliga a las menores a contar con el consentimiento paterno para abortar.

En el primer caso conocido en Galicia, la quinceañera pidió el amparo de la Fiscalía de Menores que aceptó el caso porque vio que la adolescente estaba en una situación de «riesgo» de exclusión social y de inminente peligro por el conflicto con sus padres, que se oponían por sus convicciones evangelistas y se ofrecían a cuidar al nieto. Apelaron a la nueva ley que obliga a las menores de 16 y 17 años a contar con el consentimiento de sus progenitores o tutores. La reforma, que estaba ya en vigor, exigía el consentimiento paterno pero la titular del Juzgado de Primera Instancia número 5 de Vigo, tras la intercesión del fiscal de protección de menores, autorizó a abortar a la menor porque procedía de un entorno desestructurado. Aunque su decisión iría contra el espíritu de la ley, hay un apartado que lo permite en interés de la menor.

El aborto se realizó hace una semana en el hospital Álvaro Cunqueiro, pues cumplía el resto de los requisitos legales. Luego, la menor ingresó en un centro tutelado para seguir el programa.

La Fiscalía mantiene mutismo sobre el caso, cuya existencia ni siquiera confirma, para no invadir la intimidad o privacidad de una menor que tiene un problema personal por una cuestión entre ella y su familia. Lo que trasciende es que hubo un debate sobre el criterio que se podía adoptar y en el que jugaba un importante papel el permiso de los padres. En todo caso, no había un criterio general para aplicar la modificación. Además, en supuestos como este, la Fiscalía analiza si la familia está estructurada, antes de aplicar la ley, para lo que tampoco hay un criterio determinado. El fiscal acabó por estimar lo que era mejor para la menor tras analizar su situación personal.

El pleito de Vigo ha despertado preocupación entre las asociaciones en defensa de las mujeres porque pone de relieve los efectos de la reforma del aborto. La portavoz de la Rede de Mulleres Veciñais contra os Malos Tratos de Vigo, Rosa Fontaíña, auguró ayer que la modificación legal generará litigios similares en los que los padres se opongan a que su hija adolescente interrumpa el embarazo y que esta pida amparo. Por el momento, en los dos juzgados de Familia de Vigo solo se ha dado un caso.

Fontaíña cree que hay que profundizar en la razón de estos pleitos. Lo que se dirime no es tanto una cuestión de religión como de ideología. Sostiene que aquí los padres tenían creencias evangélicas pero que no tardarán en surgir conflictos en familias católicas que esgrimirán argumentos parecidos. «Antes desta lei non había problemas. A lei acaban de poñela e vai haber moitos casos máis así. Ten que ser a filla a que decida e non os outros, isto vainos enfrontar», dice Fontaíña. Recuerda que también cobran importancia otros intereses, porque «a moitos pais gustaríalles ter un netiño ou un crío na casa». Y no faltan ejemplos, cuando tras una separación, los abuelos llevan a juicio a su ex nuera para tener a su nieto en casa. Para Fontaíña, la nueva reforma, enfrentará a padres e hijas y supone «un pau ás liberdades».

Una abogada de Familia de Vigo añadió: «Hay muchos padres que no son partidarios del aborto y votantes del PP que también se opondrán y habrá muchos conflictos».

Las feministas piden que la adolescente no sea retenida en un centro de acogida

La portavoz de la red de mujeres vecinales de Vigo, Rosa Fontaíña, también estudia posibles acciones de su asociación en defensa de la menor porque fue tutelada e internada en un centro de protección, algo que califica como «malos tratos» a la adolescente. Lamentan que haya tenido que quedar bajo tutela tras abortar.

Fontaíña argumenta que si la razón para internarla fue que su ambiente familiar era desestructurado, la Administración podría haber intervenido antes. «Estamos en contra do ingreso en un centro, algo faremos porque non vemos que a rapaza teña que ser tutelada, é como se as mulleres tivesen que pasar dun propietario a outro. A rapaza non ten que estar recluída por esta situación, se a súa familia estaba mal antes, o que falla é o sistema, que non traballa na prevención», dijo.

La asociación quiere profundizar en las consecuencias de la reforma legal del aborto porque la gestión del primer caso viene a decir que «unha cría de 15 ou 16 años no está preparada pero nos pensamos que é un maltrato. Isto ten moita relación co ámbito no que traballamos. Non sabemos máis detalles porque a cousa está moi recente e porque antes non nos atopamos con esta problemática pero damos por feito que isto mesmo vaise plantexar noutras ocasións».

Para la Fiscalía, hablando en general y no de este caso en concreto, que ni siquiera confirma, es que el criterio del ministerio público dependerá de cada caso en particular. El tiempo dirá si se consolida una tendencia clara.

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