El abogado de Besteiro recurre y dice que la jueza lleva a cabo una investigación «inquisitorial» que alarga artificialmente
16 oct 2015 . Actualizado a las 05:00 h.El día en que las partes recibieron el contenido de un total de 32 tomos, la jueza que instruye la operación Pokémon acordó prorrogar por un mes más el secreto de casi 500 folios contenidos en un total de 11 volúmenes, tres años después de iniciada la operación. La medida, dice en un auto, tiene como finalidad el no «interferir en el curso y desarrollo de cada uno de los procedimientos» y poder tramitarlos.
Ayer, los abogados que defienden a imputados en la macrocausa pudieron conocer transcripciones de conversaciones telefónicas y múltiples informes de Vigilancia Aduanera referidos a actividades llevadas a cabo en el año 2012. En su mayoría se trataba de comunicaciones que fueron mantenidas por el responsable de Vendex en Galicia, José María Tutor, con diferentes contactos en la comunidad, especialmente con su enlace en Lugo, Javier Reguera.
Investigación retrospectiva
Cándido Conde Pumpido, abogado del líder de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, anunció que interpondrá un recurso contra la decisión de la jueza de revisar sus cuentas y las de su esposa porque cree que pudieron haber adquirido irregularmente un piso.
El letrado de Besteiro asegura que la jueza De Lara no tiene competencia para investigar el caso y que es ilegal llevar a cabo una investigación retrospectiva con respecto a su cliente. Asimismo, definió como «inquisitorial» dicha investigación.
Excusas para investigar
Pumpido considera que la jueza de la Pokémon quiere tener excusas para poder seguir la investigación y alargarla «artificialmente y con ello seguir proyectando sospechas sobre Besteiro, sin tan siquiera llamarlo a declarar. No quiero pensar que lo hace con ánimo de perjudicar», afirmó el abogado.
Vendex recusa a la magistrada por una «actuación irregular continuada»
La principal empresa investigada en la operación Pokémon, Vendex, presentó un escrito en el juzgado para reclamar que la jueza se abstenga de seguir llevando a cabo la instrucción como consecuencia de «una actuación irregular continuada». En caso de no hacerlo, el letrado de esta empresa solicita la recusación de la instructora, entre otras razones porque «se ha extralimitado en sus funciones que suponen una injerencia abusiva en las garantías de los justiciables».
«Solo cabe el voluntario apartamiento de la instructora mediante la abstención o que intervenga la Audiencia Provincial, ordenando su recusación», expresa el escrito. El letrado dice, además, que la investigación fue realizada por funcionarios (Vigilancia Aduanera) «en contra de las funciones que les son propias». También alega que la prórroga del secreto de sumario durante los tres años es otro motivo de recusación.