José Antonio Redondo: «Ha habido mucha corrupción y eso daña la actividad pública»

Su nombramiento como conselleiro maior de Contas abre una etapa en la que el fiscalizador asume más tareas. José Antonio Redondo (Lugo, 1951), que coincidió con Feijoo en la Xunta en el tramo final de su gestión como director del Instituto Galego de Vivenda (1995-2005), vincula los nuevos cometidos a la preocupación social creciente por la corrupción, que obliga a garantizar el correcto empleo del dinero público. Una de las lupas estará puesta en la contratación.

-La reforma de Contas aumenta sus competencias en materia de prevención de la corrupción.

-Obedece a una demanda social. Hay una preocupación muy fuerte por la corrupción, y la ley se refiere a su prevención. En la fiscalización se tendrá muy en cuenta si entes y administraciones tienen protocolos que eviten el riesgo de corrupción. También nos encargan tutelar, formar y colaborar con las instituciones para elaborar sus protocolos. En tiempo de crisis, los dineros públicos merecen una garantía de que se usan de forma correcta.

-¿Hasta dónde llegará Contas en el desempeño de esa función y dónde no podrá entrar?

-Contas no tiene capacidad de enjuiciamiento. No entra ahí. Evidentemente, si tiene indicios de este tipo debe ponerlos en manos de quien sí tiene esa capacidad. Pero con la nueva ley también pasamos a controlar las subvenciones de los partidos políticos y a asesorar al Parlamento en aspectos económicos.

-¿Pero entiende que se le pide al fiscalizador alguna función que no pueda desempeñar?.

-No, no. Muchas veces se ve a Contas como el inquisidor, viendo lo negativo. Pero Contas hace informes relacionados con la eficiencia en la administración de los organismos. Este es un paso más. No solo vamos a mirar lo que es la legalidad, la eficiencia, sino también que los organismos tengan alertas para que se eviten posibilidades de riesgo en la contratación pública.

-En cierto modo, el aumento de tareas encomendadas a Contas evidencia que hasta ahora la corrupción no preocupaba tanto.

-No lo veo así. Contas debe dar seguridad al ciudadano del uso correcto de los recursos. Ahora el trabajo es más llevadero. La colaboración de instituciones y entes locales es total, y con los sistemas telemáticos la transferencia de información es instantánea. El Parlamento responde a la inquietud social. Y debemos asumir esas funciones. Tenemos capacidad y profesionales. El Consello es una garantía.

-Más funciones, aunque con los mismos medios para atenderlas.

-Sí, son los mismos. Estamos con la elaboración del reglamento de la nueva ley. Vamos a constituir la sección anticorrupción. Pero ya digo que el trabajo ha cambiado, aunque si detectamos que faltan medios, mi responsabilidad es pedirlos.

-Hay contradicciones. La ley de Contas les encomienda buscar incrementos patrimoniales de altos cargos. Pero la futura norma sobre transparencia recorta las multas previstas inicialmente a los que ocultan su patrimonio.

-Lo importante es que el patrimonio del servidor público debe ser transparente y accesible a la sociedad, y que cuando cese en el cargo no se haya producido un enriquecimiento. Establecer multas, como fijar niveles a partir de los cuales se considera que algo es o no un regalo, me parecen planteamientos difíciles de evaluar. Hoy en día, estas cosas son muy transparentes. Los servidores públicos lo tienen muy claro, y no creo que nadie haga cosas fuera de lo normal. Hoy se detecta cualquier anomalía.

-Sí, pero usted asume que existe una mayor inquietud social por los casos de corrupción.

-Sí, son momentos difíciles. Ha habido muchos casos de corrupción. Desgraciadamente, son actualidad continua. Y eso daña la actividad pública. Pero la sociedad debe saber que los responsables públicos realizan una actividad cuyas retribuciones no son acordes a lo que percibirían en la privada. Debemos valorar el trabajo de gente honesta, trabajadora, que realmente son los que elevan la categoría de la Administración.

-Bien, pero los casos de cargos públicos imputados están ahí, y no dejan de salir otros nuevos.

-Es triste. Yo vengo del mundo de la universidad. Ser profesor de la universidad era un orgullo.

-Puede seguir siendo un orgullo ser profesor. Eso no tiene que ver con los casos de corrupción.

-Sin embargo, no veo que exista ese orgullo. Tenemos que recuperar el orgullo del trabajador público, que quizá por cuestiones de unos pocos se ve mermado. Es fácil generalizar. Y en la Administración he visto cosas negativas, pero también trabajadores que son tremendos profesionales y los que han mantenido esta comunidad autónoma.

«Esperemos que la sociedad perciba que mantener 314 concellos es un coste inasumible»

Redondo considera que es necesario avanzar en la supresión de duplicidades dentro de la Administración y en sus entes para reducir gasto público. Sostiene que las fusiones de concellos deben partir de una concienciación ciudadana.

-¿Cree que son suficientemente transparentes las Administraciones?

-Hoy en día, sí. Las respuestas al Consello de Contas son inmediatas. Cada vez se agilizan más. Las entidades locales vuelcan todo. No aprecio excesivas quejas.

-¿Ya no hay organismos o sociedades públicas que escapen al control del fiscalizador?

-En este momento, ninguno. Tenemos un plan de trabajo que fija el Parlamento y se responde cada vez con más celeridad y profesionalidad. Galicia es una referencia entre los organismos de control externo.

-En los últimos años se ha aligerado el censo de esos organismos, lo que revela que había duplicidades y gasto superfluo. Pero Galicia conservará un centenar cuando acabe el proceso. ¿Ve necesarios tantos?

-Se han suprimido muchos. En tiempos de crisis, racionalizar es muy importante. Se ha hecho un esfuerzo y se nota. Todo lo que eliminar cuestiones superfluas siempre es importante.

-Pues tenemos 314 concellos y más de 3.800 cargos electos.

-Ese es un tema de difícil solución. Creo que se debe incidir, más que en la unión de concellos, en generar dinámicas de colaboración que den solución a problemas comunes, como la recogida de basura. Desde un punto de vista economicista, debería haber racionalidad, porque es un modelo muy costoso. Pero la gran batalla es que el ciudadano perciba que mantener concellos por debajo de un límite de población no es sostenible. Estas cuestiones requieren de un pacto para llegar a acuerdos.

-Puede que, por un sentimiento de arraigo, al ciudadano le cueste más percibir que su concello no es necesario. Pero sí entiende que 3.800 cargos electos son muchos.

-Venimos de un modelo de 315 concellos. Se abrió un proceso de fusiones y solo dio como resultado una [la de Oza y Cesuras]. Es cuestión de tiempo. Esperemos que la gente perciba su coste, y que mantener un determinado modelo es inasumible.

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