La ministra García Tejerina promete la legalización de las edificaciones costeras

La titular de Medio Ambiente asegura que solo falta un trámite burocrático y que el decreto ya ofrece garantías


Vigo / La Voz

La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, aseguró ayer que la tramitación de la Ley de Costas «va avanzando» y pidió tranquilidad porque se aprobará. Durante una visita a Moaña, la ministra señaló que aún queda por delante un trámite administrativo «muy complejo», pero dijo que el decreto de la Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral ya ofrece garantías a todos los afectados en la continuidad de sus propiedades.

Pese a las declaraciones de la ministra, la realidad del momento es que tan solo 6 de los 34 núcleos de Galicia que han solicitado en los últimos dos años su regularización obtuvieron una respuesta favorable.

Para la ministra Tejerina, el objetivo del texto es defender a las personas que «de no haberse aprobado esta ley», se verían desalojadas de sus viviendas o de sus actividades económicas «en tan solo tres años», debido a la ley de 1988.

El desarrollo del reglamento de la normativa fue muy complejo «porque tenía que atender a muchas singularidades», dijo la ministra, que aclaró que es cuestión de tiempo su progresiva implementación. La amplitud del texto garantizará que se consideren todas las especificidades.

Sobre el recurso que el Partido Socialista planteó en el año 2013 ante el Tribunal Constitucional, desconoce si hay noticias. «El Gobierno trabaja muy seriamente -comentó Tejerina-, cada una de las leyes están muy bien informadas jurídicamente». Descartó con esas palabras la posibilidad de que el alto tribunal recuse el proyecto de ley que inició en su momento el exministro del PP Arias Cañete.

De 100 a 20 metros

El balance de estos dos últimos años también refleja que solo 45 de 75 ayuntamientos de Galicia solicitaron la reducción de la zona de protección de 100 a 20 metros. Los seis municipios que han recibido la luz verde son Muros, Baiona, Nigrán, Gondomar, O Rosal y Marín. El motivo de que muchos de estos concellos no concurran a este proceso está en la escasez de medios técnicos para elaborar la documentación requerida por la ley.

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