El caso Alvia se cierra sin que declaren los cargos clave del ADIF y de Renfe

La mayoría se negaron a prestar declaración como imputados y el juez, en el auto que liquida la instrucción, rechaza su comparecencia como testigos


Redacción / La Voz

Un cierre en falso. Así describen las víctimas la situación que propicia el auto dictado este miércoles por el juez del caso Alvia, Andrés Lago Louro, con el que pone punto final a la instrucción con el maquinista como único imputado. La causa llega a su término -si finalmente los recursos no prosperan- sin que hayan declarado los principales responsables del ADIF y de Renfe, así como los técnicos sobre los que recae la responsabilidad de la seguridad en la circulación en ambas empresas públicas.

La instrucción del accidente ferroviario de Santiago se ha quedado por tanto huérfana de testimonios clave para conocer cómo se gestionó la seguridad de la línea, el cambio de proyecto, la ausencia del ERTMS y la desconexión del software en el Alvia S-730. En el mismo auto en el que da por terminada la fase de instrucción, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago deniega todas las pruebas que solicitaron las dos asociaciones de víctimas y la defensa del maquinista. Por ejemplo, se rechaza la comparecencias como testigos del actual presidente del ADIF, Gonzalo Ferre Moltó, y del que era presidente de Renfe cuando ocurrió el accidente, el actual secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar. Ambos estuvieron imputados en la primera tanda de inculpaciones, pero la Audiencia de A Coruña levantó los cargos antes de que se presentaran en el juzgado. Su única comparecencia relacionada con el accidente se produjo en la comisión de Fomento del Congreso pocos días después del accidente.

El que era el presidente del ADIF cuando se inauguró la linea, en diciembre del 2011, Antonio González Marín, fue imputado en el segundo turno, llegó a comparecer, pero se negó a declarar. Lo mismo hizo el que era el director de Seguridad cuando se decidieron estos aspectos técnicos en la curva de Angrois, Andrés Cortabitarte. Las acusaciones no pidieron su declaración como testigo al considerarlo el técnico con más opciones para ser imputado en el procedimiento. Pero su testimonio, clave para conocer los entresijos de las decisiones sobre la entrada de la línea de alta velocidad en Santiago, permanece a día de hoy inédito.

El juez también rechazó llamar a declarar como testigo al responsable de Seguridad en la Circulación de Renfe, Antonio Lanchares. Su único testimonio sobre el accidente se recogió en la subcomisión de estudio del sistema ferroviario en el Congreso. «Desgraciadamente, en los accidentes se comprueba que no siempre la normativa es la adecuada», declaró entonces ante los diputados. Su testimonio arrojaría luz sobre la desconexión del ERTMS embarcado.

No son las únicas diligencias que el juez rechaza por considerarlas «inútiles». Pero lo cierto es que el único responsable de alto rango que declaró sobre las medidas de seguridad fue el que era director general de Operaciones e Ingeniería del ADIF, Alfonso Ochoa de Olza Galé. En su comparecencia como testigo le preguntaron si pensaba que las medidas de seguridad eran las adecuados con trenes circulando a 200 por hora. «Decir eso sería una temeridad a la vista del resultado. Pero también se pueden decir muchas otras cosas que no me corresponden». Le preguntan qué cosas son esas. Y responde: «Que es difícil desatender tanto la conducción».

El fiscal prepara su acusación

Mientras los abogados de las asociaciones de víctimas, los que defienden a particulares afectados y la defensa del maquinista preparan los recursos que finalmente resolverá la Audiencia, el fiscal prepara su escrito de acusación, en el que previsiblemente pedirá cuatro años de cárcel para el maquinista, Francisco José Garzón Amo. Tiene diez días de margen y, según distintas fuentes, reclamará cerca de 40 millones de euros por responsabilidad civil. El caso recaerá con toda seguridad en el Juzgado de lo Penal número 2, del que es titular María Elena Fernández Currás. La otra posibilidad sería el juez Luis Aláez, pero al haber instruido la causa debería abstenerse.

Las víctimas estudian elevar una queja ante el Consejo del Poder Judicial

Las víctimas estudian interponer una queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al entender que la actuación del juez Andrés Lago Louro, al cerrar la instrucción del caso Alvia, es «negligente». En declaraciones a Europa Press, la exdiputada del PP por la Asamblea de Madrid Teresa Gómez-Limón, afectada por el siniestro en Angrois y perteneciente a la Plataforma Víctimas del Alvia 04155, apoya la concentración convocada por este colectivo hoy a las 11.00 horas, frente a los juzgados de Santiago, y avanza además que barajan movilizarse frente a la sede del CGPJ en Madrid. Así, carga contra una instrucción cerrada «en falso», como lo hace la plataforma a través de un comunicado en el que reclaman «verdad y justicia».

«Curiosamente, el cierre coincide con el anuncio que hicimos esta semana del estreno en la Semana Internacional de Cine de Valladolid del documental Frankenstein-04155, donde se ponen encima de la mesa datos contundentes que demuestran la cantidad de negligencias y errores que están detrás de la catástrofe», advierte la plataforma.

La exdiputada, que expresó sus discrepancias con la forma de actuar del PP ante este caso, dijo que no confía en la justicia española y augura tener que acudir ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y anticipa la posibilidad de que quien juzgue en su día esta causa sea la hermana de la actual secretaria de Estado de Presupuestos, Fernández Currás. «¡Un familiar directo de un miembro del Gobierno!», exclama.

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