Feijoo suelta lastre de imputados

Ignacio López-Chaves y Marisol Díaz sustituyen como delegados de la Xunta en Vigo y Ourense a María José Bravo Bosch y Rogelio Martínez, investigados por la Justicia, y la Administración estrena estructura interna en seis consellerías


Santiago

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, ha profundizado esta mañana en la crisis de gobierno anunciada el pasado domingo por sorpresa, la quinta y la mayor desde su llegada al poder en abril del 2009. Tras incoporar el lunes a tres nuevos conselleiros a su Gabinete y destituir a una, en esta ocasión ha sido el turno de los ajustes en el segundo nivel del poder autonómico. Entre otras cosas, ha aprovechado la operación para soltar lastre: cesan en sus puestos los delegados de la Administración gallega en Vigo, María José Bravo Bosch, y en Ourense, Rogelio Martínez. Ambos están imputados; él por irregularidades en la gestión de fondos europeos durante su etapa como alcalde de Arnoia y ella en el marco de la operación Patos, junto a otra decena de políticos entre los que figuran el alcalde olívico, Abel Caballero (PSOE), y el expresidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán (PP).

Reunido este miércoles, el Consello de la Xunta ha aprobado formalmente ambos movimientos. Al mismo tiempo, ha dado luz verde a los relevos de ambos. A la primera la sustituirá el hasta ahora presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Ignacio López-Chaves, y al segundo, Marisol Díaz, parlamentaria popular desde junio del 2015, cuando ocupó la vacante generada en el pazo do Hórreo por el alcalde de la ciudad de As Burgas, Jesús Vázquez Abad.

Rogelio Martínez
Rogelio Martínez

En comparecencia ante los medios, de explicar la resolución se ha ocupado este mediodía el propio mandatario popular, quien ha agradecido a los destituidos «o traballo prestado». «Cesan a petición propia», ha intentado defender el líder del PPdeG. No obstante, en una segunda intervención, preguntado sobre si no ha pesado en la decisión la condición procesal de los afectados, ha reconocido: «Todo inflúe e nada en exclusiva é determinante»

Traballo, de dirección a secretaría xeral

En su encuentro, el Consello ha otorgado su plácet igualmente a la nueva estructura interna de seis consellerías, las afectadas por la crisis de gobierno: Política Social, Medio Rural, Mar, Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, Infraestruturas e Vivenda y Economía, Emprego e Industria. Entre las grandes novedades, destaca que las políticas de trabajo, hasta ahora gestionadas desde una dirección xeral, ascienden de rango, a competencia de una secretaría.

Se trata, en expresión de Feijoo, de un esqueleto institucional «coherente cos catro obxectivos que perseguía a remodelación do Goberno: reforzar a política social, reforzar os ámbitos rural e do mar, ligar o emprego á promoción económica e á innovación industrial, e fortalecer o peso da protección do medio ambiente e a ordenación do territorio».

El Gobierno ha comenzado también a cubrir huecos en ese flamante organigrama. Por ejemplo, ha nombrado a Francisco Javier Abad Pardo nuevo secretario xeral de Política Social. En Medio Rural su homóloga será Carmen Bouso; en Mar, María Isabel Concheiro; y en Medio Ambiente, María Jesús Lorenzana.

Lei do Solo y rehabilitación

En su reunión, el Ejecutivo ha abordado asuntos de otra índole. Por ejemplo, la aprobación definitiva, para su remisión al Parlamento, de la futura nueva Lei do Solo, cuya entrada en vigor legalizará cientos de inmuebles fuera de ordenación, aquellos construidos con carácter previo a la puesta en marcha de planes generales ordenación municipal.

También ha salido adelante un convenio con el Ministerio de Fomento y 38 ayuntamientos donde hay 54 áreas de rehabilitación integral. En virtud del mismo, se pondrán a disposición en esos concellos 28,5 millones para tareas de recuperación. Los fondos permitirán, entre otras cuestiones, acometer obras en 1.661 viviendas.

Por último, el Consello ha estudiado un informe previo al comienzo de la campaña anual de vacunación contra la gripe, la cual arrancará el 19 de octubre con un presupuesto público de dos millones de euros. Y ha resuelto los dos expedientes que faltaban para conceder la declaración de bien de interés cultural a la parte aún desprotegida del patrimonio de Abanca y Afundación.

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