El acusado no supo dar una explicación, solo dijo que fue un accidente
03 oct 2015 . Actualizado a las 05:00 h.Alejandro Iglesias Zurita, el gallego-venezolano que hace poco más de seis años roció con gasolina y prendió fuego a Bárbara González Camanica, de 26 años, el día que esta le planteó que quería dar por concluida una tormentosa relación de cinco años de noviazgo y también profesional -la víctima trabajaba como secretaria en la empresa de venta de automóviles del acusado-, acaba de ser condenado en España por la Audiencia Nacional a 23 años de prisión como autor de un delito de asesinato con la agravante de parentesco y a 18 meses más por el de malos tratos habituales, del que no le acusaba la Fiscalía, solo la acusación particular ejercida por letrados del bufete madrileño Boye-Elbal.
El condenado, en concepto de responsabilidad civil, deberá de indemnizar a los padres de la víctima con 300.000 euros y durante 33 años no podrá acercarse a menos de 500 metros del «domicilio, el lugar de trabajo o a cualquier otro frecuentado por los familiares de la víctima ni comunicarse con ellos por cualquier medio de comunicación, informático o telemático contacto escrito, verbal o visual».
El juicio, que se celebró en la segunda semana de septiembre, fue calificado por la defensa del acusado en su informe como «sui generis», ya que la practica totalidad de las pruebas se desarrollaron por el sistema de videoconferencia, porque los peritos y testigos citados por las partes se encontraban todos en Venezuela y varios de los citados no llegaron a comparecer ni por este sistema y las partes que los propusieron acabaron renunciando a ellos.
El acusado no negó su relación con la víctima y admitió que el apartamento donde ocurrieron los hechos lo alquiló Bárbara pero lo pagaba él. Negó la versión que recogen los escritos de acusación en base a testimonios de vecinos y de los médicos y peritos que atendieron a la víctima en un primer momento. También negó que le hubiese pegado ni insultado y que la estrellase contra la pared, pero no supo dar una explicación sobre lo ocurrido, limitándose a sostener que había sido un accidente. Reconoció que había gasolina en el apartamento, pero no explicó quien había rociado con ella el cuerpo desnudo de Bárbara y quien le había prendido fuego, a pesar de que era la única persona que estaba con ella y la trasladó a una clínica.
El brutal crimen del que fue víctima la joven Bárbara en la madrugada del 29 de junio de 2009 pudo haber quedado impune cono el 95 % de los que se cometen a diario en su país, que tiene una de las tasas de criminalidad más altas del mundo.
Alejandro, hijo de una adinerada familia de la que dos de sus miembros -su padre y un hermano- fueron víctimas de secuestros y/o intentos de secuestro, fue detenido en un primer momento por la policía, alertada por el personal sanitario que atendió a Bárbara, pero a su padre le faltó tiempo para reexpedirlo inmediatamente a su Galicia natal. Lo mantuvo a buen recaudo en Outes durante casi dos años, hasta que en un control e carretera rutinario saltó que estaba reclamando por Interpol y fue detenido. No fue extraditado porque Chávez se negó a mandar a cambio al etarra Cubillas y no tardó en recobrar la libertad. Fiscalía y acusación lograron que volviese a la cárcel antes del juicio.