La policía cree que la delegada de la Xunta en Vigo amañó dos cursos

a. martínez VIGO / LA VOZ

GALICIA

XOAN CARLOS GIL

La beneficiaria de 80.000 euros para formación fue la hermana de una edila de Ponteareas, brazo derecho del constructor implicado en la Patos

16 oct 2018 . Actualizado a las 16:58 h.

La policía cree que la Xunta en Vigo adjudicó dos cursos de formación a la empresa de la hermana de la concejala del PP de Ponteareas, Belén Villar, gracias a la influencia que ejerció el jefe de esta y dueño de la constructora Eiriña, Enrique Alonso Pais, sobre la delegada autonómica María José Bravo Bosch. Las escuchas telefónicas permiten a los investigadores de la operación Patos deducir que este contrato de 88.247 euros con el que se benefició a Aulatel Formación también estuvo amañado. La adjudicación se habría fraguado en una cafetería situada en las inmediaciones de la sede de la Xunta en Vigo.

«Le va a dar, le va a dar, además tiene bastantes, que me llame y yo le digo lo que tiene que hacer, ¿vale?», le comunicaba Pais a la concejala de Ponteareas en relación a las gestiones que había hecho para beneficiar a la empresa de su hermana mientras se tomaba un vino con la responsable política, según apunta la policía.

De la investigación se desprende que la propia María José Bravo Bosch habría recomendado a los beneficiarios por medio de Enrique Alonso Pais que cambiaran su oferta y disminuyeran el número de horas de los cursos formativos. «Que corrija, que ponga los cursos de 400 o de 300 horas y que lo presente, que hoy es el último día», transmitía el dueño de Eiriña a la concejala del PP.

Días después, se registra una llamada a la concejala de Ponteareas de su cuñado, administrador de la empresa de formación, interesándose por si el asunto de los cursos ya estaba «agarrado». «Uno seguro, dos vamos a ver», le respondió la concejala. El empresario no quería más. «Yo por ejemplo tres no quiero, no me interesa porque dan más trabajo y no más ganancia», según se recoge en otro de los pinchazos telefónicos. La empresa también habría intentado enchufes en la Autoridad Portuaria de Vigo y en Ponteareas, donde pretendían que el Concello adjudicara un servicio de apoyo a domicilio a una entidad amiga que posteriormente les contrataría la formación.

El Juzgado de Instrucción número 7 de Vigo ha imputado por estos hechos a María Bravo Bosch, su jefe de gabinete, Francisco Javier Carballeda, el jefe del servicio de Formación, Juan Pedrosa, el auxiliar Alfonso Fernández y los titulares de la empresa de formación, Benilde Villar y José Paulo dos Santos.

Citaciones

La magistrada ha empezado a enviar las citaciones a los 46 nuevos imputados para interrogarlos por un supuesto delito de tráfico de influencias. Los primeros investigados tendrán un mes para preparar su defensa y pasarán a declarar a finales de octubre.