Algunas de las defensas de la veintena de procesados que el fiscal vincula con el arousano Vázquez Roma afirman que se infringieron sus derechos
02 oct 2015 . Actualizado a las 05:00 h.La cantinela que se suele escuchar en gran parte de los procesos judiciales por narcotráfico volvió a ser interpretada ayer en la Audiencia de Pontevedra con ocasión del inicio del macrojuicio a la red que el fiscal considera que lideraba el cambadés José Ramiro Vázquez Roma y a la que achaca ser responsable de un alijo de cerca de tres toneladas de cocaína intervenido en octubre del 2007 en la playa de Mourisca (Bueu) y en la zona de Meloso (O Grove). De este modo, algunas de las defensas de la veintena de acusados solicitaron la nulidad de las escuchas telefónicas y, consecuentemente, de las pruebas derivadas de las mismas.
De este modo, sostuvieron que se habrían vulnerado derechos fundamentales y constitucionales de sus clientes, concretamente el relativo al secreto de las comunicaciones. En este punto, añadieron que los autos que acuerden dichas pruebas deben estar lo suficientemente motivados y deben justificarse en base a «datos objetivos que puedan considerarse indicios» del posible hecho delictivo.
Frente a tales argumentos se alzó el fiscal antidroga de Pontevedra, Luis Uriarte, quien defendió que los autos autorizando los pinchazos estaban suficientemente motivados, así como dejó claro la escrupulosidad con la que actuaron los investigadores.
En cualquier caso, la presidenta del tribunal que juzga este caso anunció que resolvería esta cuestión en la propia sentencia, una medida, por otro lado, habitual en este tipo de circunstancias.
Una de las cuestiones que más llamaron la atención fue el hecho de que algunos de los abogados, entre ellos la representante legal de José Ramiro Vázquez Roma, declinaron impugnar esta escuchas, así como renunciaron a presentar cuestiones previas. Tal circunstancia ha dado pie a que pueda existir un acuerdo entre buena parte de los acusados y el fiscal, una circunstancia que, por otro lado, se deberá confirmar una vez se retome la vista oral.
Inicialmente, y a falta de que se confirme o no la existencia de un pacto de conformidad con algunos de los procesados, el ministerio público solicita un total de 315 años de prisión para los diecinueve acusados. Les imputa delitos que van desde el tráfico de drogas o la integración en organización criminal hasta el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. Se trata de cargos que el fiscal considera que deberían llevar aparejados una serie de multa que suman más de 6.200 millones de euros.
En este marco, Vázquez Roma deberá defenderse de la imputación que le sitúa como «jefe y director de todo el entramado delictivo». No en vano, era «quien establecía los contactos con los suministradores de la cocaína y con los destinatarios de la misma», así como «ostentaba la titularidad material, aunque no formal, de una parte del astillero» del que, supuestamente, salieron las planeadoras que «habrían de emplear para llevar a cabo los alijos».
Bautizada como operación Piraña, esta investigación de Vigilancia Aduanera tuvo su colofón el 29 de octubre de hace ahora ocho años.
«Que sigue entrando droga por Galicia é evidente», sostiene Avendaño
A punto de cumplirse el octavo aniversario de la operación Piraña, una de las más infatigables luchadoras contra la lacra del narcotráfico, Carmen Avendaño, lamentó ayer el tiempo transcurrido sin que haya un pronunciamiento judicial. En este sentido, señaló que su presencia en la sala de vistas no tenía otro objeto que mostrar su apoyo a uno de los acusados -evitó dar su identidad-, que «é unha persoa que ten a súa vida organizada, está casado, ten fillos, traballa no mar. Unha persoa, total e absolutamente, normal. O que pasa é que cometeu un delito e imos a ver se puideramos, dalgunha maneira, evitar que se lle truncara a vida que ten formada».
Con respecto al que el fiscal señala como líder de la organización, Avendaño aventuró la posibilidad de que su estrategia de defensa pase por asumir buena parte de la culpa para, «dalgunha maneira, á súa familia quitarlle o marrón de encima. E como sempre, os máis pringados, os que máis paguen a pena».
Echando la vista al pasado, reconoció que lo que juzga la Audiencia de Pontevedra podría considerarse como uno de los restos de aquellas organizaciones delictivas. «Que sigue entrando droga por Galicia é evidente e os recursos cada vez son menos», criticó Avendaño, quien exigió que «siga prestándose unha atención especial á costa galega».