La Fiscalía reclamaba en concepto de responsabilidad civil 4.238 millones de euros de indemnizaciones por los daños derivados de la marea negra
28 sep 2015 . Actualizado a las 05:00 h.Mañana comienza en el Tribunal Supremo la vista de los 17 recursos presentados entre otros por el fiscal, la Xunta o el abogado del Estado contra la sentencia del Prestige que dictó la Audiencia de A Coruña y que absolvió al capitán del petrolero. El fallo de la Audiencia absolvió al capitán, el griego Apostolos Mangouras, de los delitos contra el medio ambiente y únicamente lo consideró autor criminalmente responsable de un delito de desobediencia grave a la autoridad, penado con nueve meses de prisión. Si el Supremo acordara una condena para el capitán podría determinar que la operadora del barco y la aseguradora del Prestige, Universe Maritime y London P&I Club, respectivamente afrontaran la póliza de 1.000 millones de euros que tenían suscrita.
Entre los recursos presentados está el de el Ministerio Fiscal, el abogado del Estado y la Xunta, y desde Francia, el Estado francés, el Consejo General de Bretaña, la comuna francesa Capbreton y el Consejo General de la Vendée. Además, hay otras entidades como la asociación ecologista Arco Iris o Nunca Máis que tampoco están de acuerdo con la sentencia, una resolución que tampoco convence a representantes de trabajadores del mar y empresas como Frigoríficos Ribadeo, Isidro de la Cal, Amegrove y Proinsa. Para la primera de ellas, Arco Iris, la lesión jurídica que produjeron aquellos hechos supuso «la gran catástrofe ecológica de este siglo» en Galicia.
Indemnización
La Fiscalía reclamaba en concepto de responsabilidad civil 4.238 millones de euros de indemnizaciones por los daños derivados de la marea negra que produjo el hundimiento en noviembre del 2002. Los servicios jurídicos del Gobierno gallego también entienden que Mangouras incurrió en un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, en un delito por daños de imprudencia grave, y un grave delito de desobediencia a la Autoridad Marítima. La Xunta reclama 1,3 millones de euros por el coste estimado correspondiente al reciclado y eliminación de 10.000 toneladas de residuos, además de una indemnización por daños medioambientales.