La policía identifica a 26 enchufados por el edil vigués de jardines en Cespa

«Queda claro que Ángel Rivas, como contraprestación a las adjudicaciones, impone las contrataciones de personal», señala el informe de la UDEF a raíz de las escuchas

El concejal de Parques y Jardines, Ángel Rivas, ayer respondiendo a los medios.
El concejal de Parques y Jardines, Ángel Rivas, ayer respondiendo a los medios.

vigo / la voz

El grupo de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional) que investiga los casos de presunta corrupción englobados en el marco de la operación Patos cree que el Concello de Vigo funcionaba como una especie de agencia de colocación a través del concejal Ángel Rivas. Las personas señaladas por este eran contratadas por Cespa, la empresa adjudicataria del servicio de mantenimiento de parques y jardines de la ciudad.

El informe policial señala que la compañía tenía influencia en el Ayuntamiento para conseguir adjudicaciones e ingresar sobrecostes de dudosa legalidad. Al mismo tiempo, el concejal delegado del área de Parques y Jardines tenía poder, presuntamente, para enchufar a quien quisiera en los trabajos que la empresa desempeñaba en el Ayuntamiento, según se desprende de las investigaciones realizadas por el grupo de la UDEF.

Los agentes que han seguido todas las conversaciones telefónicas de los imputados durante más de un año no tienen ninguna duda de que esto era así. «Queda claro que el concejal Ángel Rivas, como contraprestación a las adjudicaciones realizadas en beneficio de Cespa, impone las contrataciones de personal, llegándose al extremo de que todas las contrataciones en Vigo son impuestas por enchufe con Ángel Rivas». Esa es la conclusión a la que llegan los agentes después de registrar algunos de los pinchazos telefónicos llevados a cabo a lo largo del año 2013.

El 28 de mayo de aquel año el directivo de Cespa Juan Ramón Alonso recibe la llamada de una persona que le pregunta por la posibilidad de contratar a alguien cercano ante la inminencia de unas obras que iban a realizar. El responsable de la concesionaria reconoce que no es algo que esté en sus manos, sino en las del responsable político. «La gente que nos están enchufando es del concejal directamente..., del Partido Socialista», le contesta. El interlocutor le pregunta quién era ese concejal, a lo que Alonso respondió: «Ángel Rivas».

En otra conversación, el concejal Rivas, que siempre evitaba hablar de cuestiones comprometidas por teléfono, dialoga con un tal Javier, que a su vez le agradece «el empeño puesto en el tema de Carliños». «Oes, Ángel, chamábate para darche as grazas, xa me dixo Carliños que te empeñaches moito en todo polo rapaz. Isto nunca cho vou pagar na vida, macho», le agradecía, según la transcripción literal.

Registros

De los registros que se llevaron a cabo en el despacho del concejal de Parques y Jardines en febrero del año pasado han aparecido listados de trabajadores de Cespa con nombres subrayados. Los investigadores han examinado minuciosamente esta relación de operarios y su vinculación con la empresa desde el 22 de mayo del 2011, la fecha de las penúltimas elecciones municipales. A muchos empleados se les había renovado el contrato desde aquella fecha. Que hayan sido contratados por primera vez durante este período en el que Ángel Rivas ejercía como concejal de Jardines de la ciudad y que, según la UDEF, presuntamente podría haber influenciado en su contratación, figuran un total de 26 personas.

La lista está compuesta por 18 peones, siete socorristas y un jardinero, que actualmente se encontrarían en activo. La empresa Cespa también tiene encomendada la gestión de las piscinas municipales de Samil, de ahí que también precisara de socorristas dentro de su plantilla.

La colocación de personal es una de las presuntas actividades ilícitas a las que se refiere el fiscal que lleva el caso, Juan Carlos Horro, cuando solicita a la jueza, Carmen García Campos, la imputación de este responsable político. Las relaciones de Ángel Rivas con Cespa están en el punto de mira de la investigación judicial.

Además se observan presuntos comportamientos delictivos en el proyecto de regeneración arbórea de la avenida de Castelao, la ampliación del contrato de mantenimiento de jardines y la concesión de obras menores a terceras empresas por influencia del dueño de Eiriña, Enrique Alonso Pais, o la realización por parte de la adjudicataria de pagos que le corresponderían al Concello de Vigo, como actuaciones musicales, publicidad institucional, colaboraciones o pago de viajes de personal del Concello y la recepción de regalos.

Las contrataciones presuntamente irregulares afectan también a la constructora Eiriña y a otro político del gobierno vigués, David Regades. Gracias a las escuchas se supo que el director de Eiriña se refirió a la necesidad de contratar a una persona recomendada por David Regades con carácter previo a una reunión que iba a mantener con él. En el municipio de Nigrán, tres contratados tendrán que declarar por un plan de empleo donde supuestamente la selección fue irregular. Seis miembros de un tribunal calificador también son investigados.

Cuatro autos

El juzgado de instrucción número 7 de Vigo, que investiga la operación Patos, ha notificado hoy cuatro autos acordando la inhibición a los juzgados decanos de Ourense, Santiago, Pontevedra y Ponteareas. En todos dice que se acuerda deducir testimonio de las actuaciones practicadas hasta el tomo 11, así como de ciertos informes de la UDEF, según informa Enrique Vázquez Pita. 

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