Pago de comisiones y miedo por la «pokemización» en Santiago

El sumario alude, como indicios delictivos, a muchas conversaciones en las que se dice «hay cosas de las que no puedo hablar» y «continuas reuniones con la concejala del Concello de Santiago», en alusión a María Pardo, que era la responsable de Desenvolvemento Urbano Sostible en el gobierno de Ángel Currás

La jueza Pilar de Lara, en una imagen de archivo
La jueza Pilar de Lara, en una imagen de archivo

santiago / la voz

Las sospechas de amaños de concursos públicos desencadenaron los casos Pokémon y Patos en Santiago, con procedimientos idénticos aunque diferentes contratistas. Diez meses después de que la instrucción de la jueza Pilar de Lara abriera una crisis sin precedentes en el Concello compostelano, las conversaciones telefónicas de julio del 2013 entre responsables de Cespa, beneficiaria de cuatro de los cinco contratos investigados en la operación Patos en la capital, alertan para tomar precauciones.

«Con la pokemización que está habiendo en Santiago, mandas un correo diciendo esto, o sea, primero delincuente y segundo tonto...», dice Juan Ramón Alonso, en alusión a una comunicación de un empleado de su empresa, en medio de la controversia suscitada en Cespa por la reclamación de Three?s Stuff S.L., con sede A Coruña, por unos supuestos servicios de mediación para que Cespa fuera la adjudicataria de la urbanización de la Finca do Espiño. Esa comisión sería del 1 % de los 800.000 euros del importe de la obra y Alonso se opone a pagarla porque, dice, esas gestiones no existieron. En una conversación con su jefe, Alfonso Clemente, este le rectifica, alude a una reunión con el alcalde y la concejala y le informa de que «nos han abierto las puertas, esa gestión la ha hecho esta mujer», administradora única de Three?s Stuff, que habría realizado mediaciones en más ocasiones. El informe de la UDEF concluye que el pliego de cláusulas para licitar esta obra «pudo ser elaborado por la propia empresa, poniendo de manifiesto los aspectos que más beneficios le reporten» y entregándoselo al jefe del departamento municipal de parques, José Antonio Mosquera «y que sea este quien luche para conseguir su aprobación».

El sumario alude, como indicios delictivos, a muchas conversaciones en las que se dice «hay cosas de las que no puedo hablar» y «continuas reuniones con la concejala del Concello de Santiago», en alusión a María Pardo, que era la responsable de Desenvolvemento Urbano Sostible en el gobierno de Ángel Currás.

El sumario también apunta al amaño de los procedimientos negociados para la reforma del estanque de la Alameda y para acondicionar las calles García Lorca y Celso Emilio Ferreiro, que involucran al mismo departamento municipal.

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