Luz verde al estriptís patrimonial de los altos cargos autonómicos

M. Cheda SANTIAGO

GALICIA

M. Cheda

El Consello de la Xunta aprueba de manera definitiva la nueva ley de transparencia de Galicia, que prevé multas de hasta 3.000 euros e inhabilitaciones por un máximo de diez años para quienes la incumplan

24 sep 2015 . Actualizado a las 16:56 h.

Todos los miembros del Gobierno gallego, sus jefes de gabinete y de prensa, los máximos responsables de los llamados chiringuitos, los delegados territoriales y los secretarios xerais, directores y asimilados deberán hacer públicos sus bienes al tomar posesión del cargo y al cesar en el mismo, así como revelar «modificacións das circunstancias de feito» que se puedan producir entremedias. Además, so pena de multa de hasta 3.000 euros e inhabilitación por un máximo de diez años, tendrán que divulgar sus actividades en los dos años anteriores a la designación. En los 24 meses posteriores a la dimisión o a la destitución, habrán de pedir permiso a la oficina autonómica de incompatibiliades para dedicarse a aquello en lo que pretendan emplearse. 

Así figura prescrito en el proyecto de nueva ley de transparencia de la Xunta, que el Ejecutivo autónomo, en su reunión ordinaria semanal, ha aprobado definitivamente esta mañana para su remisión al Parlamento, medio año después de haberle dado luz verde inicial. El texto también establece que los altos cargos citados, durante el ejercicio de la función pública, quedarán obligados a abstenerse en procedimientos administrativos que afecten a sus intereses, incluyendo los propios, los de familiares hasta cuarto grado de consanguineidad, los de amigos íntimos, los de enemigos manifiestos, los de empresas que hubiesen dirigido ellos o sus parejas y los de sujetos con los que tengan «cuestión litixiosa pendente». Por último, no podrán poseer directa ni indirectamente participaciones superiores al 10 % en compañías «que teñan concertos ou contratos de calquera natureza co sector público».

En comparecencia de prensa este mediodía, el presidente de la Xunta ha destacado que el texto regula también el derecho de los ciudadanos a acceder a la información y encorseta la labor de los gobiernos en funciones, amén de establecer negro sobre blanco las obligaciones en los procesos de traspasos de poder en San Caetano. «Sitúanos á cabeza das Administracións públicas, [...] vai máis alá da lei en vigor e, en determinados preceptos, tamén máis alá da básica do Estado», ha aseverado Alberto Núñez Feijoo acerca del documento.

La norma, que forma parte del paquete de cinco en pro de la «rexeneración democrática» anunciado por el mandatario popular a finales de enero en el Parlamento, delega en el Valedor de Pobo, con carácter vinculante, la resolución de conflictos sobre el acceso a la información pública, así como la evaluación del grado de transparencia en el seno de la Administración autonómica.

Además, con un horizonte de ejecución hasta diciembre del 2020, el Consello de la Xunta ha concedido su plácet al plan director del Camino de Santiago, que se estructura en 4 ejes de desarrollo, 8 líneas estratégicas, 26 programas de acción y 80 iniciativas. Entre otras cosas, prevé que todos aquellos tramos que ahora discurren por carretera cuenten con sendas peatonales alternativas y que el 100 % de los «cruces perigosos» sean eliminados, para evitar así accidentes como los que desde 1993 han costado la vida a 31 peregrinos.

«O Camiño -ha sentenciado el líder del PPdeG- sen dúbida é un dos maiores símbolos identitarios de Galicia». La implantación de todas las iniciativas previstas para preservarlo y revitalizarlo exigirá un desembolso de 56 millones, frente a los casi 70 que, según datos oficiales, dejan los peregrinos en la comunidad cada 12 meses. «É un dos investimentos máis rentables que se poden facer para protexer a nosa economía», ha apostillado Feijoo.

Igualmente, su Gabinete ha decidido remitir ya al Consello de Contas la cuenta general de la Xunta correspondiente al 2014, que acredita un «novo cumprimento» de los objetivos de déficit, al haber concluido el ejercicio con uno equivalente al 0,98 % del producto interior bruto (PIB). Ha sido aprobada también la licitación de las obras de construcción de la primera fase del nuevo hospital de A Mariña lucense, con un presupuesto de 12,8 millones y un plazo de realización de 31 meses. Por último, con una dotación de 250.000 euros, ha salido adelante la segunda entrega del proyecto de captación de jóvenes talentos Oportunius, estrenado en marzo para el fichaje del físico Diego Martínez Santos.